La Cámara de Diputados aprobó, con una contundente mayoría, constituir una comisión investigadora para examinar los procesos desarrollados en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para la determinación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2014 y 2019.

La instancia, solicitada por 120 diputados, también espera detectar si se adulteró o tergiversó los resultados de dicha operación y, en su caso, revisar el cometido de los funcionarios y las autoridades involucradas.

Cabe recordar que, hace dos semanas, el director del INE, Guillermo Pattillo, declaró públicamente que, en 2018, se constituyó en la entidad una Unidad de Auditoría Técnica, la que detectó indicios de manipulación en el cálculo de la variación del IPC para los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2018.

El caso también es indagado por la Fiscalía.

120 diputados aprobaron una comisión investigadora para investigar la adulteración del IPC.

La Corte Suprema acogió favorablemente los recursos de protección interpuestos por los episodios de contaminación de agosto y septiembre del año pasado en Quintero y Puchuncaví.

Las acciones fueron presentadas, entre otros actores, por los municipios de Quintero y de Puchuncaví, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez.

El fallo establece que el deterioro ambiental no es desconocido para la autoridad y que ésta, a través del Ministerio del Medio Ambiente, más bien ha esperado que ocurran "nuevos sucesos de intoxicación" para tomar medidas, en vez de prevenir la crisis.

Entre otras acciones, la autoridad deberá hacer estudios para determinar la naturaleza y características de los gases y elementos producidos por las empresas, y éstas deberán "reducir las emisiones de los mismos a las cifras que para cada uno de ellos establecerán las autoridades administrativas". Además, deberá hacer un diagnóstico de las enfermedades generadas.

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"(...) Habiendo arribado estos sentenciadores a la convicción de que las omisiones impugnadas en autos amenazan y conculcan derechos garantizados por la Carta Fundamental, de que son titulares los actores, en tanto afectan su integridad física y psíquica, así como su salud y su vida, a la vez que conculcan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no cabe sino acoger los recursos de protección intentados", sostiene el documento.

Así, la Corte ordenó a los denunciados ejecutar una serie de medidas para abordar las causas y consecuencias de las contaminaciones que afectaron a decenas de personas y llevaron a las autoridades a decretar alerta amarilla.

Las firmas involucradas son Enap, Enel, Copec, Epoxa, GNL Quintero, Oxiquim, Gasmar, Codelco, Cementos Bío Bío, Puerto Ventanas, Aes Gener y Asfaltos Chilenos.