Jonathan Mondaca Escobar
Las denuncias y las cifras por el millonario fraude detectado en el Cementerio General de Antofagasta, aumentaron desde que en julio del año pasado, el Ministerio Público iniciara una investigación formal contra cuatro imputados.
Este escenario llevó a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera ampliar la querella por malversación de caudales públicos. El abogado procurador del CDE, Carlos Bonilla, explicó que hasta el momento la cantidad defraudada es de $320 millones.
Sin embargo, sostuvo que existe "la posibilidad de que este monto siga aumentando, por eso vamos a ampliar la querella presentada, ya que era por una cantidad menor".
El abogado apuntó a que desde que el fiscal Cristian Aguilar formalizó las pesquisas, han recibido nuevas denuncias sobre documentación que no figura en los registros contables del cementerio.
Contraloría
Cuando el CDE presentó la querella por fraude, la cifra era de $269 millones, información que se desprendía de la indagaciones de Contraloría que detectaron el delito en 2017.
Pero en la audiencia de julio pasado, la suma expuesta fue de $317 millones.
"A medida que se han desarrollado nuevas revisiones, siguen apareciendo pagos que no están en la caja municipal", manifestó Bonilla.
Además, adelantó que en febrero cuando soliciten en el Tribunal de Garantía la ampliación de la querella, pedirán más diligencias para establecer de manera precisa cuánto es el dinero sustraído desde el camposanto.
El concejal Luis Aguilera fue quien realizó la primera denuncia en Contraloría, debido a que trabajos en el cementerio fueron cancelados con un cheque extendido a la cuenta personal del exadministrador del recinto.
El edil manifestó que tras la primera auditoría, el organismo fiscalizador encomendó que la Dirección de Control del municipio, revisara periodos anteriores a la indagación efectuada entre 2015-2017.
Control pesquisó los años 2011 y 2013, detectando nuevas irregularidades, con flujos de caja que no registraban ingresos, aunque en la práctica se habían concretado ventas.
"Paralelamente acredité que la exencargada de Transparencia del municipio -quien fue desvinculada en diciembre de 2018- compró un terreno y lo cedió a uno de los formalizados. Ahí se construyeron diez nichos en los que hay tres personas sepultadas que no guardan relación familiar con la funcionaria que compró el terreno", aseguró Aguilera.
El concejal dijo que luego que el fraude se destapara, comenzaron a recibir consultas de quienes realizaron compras en el camposanto y tenían sospechas del proceso.
"Hay un caso en que el mismo terreno fue vendido tres veces. Como municipio tenemos que propiciar el servicio, la gente no tiene la culpa de lo que sucedió", advirtió.
Esta sería una nueva línea investigativa de la Contraloría, organismo que continúa indagando el camposanto.
En la formalización, el fiscal Aguilar explicó que había un método que permitió defraudar recursos públicos durante dos años.
Éste consistía en que cuando se concretaba una venta de terreno o de derechos de construcción en el cementerio, el exadministrador Misael Cortés, entregaba un comprobante de recaudación de años anteriores.
Estos documentos deben ser destruidos al final de cada año, pero en este caso, eran guardados y utilizados para el delito, según el fiscal.
Los formalizados en la causa son Misael Cortés, quien en entrevista con este Medio reconoció el delito y dijo estar dispuesto a repararlo.
También figuran C.J.N.C., M.A.R.G. y R.P.S.R., todos funcionarios del camposanto al momento de los hechos y de los que se prohibió publicar sus nombres.
Aguilar expuso que en ocasiones, Cortés actuaba solo y en otras, previamente concertado con los imputados.
Ampliación y peritajes
El 10 de diciembre de 2018, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, formalizó al cuarto imputado en el caso. Se trata de R.P.S.R, quien no concurrió al procedimiento realizado en julio del año pasado por problemas de salud. En la misma audiencia, el persecutor solicitó una ampliación de 90 días en las pesquisas, plazo que fue concedido al existir de manera formal un cuarto imputado. En enero de este año, Aguilar solicitó un peritaje bancario para obtener datos de los involucrados y determinar si existieron transferencias entre ellos y el exadministrador del camposanto.