Este lunes el tribunal de Pozo Almonte decretó arraigo nacional y una multa de 125 UTM (6 millones y medio de pesos) para los turistas que a fines del 2018 dañaron El Gigante de Tarapacá (el geoglifo más grande e importante del sector que data del año 500 A.C) al acercarse con su vehículo a dicho bien patrimonial que terminó con daños irreversibles.

Frente a tal cuestionada decisión por parte del tribunal, habitantes, cuidadores y arqueólogos han señalado la necesidad de establecer algunas medidas preventivas más que reactivas, pues estos bienes patrimoniales han sido dañados por vehículos motorizados durante años.

Chug-chug

En nuestra región, el sitio de geoglifos más importante es el Parque Arqueológico Chug-Chug, pues allí se encuentran 560 figuras (con formas humanas y animales) que fueron registradas al menos hasta el 2017 por un grupo de arqueólogos que estudió el lugar y que datan del año 900 al 1.450 D.C.

Este, al igual que otros ubicados en la Región de Tarapacá se encuentran expuestos a daños constantes, no solo por la actividad turística informal y la realización de rallys como el Dakar, sino también por la actividad minera de la zona, debido a que estos parques arqueológicos no cuentan con protección establecida. No están cercados ni reciben cuidados constantes.

En cuanto a ello, el director de Museos y Patrimonios de la Corporación de Cultura y Turismo de El Loa, Osvaldo Rojas, expresó que "más que una multa y sanciones que duran un tiempo, es necesario que las autoridades tomen medidas preventivas con urgencia, porque estos son bienes nacionales que están siendo dañados fuertemente por turistas curiosos o por actividades que no consideran la importancia que tienen estas figuras para los habitantes de la zona y para las culturas indígenas. De qué sirve aplicar multas cuando el daño ya está hecho y es irreversible...", dijo.

Por su parte, el coordinador de Chug-Chug, Esteban Araya Toroco, explica que su única preocupación es "el resguardo del patrimonio arqueológico", porque según explica, hay actividades que ya cuentan con la autorización y permisos legales para pasar por el lugar, como lo es la actividad minera (desaladora).

En el caso del Gigante de Atacama, cada uno de los responsables debe pagar una multa de $6 millones ; sin embargo la reparación del daño cuesta aproximadamente 25 millones.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, anunció ayer un paro escalonado en la administración pública como otra medida de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro al que considera ilegítimo y dictatorial.

"Vamos hacia un paro escalonado en la administración pública definitivamente, propuesto por los sindicatos", dijo en una rueda de prensa el líder opositor tras reunirse con representantes de varios gremios en Caracas.

"Producto de esta reunión, vamos a construir las capacidades para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más ni ser obligados a nada", prosiguió.

Guaidó anunció que desde hoy el Parlamento, de mayoría opositora, comenzará a sostener reuniones con las más grandes centrales de trabajadores, que agrupan más de 600 sindicatos, para coordinar acciones que se irán comunicando progresivamente.

"Sabemos que van a empezar las amenazas, la persecución", dijo tras criticar que el país tenga hoy "indicadores de guerra" como una contracción del Producto Interno Bruto de más del 50 % y una inflación que superó los 2.000.000 % el año pasado.

El líder del antichavismo se reunió esta jornada con sindicalistas de la Cancillería, la estatal eléctrica Corpoelec, compañías telefónicas y petroleras; instancias todas bajo el control del chavismo gobernante.

"La presión apenas comienza, la movida social ahora es que va a la calle", señaló sin dejar de recordar que la "lucha" de los trabajadores es anterior a la tensión política pues solo el año pasado los gremios encabezaron el conflicto laboral más extendido en la historia del país que significó decenas de protestas.

Maduro ganó con holgura la reelección en mayo pasado, en unos comicios tachados de fraudulentos entre otras razones por la imposibilidad de competir que tuvieron sus principales contendientes.

Por ello, Guaidó juró asumir como mandatario interino y encabezar varias acciones para cesar la usurpación que considera hace Maduro de la Presidencia y en ese afán cuenta con el respaldo de medio centenar de naciones.

En tanto, Juan Guaidó dijo ayer que evalúa la posibilidad de hacer una gira por Europa para sumar apoyos contra la "dictadura" de Nicolás Maduro.

"Estamos evaluando los tiempos, estamos evaluando que esté en el marco de todo el proceso de cara a la transición, de cara a una elección en Venezuela, de cara a atender la emergencia humanitaria y estoy seguro que nos van a recibir también muy pronto en Europa", dijo en rueda de prensa.

Cabe recordar que el líder del antichavismo realizó entre el 22 de febrero y el lunes un viaje por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador; en la que fue recibido con honores de jefe de Estado por gobiernos que le reconocen como autoridad legítima de Venezuela.

Guaidó arribó el lunes a Caracas por el aeropuerto internacional Simón Bolívar (Maiquetía) y fue recibido por una multitud que temía que lo encarcelaran pues burló una prohibición de salida del país que le dictó la Justicia, que solo reconoce a Maduro como Mandatario, por estar en curso una investigación por su proclama como presidente.

El líder de la Cámara también fue recibido por una docena de diplomáticos acreditados en el país, entre ellos varios europeos como el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, o el de Francia, Romain Nadal.

Guaidó dijo este martes en la rueda de prensa que el lunes sostuvo una reunión privada "con el cuerpo diplomático" aunque no quiso ofrecer mayores detalles al respecto.

La mayoría de países de la Unión Europea reconoce a Guaidó como presidente interino y ha pedido a Maduro que permita la celebración de unas elecciones libres.