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Episcopado: caso de violación en la Catedral es "terrible"

IGLESIA CATÓLICA. Su secretario general dijo que al padre Tito Rivera, denunciado por violar a un hombre en el templo, se le siguió un proceso canónico en 2016.
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El secretario de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, calificó de "impresentable, terrible e inaceptable" una presunta violación que habría ocurrido en la Catedral de Santiago. Se trata del caso del denunciante Daniel Rojas Álvarez, quien apunta que fue abusado sexualmente por el sacerdote Tito Rivera en dependencias del templo ubicado en el centro de la capital.

Ramos, quien también es obispo auxiliar de Santiago, insistió en que no conoce muchos detalles del caso y que es el Arzobispado el que tiene que pronunciarse, sin embargo, confirmó que fue él el encargado de ordenar la apertura del proceso canónico en contra del sacerdote Rivera, en 2016.

"Yo tuve muy poco contacto con él, porque él trabajaba aquí en el centro y yo tenía más bien trabajo en el Seminario. El caso es impresentable, terrible, inaceptable. La pregunta que tenemos que hacer es cómo un sacerdote llegó a eso", manifestó Ramos.

"A mí me tocó intervenir básicamente al inicio, por la investigación previa. Sé que hubo un proceso penal administrativo después, una intervención de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la que no conozco bien los detalles y el fallo fue el año pasado", relató.

Ramos confirmó que fue citado a declarar como testigo por la Fiscalía Regional de O'Higgins, según él, particulamente por el caso del sacerdote Óscar Muñoz, aunque se le podría hacer preguntas de otro caso.

También se refirió al caso el deán de la Catedral, Juan de la Cruz Suárez, quien se defendió de las acusaciones que dicen que sabía que estos hechos ocurrían y que era quien le entregaba las llaves de la habitación a Rivera. "Él me dice 'padre, ¿usted cree que en las tardes yo podría descansar un par de horas para retomar mis actividades?' Eso ha pasado más de alguna vez con sacerdotes ancianos que deben hacer un turno y esas piezas son para eso. Estamos hablando de gente honesta, de gente confiable, así que uno no supone nada", relató De la Cruz.

El deán contó: "En un primer intento, (el denunciante) conversó conmigo y, por su actitud nerviosa, dije yo: 'aquí puede ser cierto o mentira', pues uno entra en sospecha".

"Me lo dijo a los pocos días, caminando yo por la Catedral, subiendo al altar, me lo vuelve a gritar: 'aquí, padre, arriba pasaron tal...'. Entonces ahí hablé con el cardenal y le dije 'monseñor esto es delicado".

Investigación

Sobre la investigación que la Iglesia Católica hizo del caso, el Arzobispado reveló las sanciones que se impusieron a Rivera tras condenarlo canónicamente: el sacerdote fue sentenciado a "10 años de suspensión del ministerio público, pudiendo celebrar la Eucaristía sólo privadamente y con la compañía de una persona mayor de 50 años". Además, se le prohibió "reunirse y mantener contacto con jóvenes" y se le fijó residencia de común acuerdo con el Arzobispo.

El Arzobispado informó que iniciará "una revisión exhaustiva para esclarecer todos los antecedentes que han sido conocidos públicamente", pero aclaró que la demanda judicial no ha sido notificada a la Iglesia.

El relato de un abuso sexual

Según relató la supuesta víctima a "Informe Especial", en 2015 pidió ayuda en la Catedral para comprar un fármaco para su hija, afectada por una enfermedad urinaria. El padre Rivera le dijo que lo ayudaría y lo llevó a una pieza de la Catedral. Rojas, sentado en la cama de la habitación, bebió un vaso de agua que le ofreció el cura, quien luego entró al baño. Rojas se sintió "sin fuerzas", el religioso volvió y, tras bajarse los pantalones y hacer lo mismo con su supuesta víctima, le practicó sexo oral y lo violó.

años de suspensión del ministerio público impuso la Iglesia al padre Rivera tras conocer su conducta. 10

Medidores: diputados PS y PC anuncian proyecto para que firmas paguen

COSTO. Los legisladores dijeron que la iniciativa original apuntaba a eso.
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Diputados de los partidos Socialista y Comunista reconocieron un "error" en la tramitación de la ley que ahora obligará a los usuarios a cambiar sus medidores de electricidad para pasar a uno "inteligente" y asumir el costo de este cambio.

Según explicó Daniel Núñez (PC), la iniciativa original fue presentada por él y su par Sergio Gahona (UDI) tras el terremoto de Coquimbo, ocurrido en 2015. El fin era que quienes perdieron sus hogares en esa emergencia no tuvieran que hacerse cargo de la reposición de los empalmes y medidores, sino que fueran las empresas eléctricas las que asumieran el costo, idea que era aplicable también para futuras catástrofes.

"Ese fue el proyecto que presentamos y el que se votó en la Cámara de Diputados en primer trámite y el que conocimos en detalle. Posteriormente, en el Senado, hubo una tramitación distinta y de eso tienen que hacerse cargo quienes hicieron esas indicaciones", comentó Nuñez.

"Por supuesto que tenemos una cuota de responsabilidad y me hago cargo, no conocimos en detalle todo lo que tramitó el Senado. Era un proyecto muy sencillo, de un artículo, había una buena fe explícita, pero cometimos un error y eso tenemos que asumirlo", dijo Núñez.