Jonathan Mondaca Escobar
El análisis de más de cinco mil correos electrónicos que darían cuenta de la comunicación entre los imputados, es una de las diligencias pendientes en la que el Ministerio Público fundamentó ayer su solicitud de ampliar nuevamente el plazo de investigación del Caso Main.
Los 90 días concedidos por el magistrado Andrés Santelices representan la tercera prórroga de la causa, cuyas pesquisas comenzó el fiscal Cristian Aguilar de manera formalizada el 15 de junio.
En el Tribunal de Garantía se discutieron ayer tres solicitudes: la ampliación requerida por el persecutor, el sobreseimiento definitivo del administrador municipal, Héctor Gómez y una cautela de garantía presentada por la defensa de la alcaldesa Karen Rojo.
Esta cautela llegó luego del anuncio de la fiscalía de separar de la investigación al director de la consultora Main Comunicación, José Miguel Izquierdo. El periodista quedó en una carpeta paralela del resto de los imputados tras ampliar su declaración, lo que generó la reacción de las otras defensas en la causa.
En la audiencia participaron Oscar del Barrio por el Consejo de Defensa del Estado, Aquiles Cerda por el querellante Eduardo Parraguez. Fidel Castro en representación de Edgardo Vergara (exsecretario ejecutivo de la CMDS), Silvia Triviño en defensa de Rojo y Hugo León, en patrocinio del administrador municipal.
Comunicaciones
El debate se abrió con la prórroga de las pesquisas y el fiscal expuso que la medida es necesaria por existir cuatro diligencias pendientes. La más compleja es el análisis de cinco mil correos electrónicos incautados a los formalizados.
Esta tarea fue realizada por la unidad de Ciber Crimen de la PDI e involucró la captación de 20 mil correos, de los cuales, más de cinco mil aún son materia de análisis.
También están pendientes facturas de Latam, por la compra de pasajes aéreos para el director de Main.
Además, resta el análisis del tráfico de llamadas entre este último y la jefatura de prensa de la alcaldesa, "comunicación que era todos los días excepto los martes, cuando Izquierdo viajaba a Antofagasta", detalló Aguilar.
Los tres defensores coincidieron en que 60 días era un plazo razonable para la ampliación, más aún cuando las diligencias invocadas son las mimas advertidas en las audiencias anteriores.
Sin embargo, debido a lo expuesto por el fiscal, el magistrado concedió los 90 días, por lo que la audiencia de cierre de la investigación quedó fijada para el 23 de julio a las 8.30 horas.
El segundo debate fue una cautela de garantía levantada por la defensa de Rojo, que buscaba dejar sin efecto la decisión de Aguilar de separar en otra causa a Izquierdo.
Los argumentos presentados por la defensa apuntaron a la gravedad de que exista una investigación paralela, a la cual no podrán tener acceso por no ser intervinientes ni menos controvertir los hechos.
"No queremos juicios paralelos ni sentencias contradictorias y esto no es un capricho de la defensa, es para evitar incerteza jurídica. Nadie sabe en qué terminarán causas paralelas en la que se investigan los mismos hechos", explicó Silvia Triviño.
La abogada agregó que la separación no fue conforme a la ley y por lo tanto resulta ilegal, solicitando que los hechos sean investigados bajo una misma causa, petición a la que adhirieron los representantes de Vergara y Gómez.
La cautela de garantía fue rechazada por el juez Santelices, manifestando que no existen indicios de coartar la defensa ni una vulneración de garantías constitucionales del resto de los imputados.
El último punto en discusión en la audiencia fue la solicitud de sobreseimiento para el administrador municipal.
Sobreseimiento
"Héctor Gómez no ha defraudado ni ha consentido defraudar, no era el funcionario que tenía a cargo la contratación (de Main). El CDE no presentó querella por hechos ocurridos en la Corporación Cultural de Antofagasta", expuso el exfiscal Hugo León, quien añadió que si su defendido es imputado, también debería serlo Mauro Robles.
Esto, porque Aguilar cita el relato de este último, exdirector de la Corporación Cultural, quien declaró que se le ordenó crear un contrato para Main Comunicación, asesoría que nunca se materializó, documento que fue revisado por Gómez.
Esto -continuó el fiscal- tenía por objetivo pagar una asesoría personal para la alcaldesa, detallando la eventual participación del administrador municipal en los hechos.
Tras escuchar a las partes, el tribunal rechazó la petición de sobreseimiento por considerar que se investiga el delito de una causa principal.
Lo que pesquisa el Ministerio Público es un supuesto fraude al fisco debido a una asesoría política comunicacional que habría realizado entre 2015 y 2016 la consultora Main, para posicionar a Rojo en la última elección municipal.
Según la fiscalía, esto se logró con un contrato entre Main y la Corporación Municipal de Desarrollo Social, para asesorarla en temas de salud y educación.
Cristian, Aguilar, Fiscal jefe, Antofagasta"
"(Mauro Robles) ha tenido intervenciones, se recibió su declaración y tomaremos una decisión sobre el particular".
Hugo, León, Abogado de Héctor Gómez"
"Héctor Gómez no ha defraudado ni ha consentido defraudar, no era quien tenía a cargo la contratación (de Main)"."
