Jonathan Mondaca Escobar
Con un recurso de protección, cuatro parlamentarios de Antofagasta buscan detener el incremento de los costos de los servicios en el Cementerio Municipal, que a partir del 2 de enero de este año, para algunos casos, incrementó el valor hasta en 400%.
Las diputadas Paulina Núñez (RN) y Marcela Hernando (PR), además de su par José Miguel Castro (RN), acudieron ayer hasta la Corte de Apelaciones de Antofagasta para iniciar la acción judicial. La medida también cuenta con el respaldo de la diputada Catalina Pérez (RD).
Núñez explicó que tras el anuncio del municipio de "subir significativamente los montos a pagar" en el camposanto, los cinco diputados de la región oficiaron a la alcaldesa Karen Rojo para que reconsiderara esta decisión.
"Pero no tuvimos respuesta" sostuvo la parlamentaria RN, por lo que no tuvieron otra opción que ingresar un recurso de protección en la Corte.
"Pedimos una orden de no innovar, para que la ordenanza que comenzó a regir desde el 2 de enero, quede sin efecto hasta que la Corte de Apelaciones resuelva sobre la aplicación de la misma", manifestó Núñez.
Investigación
Los parlamentarios que presentaron el recurso creen que el aumento de los costos se explica por los hechos de fraude detectados en el cementerio, lo que afectó los flujos de ingreso del recinto.
Por este caso hay una investigación en curso. Según el Ministerio Público, son $317 millones que los fueron cobrados por derechos de construcción y venta de terrenos en el cementerio y nunca ingresaron a las arcas del municipio.
El fraude fue denunciado por la alcaldesa Karen Rojo y el caso tiene cuatro formalizados, entre ellos, el exadministrador del cementerio, Misael Cortés.
Paulina Núñez dijo que solicitan volver a los valores anteriores que tenía antes el cementerio, ya que consideran que la medida del municipio afecta el derecho de propiedad al cambiar las condiciones para quienes ya poseen sepulturas.
Según los parlamentarios, los más perjudicados con los nuevos cobros serían las organizaciones cooperativas o mutualistas, muchas de ellas compuestas en su mayoría por adultos mayores.
La diputada Marcela Hernando detalló que el objetivo es detener la aplicación de la ordenanza, ya que incluso hay concejales que están pidiendo que ésta sea revisada.
"Con el congelamiento de este escenario, esperamos que se dé el espacio para que la alcaldesa y su Concejo revisen la ordenanza. Es normal que los municipios reajusten sus precios, pero no al nivel que estamos viendo", aseguró.
En la misma línea, José Miguel Castro recordó que al no recibir ninguna respuesta de la municipalidad por el oficio sobre el incremento de los costos, cuatro de los cinco diputados que enviaron ese documento presentaron el recurso.
"Esperamos que con este recurso se dé respuesta a algo tan íntimo como es tener un deudo en el cementerio y que no se cobre de más a las familias", sostuvo el diputado.
La presidenta de la Federación Provincial de Mutualistas de Antofagasta, Emperatriz Martínez, aseguró que en agosto recibieron las primeras informaciones de la posibilidad de modificar la ordenanza municipal para aumentar los cobros en el cementerio.
"Esto nos afecta enormemente. Tengo 14 sociedades afiliadas y eso en la práctica significa más de dos mil adultos mayores, algunos con alta vulnerabilidad y problemas psicosociales", explicó.
Mutualistas
Martínez detalló que el objetivo de las mutuales es asegurar un nicho a sus afiliados.
"Eso implica que cada sociedad que pertenece a la federación tiene diez o 15 mausoleos y si hay que pagar una UTM por un metro lineal construido, los valores serían de dos, tres a cuatro millones de pesos", precisó.
La dirigente complementó que estas asociaciones son sin fines de lucro, por lo que los pagos por gasto común o derechos de mantención podrían terminar con la existencia de las mutualidades.
Añadió que una de las sociedades decidió pintar su mausoleo, pero fueron contactados por la administración del camposanto para que "solicitaran un permiso y un documento que fueron $712 mil, más los $300 mil de la mano de obra. La obra fue detenida porque la sociedad no pudo pagar", mencionó Martínez.