Para las 10 de la mañana de hoy -en el Tribunal de Garantía de Antofagasta- está fijada la audiencia de solicitud de nuevas medidas cautelares contra los cuatro imputados del caso cementerio, la cual fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El documento de solicitud de la audiencia fue presentado en el juzgado de garantía el viernes de la semana pasada, y está firmado por el procurador fiscal de Antofagasta, Carlos Bonilla Lanas.

En el escrito se pide al juez de garantía que ordene la retención de diversos bienes inmuebles que los cuatro imputados poseen.

En el caso del principal investigado, Misael Cortés, quien fue administrador del Cementerio Municipal y habría sido quien más se benefició con la malversación de fondos cometida en el camposanto, el CDE pidió que se retenga la totalidad de los bienes que Cortés posee en su domicilio de la Región de Coquimbo, además de la prohibición de vender su vehículo marca Kia, año 2012.

En el caso de la funcionaria municipal María Rojas Gutiérrez, se pide la prohibición de celebrar actos o contratos sobre dos vehículos y una propiedad en el centro de Antofagasta.

Respecto a los otros dos imputados, el funcionario Claudio Núñez Cortés y el exencargado de proyectos Richard Swaneck Ramírez, también se solicitó la retención de los bienes de sus domicilios.

La solicitud se basa en que los imputados causaron -según el CDE- un perjuicio económico a la Municipalidad de Antofagasta que asciende a por lo menos $421 millones. Por lo mismo, el CDE pretende demandar civilmente a los imputados para que paguen el daño económico causado.

Entre los antecedentes que presentó el CDE se encuentran los peritajes ordenados por la Fiscalía y la misma declaración de Misael Cortés, en la que éste reconoce haber sustraído alrededor de 160 millones de pesos por el concepto de venta de terrenos y derechos de construcción, los que -según Cortés- repartió con los otros imputados.

Además, el informe del peritaje efectuado a la cuenta bancaria de Misael Cortés confirma que éste realizó una serie de transferencias hacia los otros investigados. En el caso de María Rojas, por ejemplo, según el peritaje ella recibió 36 transferencias bancarias de parte de Cortés, por un total de $34 millones.

Cortés asumió el cargo de administrador del cementerio municipal debido a su cercanía con la alcaldesa Karen Rojo (a quien apoyó en su primera campaña electoral). Renunció en 2017, luego de conocerse el informe de Contraloría y autodenunciarse en la PDI.

4 imputados tiene esta investigación. Dos -hasta julio- aún figuraban como funcionarios del cementerio.

$421 millones es la cifra que actualmente maneja el CDE como la sustraída desde el cementerio.