La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, mantuvo sus declaraciones sobre el Partido Socialista, luego de que días atrás planteara que la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, buscaba ocultar los vínculos de algunos dirigentes del PS con el narcotráfico.

"No me corresponde a mí ni contradecirme, ni nada. Mis preguntas y declaraciones nunca han responsabilizado institucionalmente al PS y menos a todos sus militantes (…) Mis preguntas y declaraciones apuntan a clarificar el eventual vínculo que puedan tener algunos militantes del PS con el narcotráfico en la comuna de San Ramón", enfatizó.

Recalcó que sus dichos se basan "en las propias acusaciones y declaraciones que múltiples dirigentes, parlamentarios, incluso expresidentes del PS, han señalado luego de conocer dos reportajes de televisión".

A su juicio, "la denuncia que han presentado tres senadores de la oposición no tiene ningún fundamento legal, pero a mí lo que me corresponde como ministra, pero sobre todo como ciudadana, es colaborar con esta investigación".

El pleno de la Corte Suprema removió a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, acusados por presuntos hechos de corrupción.

La decisión fue tomada basándose en lo arrojado por la investigación administrativa que siguió la magistrada de la Corte Suprema Rosa María Maggi.

La remoción de Elgueta fue votada de manera unánime y la de Vásquez se aprobó por 11 votos favor y 7 en contra, luego de que durante la tarde de ayer se hicieran los alegatos de las respectivas defensas.

El ministro vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, expresó que esta "es una medida que se toma con dolor" y recalcó que "esta es la última instancia", pero que "siempre está abierta la posibilidad de la reposición".

Cabe recordar que un tercer juez sobre el que recaían acusaciones de corrupción era Marcelo Albornoz, quien se suicidó el mes pasado luego de que la Corte Suprema aprobara iniciar el proceso de remoción en su contra.

Acusaciones

En el caso de Elgueta, la ministra Maggi le atribuyó intervenir en un recurso de protección del médico Luis Arenas -condenado en 2018 a una pena de dos años por suministrar recetas de psicotrópicos a una red de tráfico de estupefacientes-, proporcionándole información de la causa; haberse comunicado con abogados y partes litigantes de siete causas; haber pedido al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, dar un cargo a su excónyuge y a una exalumna; haber exigido la designación de otra alumna en un cargo en un juzgado de Rancagua mediante presiones; y haber requerido y aceptado la suma de $1 millón de un juez que fue sobreseído.

Tábata Recabarren, abogada de Elgueta, dijo que la remoción es "equivalente a la muerte para una persona que se desempeña en el ámbito del servicio público".

A Vásquez se le acusó de nombrar a su hija en un tribunal, aconsejar a un imputado y modificar la sala que vería el sobreseimiento de Sebastián Dávalos en el caso Caval.