pdte. (s)

Corte de Apelaciones

Para analizar la corrupción en las instituciones, sin referirse a casos puntuales -porque la ley lo prohíbe a todo judicial- es indispensable tener claro lo que significa este concepto para la ciudadanía, en cuanto altera o trastoca el normal desarrollo de las instituciones en la sociedad.

Según la Real Academia Española, es la utilización de las funciones o medios de las organizaciones, especialmente públicas. Este aprovechamiento daña la institución, no hasta llegar a destruirla, pero la deteriora a tal punto que para cualquier persona se vuelve incómoda, le huele mal que entidades tan prestigiadas en la historia, como Carabineros, las Fuerzas Armadas en general, empresas privadas de renombre y gran trayectoria, y organizaciones políticas, realicen acciones que corrompen o consienten la desviación de los objetivos mediante un provecho económico o de otra índole.

Este fenómeno hoy se ha evidenciado con mayor fuerza, casi como una característica de nuestra sociedad actual y tal vez, como consecuencia de la obligatoriedad en transparentar toda información u acto ejercido por entidades públicas y también por la necesidad que tienen éstas en actuar de forma correcta, como lo ordena la ley, y en un contexto que ya cuenta con mayor fiscalización.

Esto no es baladí ya que ha sido la sociedad en su conjunto la que ha plasmado en los políticos, el Congreso y el Poder Ejecutivo -entre otros- la necesidad de corregir las formas normales de desarrollar un trabajo en Chile.

Por ello se han dictado leyes, no solo de probidad también tendientes a ejercer una fiscalización permanente y controlar la actividad estatal y en algunos aspectos la privada, en orden a exigir un contenido ético con un estándar mínimo, que lejos de cualquier opinión política, filosófica o intelectual, ha incrementado la calidad de vida del chileno, y es en este aspecto en el que el Poder Judicial tiene una mayor responsabilidad, ya que debe resolver los conflictos jurídicos que se le presenten sobre estos temas con la mayor rigurosidad jurídica, intentando en lo posible cumplir con el fin que el legislador dispuso, con el fin de incrementar los niveles éticos del comportamiento ciudadano, disminuyendo o logrando que desaparezcan por completo las prácticas viciosas que no corresponden a la sociedad contemporánea.

Óscar

Clavería,

El 2018 fue un año complejo para las instituciones uniformadas, que se vieron envueltas en casos de corrupción que minaron seriamente la confianza que durante varias décadas ganaron entre los chilenos.

Carabineros y el Ejército fueron los más afectados. Ambas ramas vieron caer sus niveles de aprobación ciudadana, golpeados por varios casos que siguen en desarrollo.

Según la encuesta Casen de diciembre, la labor de la policía uniformada es hoy respaldada por el 40% de los chilenos, mientras que el Ejército posee un 46% de aprobación, muy lejos del 62% que ambas instituciones marcaban en enero.

En la policía el derrumbe el más evidente, considerando que en febrero de 2017 el apoyo llegó al peak de 77%.

Casos

En Carabineros este año no sólo se acentuaron las indagatorias por el llamado "pacogate", sino que se descubrieron nuevas aristas en este caso, por el cual los formalizados ya suman un centenar, mientras que el monto defraudado superaría los $28 mil millones, según el último cálculo.

En pacogate se relaciona con movimientos bancarios irregulares realizados desde la Dirección de Finanzas de la institución. En términos simples, lo que se hacía era traspasar recursos desde cuentas fiscales a cuentas de funcionarios y civiles, dineros que luego eran retirados por los titulares y devueltos a los líderes de la red, previo cobro de una comisión que -según las investigaciones- bordeaba el 10%.

Se trataba -se ha dicho- de una organización creada para defraudar, la que operó durante años, moviendo montos que aún no están determinados al cien por ciento.

El caso se destapa en 2017 en la Región de Magallanes, y este año siguió marcando la agenda, con nuevos formalizados y detalles sobre la forma operación del grupo.

En junio, además, la investigación dio un inesperado giro luego que Contraloría detectara inconsistencias financieras por otros $23 mil millones ahora en las cuentas de la Dirección de Bienestar, lo que se sigue investigando.

La nueva arista fue denominada "pacogate 2" y sus consecuencias aún están por verse, mientras en paralelo se investiga el rol que jugó Contraloría en el fraude, ya que existen antecedentes que apuntan a que en 2010 ya se habían detectado irregularidades en cuentas de la policía uniformada.

Ejército

El Ejército también enfrentó este año al menos de tres episodios de relevancia.

En octubre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por un presunto fraude relacionado con viajes realizados por oficiales y en los cuales también estarían implicadas agencias de turismo.

El caso está en manos de la ministra en visita Romy Rutherford (quien investiga a los militares), y el fiscal Centro Norte, José Morales (quien indaga a las agencias).

Según los primeros detalles, los uniformados compraban pasajes con cargo al Ejército y luego, usando a las empresas, cambiaban los destinos originales para acudir a otros, con fines vacacionales.

Los involucrados incluso habrían ocupado esta maniobra para favorecer a familiares. Se investigan 1.500 salidas con este modus operandi.

Dos meses antes, en agosto, la misma ministra Rutherford había condenado a 12 años de cárcel a los primeros dos involucrados en el desvío de fondos de la Ley Reservada del Cobre, descubierto en 2015 ("milicogate"), caso donde las pérdidas fiscales ya bordearían los $6 mil millones y existen altos oficiales retirados bajo cuestionamiento.

Y en noviembre otro episodio golpea la herida imagen de la institución, cuando su propio comandante en jefe, el general Ricardo Martínez, señalara durante un acto en la Escuela Militar que oficiales e integrantes del cuadro permanente compraban armas y luego las daban por perdidas para venderlas a narcos y delincuentes.

Las gravedad de las declaraciones motivaron una fuerte respuesta del gobierno, que -tomado por sorpresa por los dichos- llamó al general a entregar un informe del caso.

Según se conoció más tarde de boca del propio general Martínez, el asunto está siendo investigado y hay cinco suboficiales involucrados.

Aunque se trataría de una investigación "acotada", el golpe fue duro para esta rama de las Fuerzas Armadas.