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Alcaldesa contestó reclamación en el TER y ahora viene la etapa de pruebas

MUNICIPIO. Concejales aseguran que incurrió en abandono de deberes y faltas a la probidad.
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Constanza Caldera Pfeiffer

La alcaldesa Karen Rojo respondió a la reclamación presentada por un grupo de concejales el 17 de enero pasado en el Tribunal Electoral Regional (TER), en la cual la acusan de "notable abandono de deberes y contravención grave a las normas sobre probidad administrativa".

La contestación la realizó el 12 de febrero el abogado Fidel Castro Allendes, quien también es parte de la defensa de la edil en el llamado "Caso Main", donde está formalizada por fraude al Fisco.

La alcaldesa fue notificada la acción de los concejales en el municipio el 31 de enero. En la contestación, su defensa expuso que la autoridad no se encontraba en Antofagasta cuando se efectúo esta diligencia, y recién estuvo en conocimiento el 4 de febrero.

El paso siguiente es el término probatorio. En éste, el tribunal determinará los puntos de prueba que deberán presentar las partes. La fecha de este trámite podría conocerse en los próximos días.

En la reclamación los concejales Luis Aguilera, Doris Navarro, Camilo Kong y Jonathan Velásquez acusan a la alcaldesa de graves faltas a la probidad durante su administración, lo que habría generado detrimento al patrimonio comunal.

Así, dentro de 17 puntos, se detallan casos como el de Main Comunicaciones y el millonario pago que el municipio debió realizar a la empresa de mantención de áreas verdes Global Service ($3.883 millones) tras perder un juicio.

También se mencionan las observaciones que obligaron al municipio a reintegrar fondos del programa de seguridad pública Barrio en Paz, el fraude que investiga la Fiscalía en el Cementerio Municipal, y la investigación por el servicio de mantenimiento de sillones dentales adjudicado por la Cmds al cuñado de Rojo en 2013, entre otros casos.

Además detallan algunos tratos directos suscritos por el municipio y también contratos que no fueron visados por la Dirección de Control.

El concejal Luis Aguilera (RN) se mostró conforme con la contestación realizada por la defensa de Rojo, pues según señaló, previamente habían alegado una nulidad de la notificación. Pero al final dieron una respuesta dentro de los 10 días hábiles que estipula la ley.

"Lo que tenemos que hacer ahora cada una de las partes es aportar todos los medios de prueba para poder acreditar lo que se expuso. Y después de esto, se realizarán los alegatos respectivos", explicó.

Sobre los argumentos expuestos en la reclamación, Aguilera indicó que le gustaría saber por ejemplo "cómo la alcaldesa justifica que el área de Control le haya dicho que no se pueden destinar recursos del Fisco a actividades privadas como la Copa América. Y aún teniendo estos decretos inyecta recursos a esto".

Defensa

El abogado Fidel Castro Allendes señaló que las imputaciones que se realizan en ningún caso pueden ser consideradas como notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativa.

"Los hechos expuestos en el requerimiento están presentados de una manera absolutamente descontextualizada, y en algunos casos (son) falsos", declaró.

Castro mencionó la imputación que se realiza por el caso del cuñado de la alcaldesa por el contrato de mantención de los sillones dentales.

"La Contraloría en su informe dice expresamente que Karen Rojo nunca tuvo ningún tipo de intervención en la contratación de él", indicó.

Sobre los contratos por tratos directos que son cuestionados en la reclamación, Castro señaló que la mayoría de ellos fueron consecuencia de la postulación a la Copa América.

"Y la postulación a la Copa América no la hizo Karen Rojo, sino que Jaime Araya (cuando fue alcalde temporal en 2012). Y cuando se hace esa postulación, la misma organización de los eventos hace una serie de exigencias que si se someten al sistema de licitación pública no se hubieran podido cumplir", agregó el abogado.

Según expresaron los ediles que presentaron la reclamación, ésta fue preparada durante un año. Y todos los ediles fueron invitados a sumarse.

En esta reclamación uno de los ministros del tribunal, el abogado Carlos Claussen, se inhabilitó debido a que representó a la empresa Global Service, la cual demandó al municipio por facturas impagas.

Acusación

El Tribunal Calificador de Elecciones ha establecido que un alcalde incurre en "notable abandono de deberes" cuando se aparta de las obligaciones, principios y normas que reglan los deberes de su función pública señalados en la Constitución y las leyes, especialmente en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, de un modo grave o reiterado, entrabando o entorpeciendo el adecuado y regular funcionamiento de servicio que debe prestar la Municipalidad tendiente a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local". Este requerimiento ha sido solicitado por concejales de otras comunas del país, como es el caso de Rengo el año 2018 y en Valparaíso el 2014.

Ediles entregan antecedentes a la fiscalía

TRÁMITE. Informe de Contraloría advierte irregularidades y posible trato "preferente" en contratos de obras.
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Los concejales de Antofagasta Luis Aguilera (RN) y Doris Navarro (Indep.) presentaron entregaron al Ministerio Público que antecedentes de Contraloría que darían cuenta de una serie de irregularidades en la Municipalidad de Antofagasta por un posible trato "preferente" en contratos de obras.

En el texto, presentado también al Consejo de Defensa del Estado, se advierte, entre otras observaciones, partidas pagadas pero no ejecutadas, multas por incumplimientos no cursados y deterioro en obras recién construidas

Todo lo anterior es parte de una auditoria que el organismo fiscalizador realizó a los contratos de obras ejecutadas presupuestariamente por la Municipalidad de Antofagasta, durante el primer semestre del año anterior.

"Se constató desembolsos de partidas pagados pero no ejecutados en cuatro contratos, cuyos montos ascienden a $1.279.945; $15.394.945; $1.130.500 y $2.159.850. Se comprobó que la entidad edilicia no cobró multas ascendentes a $21.393.421, por incumplimiento de contratista a instrucciones partidas por la ITO respectiva y multas de sumas de $45.025.688; $55.793.864 y $4.790.296, debido al atraso en la entrega en obras de los plazos contractuales de proyectos", dice el texto.

Los concejales acusan que existen casos en que el municipio no aportó documentación o registros en el libro de obra que acrediten la fecha de término de los trabajos y solicitud de recepción de ellos, como también otras obras en donde no se logra acreditar el aumento de los plazos.

"Y los más grave de todo respecto a la licitación "mejoramiento y ampliación sede social Juan Papic".

La Contraloría considera que existió un trato preferente y transgresión grave al principio de probidad, por cuando aplicaría haber sido beneficiado ilegítimamente un tercero", indicaron los ediles tras la diligencia.