Caso Main: los caminos que enfrenta el fiscal Aguilar a días de audiencia clave
PROCESO. El 22 de enero se agota el plazo en investigación por eventual fraude al fisco en la CMDS.
El martes 22 de enero, querellantes, Ministerio Público y formalizados volverán a encontrarse en una audiencia del denominado "Caso Main", donde se investiga la presunta contratación de una asesoría político-electoral con recursos de la CMDS.
En esta causa, están formalizados la alcaldesa Karen Rojo; el administrador municipal Héctor Gómez; el exsecretario ejecutivo de la Corporación, Edgardo Vergara; y el periodista José Miguel Izquierdo, socio de la consultora Main.
Se trata de una audiencia clave por las consecuencias que podría tener para la administración municipal, pues si en ella el fiscal Cristian Aguilar presenta acusación contra la edil (ver cuadros), su ejercicio quedaría suspendido.
Hay que recordar que la investigación suma nueve meses en su etapa formalizada (casi dos desde la primera denuncia) y en ella ya se tomó declaración a todos los formalizados, incluida la alcaldesa.
Actores
El abogado Carlos Bonilla Lanas, procurador fiscal del CDE, piensa que la investigación está en su etapa final, sin perjuicio que a la fecha quedan deligencias en curso.
"Yo creo que los antecedentes que existen permiten sustentar una acusación. Hay unos correos que se solicitaron y que no han llegado a manos del fiscal, pero eso se puede resolver en los días que quedan", manifestó.
El CDE es querellante en la investigación y la teoría que sostiene es que Main fue contratado para prestar una asesoría electoral a la alcaldesa Karen Rojo destinada a mejorar su imagen de cara a las elecciones de 2016. Esto, luego de conocer los resultados de una encuesta que la daban por perdedora.
"Todo estriba en que si no hubiese habido un proceso eleccionario, la alcaldesa no contrata ninguna de las asesorías que hizo para mejorar su imagen. Es decir, no hay proceso eleccionario, no hay asesoría", resumió.
Rolando Lorca, abogado que representa al querellante y exconcejal, Eduardo Parraguez, dijo tener la "impresión" que ese día el fiscal acusará a los cuatro formalizados.
"A menos que exista alguna diligencia que él (Aguilar) haya pedido y que nosotros no sepamos, debería presentar acusación. Desde mi punto de vista, están dadas las condiciones para eso", argumentó.
Según Lorca, las declaraciones de las "siete personas más importantes" en el proceso ya están y fueron contrastadas con el testimonio de la propia alcaldesa, lo que permite avanzar en el proceso penal.
Pese a ser contactados, desde la defensa de la alcaldesa, no emitieron pronunciamiento sobre la próxima audiencia o sus consecuencias.
No obstante ello, previamente abogados de la edil han desechado los cargos, asegurando que la asesoría contratada por la CMDS y relacionada materias de Educación y Salud, se cumplió, y que los trabajos de posicionamiento político que efectivamente contrató la edil, fueron realizados por otro consultor y pagados con recursos personales de Rojo.
Fiscal
El fiscal Cristian Aguilar, en tanto, explicó a este Diario que en los próximos días realizará una nueva evaluación de los antecedentes que existen en la carpeta para, en función de eso, resolver sus pasos.
En tal sentido, aclaró al día de hoy, existen diligencias que no han sido contestadas, las que serían tanto de naturaleza testimonial como pericial.
Por eso, Aguilar no descarta una nueva prórroga, lo que dependerá de la evolución que tengan estos encargos.
Entre las deligencias pendientes está la revisión de correos electrónicos encargada a la Brigada del Ciber Crimen de la PDI y algunas otras derivadas de la declaración prestada por la edil el 11 de diciembre.
En caso que el fiscal acuse de los delitos investigados a la alcaldesa, ésta quedará suspendida de su ejercicio. Al respecto, se debe tener presente que la Ley de Municipalidades establece que el alcalde o concejal cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Constitución (entre ellas, estar acusado por delito que merezca pena aflictiva) se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado, mientras dure su incapacidad. Para la suplencia, la ley distingue dos mecanismos. Si es por menos de 45 días, será subrogado en sus funciones administrativas por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro de la municipalidad. Si es mayor a 45 días, asumirá uno de los concejales elegido por sus pares en sesión celebrada para este efecto.
Si el fiscal, concluida su investigación, entiende que los delitos investigados no constituyen delito, que el hecho está prescrito o que en éste no hubo participación del formalizado, puede solicitar al tribunal el sobreseimiento de la causa, con lo cual se entiende terminado el proceso penal. Esto puede solicitarse respecto de todas o algunas de las personas que estén siendo investigadas.
Una tercera opción es que en la misma audiencia, el fiscal finalmente solicite más plazo para continuar recabando información del caso. Hay que hacer notar que la investigación penal puede durar hasta dos años contados desde la formalización, y en este caso se están cumpliendo 9 meses. Una ampliación de plazo deberá ser justificada por el fiscal en la audiencia y en ella pueden oponerse las partes. Finalmente el juez de garantía define si aprueba la petición y por cuánto tiempo.