Conchita

de la Corte, directora

regional SJM

Vengo de un país, España, en el que raro es el día en que no llega una embarcación. En su punto más corto, el Estrecho de Gibraltar, son apenas 15 kilómetros. Sin embargo, solo lo logran los más afortunados. Otros no llegan nunca. Sus sueños naufragan en este viaje inseguro promocionado por las mafias que están al acecho de los más vulnerables y a quienes cobran una millonada.

Promocionado por las mafias y por la falta de coordinación y voluntad real de los estados implicados. Porque la migración, como tantas otras cosas en la vida, depende de varias partes. El que llega a un país, lo hace desde otro (u otros). Por eso es necesario un trabajo conjunto, un trabajo con amplitud de miras y, por supuesto, a largo plazo, pues la migración es un fenómeno imparable. Trabajar de la mano no significa invadir la soberanía del otro.

Por eso, me resulta incompresible que el Gobierno de Chile, que tanto se afana hablando de una migración segura y regular, se haya abstenido a la hora sumarse a un pacto mundial que justamente, tal y como reza su título, busca una "Migración Segura, Ordenada y Regular". Es preocupante que, después de participar en las negociaciones previas y de que no se cambiara una sola coma al documento desde el mes de julio, el Gobierno no quiera ahora apoyar esta iniciativa en la que participa la mayoría de los países del mundo. Pero más alarmante aún es que se pretenda argumentar esta decisión confundiendo a los ciudadanos mezclando temas. Sí, se enreda a las personas cuando la excusa aducida es que "migrar no un es un derecho", pues, por una parte, el documento en ningún punto de su texto establece el derecho humano a migrar, aunque, por otra, sí lo debería contemplar explícitamente como lo recoge el artículo 13 de la carta de los Derechos Humanos.

Es obvio que cada país establece las normas internas respecto al ingreso y la permanencia en su territorio. El Pacto respeta absolutamente el principio de soberanía nacional en este sentido. Querido lector, no se deje confundir porque el documento no se firma y tampoco es vinculante jurídicamente. Sin embargo, quede claro, que los pactos y textos sí ratificados anteriormente por Chile, confirman el derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, así como el derecho a regresar; junto con el derecho a solicitar y recibir asilo. Esto es, en resumidas cuentas, el derecho a migrar.

Las crisis económicas, políticas y sociales en diferentes partes del mundo siguen empujando a miles de personas a emigrar hacia lugares con mejores niveles de vida.

Oriente Medio, África y, dentro de Latinoamérica, Venezuela, son algunas de las zonas que se han convertido en focos de desplazamiento forzado. Un drama humano que afecta a millones de personas, que dejan todo en busca de un mejor vivir o -muchas veces- simplemente seguridad. Al mismo tiempo los países de origen deben enfrentar una fuga de talentos y profesionales.

Chile desde los 90 se ha convertido en un polo de atracción de migrantes. Actualmente alrededor de 800 mil personas nacidas en el extranjero viven en este país. La mayoría llegó de Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Haití y Argentina.

Y este año las migraciones haitianas y venezolanas estuvieron en la agenda pública, después que el gobierno creara visas especiales para esas nacionalidades en el proceso de regularización extraordinario que impulsó a pocas semanas de iniciar la administración de Sebastián Piñera.

Algunas Ongs -como el SJM- criticaron la actitud gubernamental, sobre todo respecto a la migración haitiana.

También se criticó el "Plan de retorno humanitario" mediante el cual cientos de haitianos han regresado a su país en vuelos de la FACh. Según algunos académicos, como la socióloga María Emilia Tijoux, el plan es una "deportación disfrazada". Según parlamentarios oficialistas, esto fue pedido por organizaciones de haitianos.

Respecto a la efectividad de la regularización extraordinaria efectuada en el primer semestre, hasta noviembre sólo el 12% de quienes se inscribieron habían podido recibir su visa.

Pacto migratorio

Mientras esto era discutido en Chile, la Organización de las Naciones Unidas trató de impulsar este año la firma del "Pacto Migratorio" que, según la entidad, "se trata del primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional".

Según la organización el pacto establece "medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes sólo como última opción y reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.

Además, los gobiernos prometen garantizar un regreso "seguro y digno" a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un 'riesgo real y previsible' de muerte, tortura u otros tratos inhumanos".

Pero el pacto fue rechazado por algunos gobiernos, entre ellos Chile. Según el Presidente Sebastián Piñera, "cuando un país como Chile firma un pacto, lo hace porque lo quiere cumplir. Pero además es vinculante porque tiene consecuencias políticas y podría tener jurídicas muy importantes para nuestro país". Según la ONU, el pacto no es vinculante.

El gobierno además sostiene que lo que llama "desorden migratorio" fue heredado de la administración anterior, de Michelle Bachelet.

El 20 de diciembre se dio a conocer una respuesta a la postura gubernamental firmada por 400 abogados. El documento se titula "Pacto migratorio y fake news". En este advierten que el pacto está siendo presentado por el gobierno como si fuera un tratado, lo cual no es cierto. También sostienen que es falso que el pacto arrastraría a Chile a tribunales internacionales y que con el tiempo generaría normas vinculantes.

Pero la postura gubernamental también tuvo apoyos algo inesperados, como el del exPresidente demócratacristiano, Eduardo Frei, quien dijo: "¿Cuántos han llegado a Chile en los últimos dos años? ¿Un millón? Un millón. Entonces, ¿de qué estamos hablando?".

Cabe destacar que el cálculo del exPresidente es impreciso, ya que el número "total" de inmigrantes en Chile es de alrededor de 800 mil, según el Censo 2017.

"Cuando un país como Chile firma un pacto, lo hace porque lo quiere cumplir. Pero además es vinculante porque tiene consecuencias políticas y podría tener jurídicas muy importantes para nuestro país".

Sebastián Piñera,, Presidente, sobre rechazo al, Pacto Migratorio"