Eugenio Sugg Gálvez
Lejos de ir mejorando, la pensión de vejez promedio para los jubilados de la región de Antofagasta sufrió una baja de 11% en los últimos 10 años. Así lo muestran los datos de la Superintendencia de Pensiones (SP), de acuerdo a los cuales en agosto de 2009 ésta alcanzaba las UF 7,24, mientras al mismo mes de este año solo llega a UF 6,46.
Efectivamente, el caso de la profesora antofagastina que pidió retirar sus ahorros previsionales para prepagar su crédito hipotecario y la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en torno a pedir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre la materia, volvió a llamar la atención sobre el problema de las pensiones en el país.
Y es que las pensiones que está pagando el sistema de AFPs -por distintas razones- no alcanzan para cubrir las necesidades de la mayoría de sus pensionados.
De acuerdo a los datos de la SP, en agosto de este año la pensión de vejez promedio de los jubilados del sistema en la región alcanzó las UF 6,46, es decir, $181.106.
Pese a lo bajo que puede parecer ese monto, el promedio regional está sobre la media nacional -que en el mismo mes llegó a UF 5,76, es decir, $161.481- y es el segundo más alto del país, después de la Región Metropolitana.
Reforma
Tomando como referencia agosto de cada año, los datos de la SP muestran que la pensión de vejez promedio de la región alcanzó su menor valor en 2016, cuando llegó a UF 5,6 ($156.996).
A partir de ese año comenzó un paulatino repunte hasta el nivel actual que -no obstante- sigue lejos de lo que pagaba el mismo sistema hace una década.
En este escenario, el Parlamento retomará esta semana la discusión del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones.
La iniciativa -que logró avanzar en sus primeros trámites legislativos gracias al apoyo de la Democracia Cristiana- debió resignar varios aspectos considerados en el proyecto original y asegurar que el 4% adicional de cotización con cargo al empleador será administrado por una institución estatal llamada Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS) y no por las AFPs.
Discusión
Respecto de este proyecto, el economista Gonzalo Cid, ligado al Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) y quien fuera jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría de Previsión Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, aseguró que su discusión es "demasiado acotada".
"No cuestiona el fondo del asunto, que es la generación de una cotización obligatoria que es muy bien aprovechada por los grandes conglomerados, pero que no está entregando pensiones. Casi el 80% del total de las pensiones pagadas en el país es con aportes del Estado, mediante transferencias que se le hacen a las AFPs o a través de subsidios estatales debido a lo bajas que resultan las pensiones", comentó.
Desde el gobierno, si bien valoran como positivos los resultados de rentabilidad del sistema -el 70% del fondo corresponde a ese ejercicio-, reconocen que requiere cambios.
El seremi del Trabajo y Previsión Social, Álvaro Le Blanc, comentó que "el sistema necesita ajustarse a parámetros que son totalmente distintos a los que se proyectaron cuando se creó el sistema, particularmente los que dicen relación con el porcentaje de ahorro previsional obligatorio -es decir, el aporte individual de los trabajadores que desde la creación del sistema se ha mantenido en 10%, y la edad de retiro legal, que también se ha mantenido desde inicios del sistema en 60 años para la mujer y en 65 años para los hombres".
Y agregó que el proyecto de ley aborda ambos escenarios, "con un aumento de la cotización obligatoria (4 puntos porcentuales con cargo al empleador); y una serie de medidas orientadas a incentivar el ahorro individual por mas años, a fin de financiar los mayores años de sobrevida que muestran hoy los chilenos, posterior a la edad de retiro legal".
$21.867 mensuales más alcanzaba la pensión promedio de los antofagastinos hace una década.