El caso por el que es indagado el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba es un escándalo por donde se le mire y sorprende cómo estos ilícitos fueron desarrollados por tanto tiempo.
El militar, hoy detenido en el Batallón de Telecomunicaciones, fue procesado como autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos.
Informaciones periodísticas sostienen que el 5 de noviembre de 2014, el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, abrió de oficio una investigación secreta en su contra. No había ninguna denuncia formal, sino una serie de acusaciones anónimas que cuestionaban una cantidad de propiedades, autos de lujo y nivel de vida de Fuente-Alba, lo que no se condecía con su sueldo.
Posteriormente, un informe de la Unidad de Análisis Financiera (UAF) confirmó, en abril de 2015, que entre 2004 y 2015 Fuente-Alba realizó 19 compraventas de once bienes raíces, seis de esas transacciones fueron con sus hijos Adolfo y Fernando. Dos de las casas adquiridas por Fuente-Alba, según los analistas de la UAF, "fueron pagadas al contado", por un total de $ 218 millones. Asimismo, una propiedad adquirida en 2013 por $ 125 millones no registraba hipotecas, por lo que habría sido pagada en efectivo.
Algo similar ocurre con su esposa, Anita Pinochet Ribbeck (quien no tiene actividad comercial alguna), quien entre los años 2013 y 2015 adquirió "dos bienes raíces por un total de $274 millones, pagado, por lo menos uno de ellos, al contado y con dinero en efectivo", se lee en el informe.
¿Es un caso individual o hay un problema mayor en el Ejército? Difícil saberlo si quien cometió el aparente ilícito era la cabeza de la más antigua de las ramas de las FF.AA. El delito es personal, pero el fallo del sistema es claro ante la evidencia contundente y pública, no ahora, desde hace años.
Resulta inquietante saber que una persona (por más que sea la principal autoridad) operara con tal nivel de libertad en la comisión de ilícitos, lo que nuevamente desarrolla la idea de una feble fortaleza ética, que nos hace cuestionar qué capacidad de autogobernarse tienen las personas y cuánto control tienen las organizaciones sobre los suyos.