"Un mal innecesario"
pdte. (s)
Corte de Apelaciones
Para analizar la corrupción en las instituciones, sin referirse a casos puntuales -porque la ley lo prohíbe a todo judicial- es indispensable tener claro lo que significa este concepto para la ciudadanía, en cuanto altera o trastoca el normal desarrollo de las instituciones en la sociedad.
Según la Real Academia Española, es la utilización de las funciones o medios de las organizaciones, especialmente públicas. Este aprovechamiento daña la institución, no hasta llegar a destruirla, pero la deteriora a tal punto que para cualquier persona se vuelve incómoda, le huele mal que entidades tan prestigiadas en la historia, como Carabineros, las Fuerzas Armadas en general, empresas privadas de renombre y gran trayectoria, y organizaciones políticas, realicen acciones que corrompen o consienten la desviación de los objetivos mediante un provecho económico o de otra índole.
Este fenómeno hoy se ha evidenciado con mayor fuerza, casi como una característica de nuestra sociedad actual y tal vez, como consecuencia de la obligatoriedad en transparentar toda información u acto ejercido por entidades públicas y también por la necesidad que tienen éstas en actuar de forma correcta, como lo ordena la ley, y en un contexto que ya cuenta con mayor fiscalización.
Esto no es baladí ya que ha sido la sociedad en su conjunto la que ha plasmado en los políticos, el Congreso y el Poder Ejecutivo -entre otros- la necesidad de corregir las formas normales de desarrollar un trabajo en Chile.
Por ello se han dictado leyes, no solo de probidad también tendientes a ejercer una fiscalización permanente y controlar la actividad estatal y en algunos aspectos la privada, en orden a exigir un contenido ético con un estándar mínimo, que lejos de cualquier opinión política, filosófica o intelectual, ha incrementado la calidad de vida del chileno, y es en este aspecto en el que el Poder Judicial tiene una mayor responsabilidad, ya que debe resolver los conflictos jurídicos que se le presenten sobre estos temas con la mayor rigurosidad jurídica, intentando en lo posible cumplir con el fin que el legislador dispuso, con el fin de incrementar los niveles éticos del comportamiento ciudadano, disminuyendo o logrando que desaparezcan por completo las prácticas viciosas que no corresponden a la sociedad contemporánea.
Óscar
Clavería,