Tras un acalorado inicio de sesión, finalmente representantes de los funcionarios a honorarios de la Municipalidad de Antofagasta pudieron exponer su situación frente al concejo municipal.

En la oportunidad Pablo Rojas, presidente del Sindicato Comunal de Trabajadores del Servicio Público de Antofagasta, presentó la situación que afecta a 15 funcionarias municipales que no han podido acceder a pagos de licencia médicas por enfermedad, ni tampoco a sus pre o postnatal.

"Habíamos logrado un preacuerdo con directivos de la municipalidad, respecto a que se podían pagar las licencias médicas por lo menos hasta junio de este año, pero algo pasó que después cambió ese criterio", precisa Rojas.

Informe

La decisión municipal que limitó el pago de licencia se funda en el juicio de cuentas que realizó la Contraloría Regional el año 2010 y que obligó a la IMA a restituir recursos por pagos no autorizados a los funcionarios a honorarios de la época. Tras la discusión, el concejo municipal acordó realizar la consulta a la Contraloría Regional a fin de determinar las acciones a seguir para el pago de licencias.

"Es una prerrogativa que tienen ellos y están en su derecho, pero toda la jurisprudencia de Contraloría indica que no hay ningún problema que se pague. Lo problemático de esto es que son más de 20 personas que han tenido licencia por enfermedades o por pre o post natal y que no les han pagado. Porque, en el fondo, no se pueden enfermar", afirma Rojas.

El concejal Luis Aguilera fue uno de los que concordó con la medida de recurrir a la Contraloría para despejar las dudas respecto al cuestionado pago.

"Me parece atingente para ambos lados y de manera muy respetuosa hacer la consulta a la Contraloría para poder proceder con tranquilidad en el futuro, tanto para los honorarios, como para la misma administración municipal", señaló el edil.

Alejandro Ahumada Rojo

El consorcio Santa Marta -concesionario del relleno Chaqueta Blanca- recurrió a tribunales para dejar sin efecto multas cursadas por la Municipalidad de Antofagasta y que superan los $680 millones.

"Todos los temas que no se han podido resolver, como el caso especifico de estas multas en el que no estamos de acuerdo, nosotros tenemos el derecho a apelar", indicó el gerente general de Consorcio Santa Marta, Rodolfo Bernstein.

Y es que en enero de este año, el Consorcio Santa Marta interpuso una demanda por incumplimiento de contrato ante el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, solicitando dejar sin efecto la aplicación de una multa cursada por la IMA por $565.190.286 por supuestos atrasos en el término de la obra.

Dos meses después amplió la misma demanda para, esta vez, solicitar anular otra multa por $116.579.916 por haber hecho uso de instalaciones administrativas sin autorización del municipio.

Multas mal cursadas

"Desde nuestra perspectiva ambas multas fueron mal cursadas", señala Alejandra Boné, abogada del consorcio y quien patrocinó la demanda.

"Las consideramos improcedentes. Hay una infracción abierta a las bases de licitación porque se estima que hay un retraso en la entrega de la obra, sin embargo, no se hacen descuentos de algo que la propia licitación llama los 'tiempos muertos', que son los periodos de tramitación sectoriales que son necesarios para obtener los distintos permisos de funcionamiento por parte del relleno", afirma.

En el caso de la primera acción legal, el recurso interpuesto por el consorcio subraya que la municipalidad aplicó incorrectamente la multa por cuanto vincula el retraso de obras con la existencia de partidas pendientes y de obras complementarias que no permitían la recepción definitiva del relleno sanitario.

En su presentación ante el tribunal, la empresa afirma que no existen partidas pendientes que impidan dar inicio a la marcha blanca del proyecto y que las excepciones a la ejecución de la obra (como el cierre perimetral, la piscina de lixiviación y los canales definitivos) no impiden la puesta en operación del proyecto.

Y los cuestionamientos a las multas aplicadas no culminan ahí.

Respecto a la segunda infracción relacionada con la utilización de dependencias sin autorización de la municipalidad, la empresa enfatiza que "no existió instrucción específica de la inspección técnica de obras, ni tampoco se elaboró un informe previo del director de obras" lo que -según Santa Marta- infringiría las propias bases de licitación.

"Evidentemente todo esto ha traído un perjuicio económico para nosotros. No sólo por la aplicación de las multas, sino por las negativas de otorgar la recepción definitiva de la obra y la patente que nos impide finalmente empezar a funcionar", señala Boné.

Más demandas

La situación judicial entre la municipalidad y el consorcio responsable de la construcción y operación del relleno Chaqueta Blanca se complejiza aún más por una nueva multa que cursó la municipalidad y que bordearía los $1.000 millones.

En razón de ello, los ejecutivos del consorcio estudian las acciones legales a seguir.

"Acaba de aparecer otra multa mal cursada la semana pasada por $1.000 millones. Ahora nos encontramos estudiando las acciones legales de cómo proceder en los próximos días. Aunque los caminos que hemos visto podrían ser dos: una demanda por indemnización de perjuicios o bien una demanda por falta del servicio en contra de la municipalidad", sostiene la abogada.

La última sanción aplicada correspondería a las acciones derivadas del informe final de fiscalización N°242 del 2018, sustanciado por la Contraloría Regional de Antofagasta y que determinó cursar multas por $31.663.321 por ausencia de un profesional de obra en la fase de construcción del relleno sanitario y por $946.733.291 debido al incumplimiento de la empresa a las instrucciones de la inspectora técnica de obras.

"Todo esto ha traído un perjuicio económico para nosotros No sólo por la aplicación de las multas, sino por las negativas de otorgar la recepción definitiva de la obra".

Alejandra Boné,, abogada de Consorcio, Santa Marta"