Los casos judiciales en la Municipalidad de Antofagasta representan los pasajes más complejos por los que atraviesa la administración de la alcaldesa Karen Rojo, quien está en pleno ejercicio de su segundo mandato en la casa consistorial.
Las causas que complican al municipio son diversas, desde cuestionamientos al uso de recursos, denuncias de fraude y hasta un cuasidelito de homicidio. Esta última causa fue la primera del año, ya que en marzo, el Ministerio Público formalizó al director de Desarrollo Comunitario, Ignacio León, y a la coordinadora del Programa de Deportes, Kimmverley Espinoza.
La Fiscalía Local busca determinar las responsabilidades por la muerte de Nicolás Marambio en febrero de 2017. El adolescente de 16 años jugaba en la multicancha de Las Almejas (sector sur de la ciudad), cuando la estructura de un aro de básquetbol cayó sobre su cuerpo, ocasionándole lesiones que resultaron fatales.
En marzo, el Ministerio Público inició una investigación formal para pesquisar las eventuales responsabilidades de ambos funcionarios y verificar si existieron informes que advertían el mal estado de la estructura.
La causa actualmente se encuentra con diligencias pendientes por parte de la Fiscalía y con una solicitud de las defensas de contar con acceso a toda la carpeta investigativa.
Caso main
Sin dudas, el caso que marcó este 2018 a la alcaldesa, su formalización por un presunto delito de fraude al fisco, causa en la que actúa como querellante el exconcejal Eduardo Parraguez.
Lo que comenzó con algunas consultas en Contraloría, pasó a ser un proceso oficial de investigación para el Ministerio Público, con el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, dirigiendo las pesquisas.
Según explicó Aguilar en la formalización del 15 de junio, una encuesta había dejado a Rojo en el tercer lugar de las preferencias, sondeo que tenía como objetivo levantar información para la elección municipal de 2016.
En la misma audiencia también fueron formalizados José Miguel Izquierdo, Héctor Gómez (administrador municipal) y Edgardo Vergara (exsecretario ejecutivo de la CMDS).
La alcaldesa contactó a Izquierdo, periodista, director de la compañía Main Comunicación y exasesor del Presidente Piñera en su primer gobierno. Es aquí donde surgen las grandes diferencias entre lo que sostienen las defensas de los imputados y la Fiscalía.
El organismo persecutor indicó que por orden de la alcaldesa se contrató al asesor Izquierdo para ayudarla a posicionarse en los meses previos a la campaña electoral.
Complementó que esto se habría concretado a través de fondos de salud y educación de la CMDS, involucrando un pago de $23 millones.
Sin embargo, las defensas de Izquierdo y Rojo manifiestan que las asesorías a las áreas de salud y educación se prestaron de manera efectiva y existen los respaldos de ello.
Mientras que el apoyo político para la campaña electoral, habría sido prestado por Carlos Correa Bau, asesor que fue costeado con recursos propios de la alcaldesa.
Durante las pesquisas, el caso ha registrado declaraciones de testigos de las supuestas asesorías y peritajes de correos electrónicos. Para este 22 de enero debería concretarse la audiencia de cierre de la investigación, en la que el Ministerio Público deberá presentar acusación o concluir que no existió delito.
Cementerio
A $317 millones llega la cifra defraudada en el Cementerio Municipal, según determinaron los peritajes de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
La causa por malversación de caudales públicos que investiga la Fiscalía tiene como imputados al exadministrador del camposanto, Misael Cortés, y a C.J.N.C, M.A.R.G. y R.P.S.R., todos funcionarios en el periodo pesquisado.
Cortés, un día antes de su formalización reconoció en una entrevista con este medio el fraude, explicando que cometió un error, colaboró con la policía y que estaba dispuesto a repararlo.
El delito fue descubierto luego de la denuncia del concejal Luis Aguilera, sobre un pago realizado por construcciones en el cementerio, cuyos cheques fueron girados a la cuenta personal de Cortés.
Tras esto, la indagación de Contraloría detectó todo un método para defraudar en el camposanto, que consistía en entregar comprobantes de recaudación de periodos anteriores, por lo que los cobros del año actual no entraban a las arcas municipales.
Según la Fiscalía, en ocasiones Cortés actuaba de manera individual, pero en otras, lo hacía con el resto de los imputados, repartiendo el dinero en partes iguales.
El 10 de diciembre, el Ministerio Público solicitó otros 90 días de investigación por diligencias pendientes, por lo que el cierre de las pesquias se discutirá recién en marzo.
Indagaciones
El último caso en el municipio fue confirmado en noviembre, aunque se trata recién de indagaciones que el fiscal Cristian Aguilar desarrolla de manera desformalizada.
El denunciante nuevamente es Eduardo Parraguez, quien sostuvo que existió una negociación incompatible entre la alcaldesa y una empresa propiedad de su cuñado, la que prestó servicios al área de salud de la CMDS.
La información fue entregada a Aguilar, sin embargo, en septiembre el persecutor decidió archivar la denuncia "hasta que aparecieran nuevos y mejores antecedentes".
Parraguez informó que logró reunir datos que resultaron vitales para que el fiscal confirmara la reapertura del caso en noviembre. Entre la información aportada, está el testimonio de un exdirectivo de la CMDS.
Parraguez se basó en un informe de Contraloría en 2017, sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y contratación del mantenimiento de los servicios dentales en 2013, por $70 millones.
La contratación se concretó meses después de que la alcaldesa asumiera su primer mandato. El informe del organismo no constató antecedentes que acreditaran la intervención directa de Rojo, en la contratación de la empresa de su cuñado, pero al mismo tiempo evidenció que no había registros de suficientes de respaldo para acreditar el cabal cumplimiento de lo requerido a la empresa 'CYR', por lo que el Servicio de Salud exigió la restitución de los fondos.
