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EE.UU. envía más militares y se acerca a una emergencia

CRISIS. Medida se da mientras el cierre del Gobierno llega a récord de días.
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Fuentes oficiales, según informó la agencia AP, dijeron que el Pentágono está ultimando planes para enviar cientos de soldados más a la frontera con México por varios meses, a fin de ayudar al personal del Departamento de Seguridad Nacional e instalar alambres a lo largo de 257 kilómetros en Arizona y California.

Lo más probable es que se prorrogue la misión militar hasta fines de septiembre, dijeron las fuentes, que pidieron permanecer anónimas. Sin embargo, la instalación de la cerca de alambre no durará tanto tiempo, así que los militares acabarán su misión mucho antes de septiembre.

Drogas y DELINCUENCIA

El jueves, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó McAllen, Texas, y el río Grande para enfatizar lo que considera una crisis de drogas y delincuencia.

"Si por algún motivo no logramos esto, declararé una emergencia nacional", dijo en referencia a un acuerdo con los demócratas de la Cámara de Representantes que se han negado a aprobar los 5.700 millones de dólares que exige para construir el muro.

Pese a las aseveraciones de Trump, no hay evidencia de una ola de delitos cometidos por inmigrantes. Varias investigaciones de sociólogos e incluso del centro académico Cato Institute han determinado que los que están ilegalmente en Estados Unidos cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes legales, aún menos.

El Mandatario ha consultado con abogados de la Casa Blanca y aliados sobre cómo utilizar los poderes presidenciales en caso de emergencia, para tomar una medida unilateral y así construir el muro a pesar de las objeciones del Congreso.

Venezuela: Congreso define su plan y Gobierno critica a OEA

CONFLICTO. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo estar dispuesto a asumir la Presidencia y anunció el inicio de protestas callejeras.
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Con el apoyo de la mayoría de los países de la región y la Unión Europea, la Asamblea Nacional de Venezuela se prepara para definir el plan de acción que seguirá contra el Presidente Nicolás Maduro en el inicio de su segundo sexenio.

El Congreso, controlado por la oposición, convocó a un "cabildo abierto" frente a las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el este de Caracas, para definir junto a la población las acciones para hacer frente a lo que han considerado la "usurpación" del cargo por parte de Maduro.

Ante un millar de personas que se congregaron, el recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, expresó que está dispuesto a asumir la Presidencia de la República "porque lo dice nuestra Constitución", pero que "debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional (lo) que nos lleve a asumir claramente el mandato, (...) que vamos a ejercer".

Guaidó convocó a participar "a todo el pueblo" el 23 de enero -fecha en que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez-, en "una gran movilización" por todo rincón de Venezuela.

Dijo que no será la única protesta callejera, pues prevén acompañar las manifestaciones que desde hace varios meses encabezan empleados públicos de casi todos los gremios para denunciar el deterioro de sus vidas por la severa crisis económica venezolana.

Juramento y resolución

El jueves, el gobernante juró como Presidente para su segundo sexenio ante el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo.

Mientras lo hacía, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución desconociendo la legitimidad de la segunda presidencia del líder izquierdista y Paraguay resolvió romper relaciones diplomáticas.

El canciller Jorge Arreaza consideró la resolución de la OEA como un "peligroso precedente" para la región y acusó a Estados Unidos de emprender "prácticas de coerción" para promover una "criminal campaña de agresión" contra Venezuela.

Medidas contra el régimen de Maduro

El Gobierno de Paraguay, que el jueves rompió relaciones con Venezuela, ordenó a su Banco Central imponer las medidas financieras contra ese país aprobadas por el Grupo de Lima en respuesta a la toma de posesión de Maduro, incluyendo la elaboración de una lista de personas y entidades con las que no se podrá operar. La Cancillería de Perú informó que evaluará una eventual ruptura de vínculos diplomáticos con Venezuela. Argentina, sin romper relaciones, prohibió el ingreso de integrantes de alto nivel del Gobierno venezolano.