"Sacar los concentrados de plomo fue lo más importante que se hizo por la salud en la ciudad"
A 20 años de la "crisis del plomo", el exintendente César Castillo Lilayú camina con una carpeta llena de recortes de prensa y documentación de tribunales. "Fui sobreseído, nunca hubo delito", asegura, indicando el párrafo de la sentencia judicial.
El exjefe regional fue acusado por la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado del delito de malversación de caudales públicos por $400 millones. La imputación surgió tras la "crisis del plomo" y el inédito operativo en el que Castillo ordenó confeccionar una resolución a la Gobernación Provincial, para sacar con la ayuda de la policía, las 60 mil toneladas de concentrados de minerales que se acopiaban al aire libre en los patios del ferrocarril, en medio de la ciudad.
Según el exintendente, esa era la única solución, ya que "no permitiría que ningún niño muriera". Castillo se refiere a los 42 menores que fueron sometidos a exámenes y que presentaron altas concentraciones de plomo en el organismo, motivo por el que fueron hospitalizados. En marzo de 1998, el gobierno decretó estado de emergencia sanitaria en Antofagasta: el caso se destapó por los niños que presentaban sintomatología de intoxicación por metales pesados.
Castillo sostuvo que el Presidente Eduardo Frei respaldó la decisión de sacar los concentrados de la ciudad, "pero el cómo, era problema mío". Y la decisión no era fácil, los concentrados de plomo eran de origen boliviano y llegaban a Antofagasta en cumplimiento al tratado de 1904 (facilitar el acceso a los puertos chilenos). Cualquier determinación traería efectos a nivel político, de Cancillería y empresarial.
Autoridades
"A las autoridades les falta comprarse los problemas, como con Las Petroleras, estamos peor que en 2005 y no pasa nada. Todos piden análisis, informes. La autoridad está para hacer la gasfitería y no solo para que le rindan honores", manifestó respecto del estado actual de la ciudad en temas de contaminación.
La decisión de ingresar y sacar los concentrados de plomo significó pasar por encima de todo lo que había. Pero el exintendente no duda que era lo que se tenía que hacer. Tras la inédita acción, fue investigado por Contraloría, dejó la Intendencia y se acabó su carrera política.
Acusó aprovechamiento de las circunstancias ya que era una carta política de su partido, la DC, por lo que algunos desde su sector querían deshacerse de él, aseguró. Dos décadas después, fue sobreseído por el Primer Juzgado Civil, aunque no olvida los costos personales que significó terminar con la "crisis del plomo".
Había 42 niños con plomo en su organismo, ¿cómo se detectaron estos casos?
-Al igual que ahora, en esa época el Colegio Médico tenía una activa participación en los temas de contaminación y se detectaron a estos niños con exámenes. Luego, un informe del Instituto de Salud Pública confirmó que estos 42 niños tenían plomo en su organismo, estaban en el Hospital Regional.
Cuando confirman este problema de salud pública, ¿cuál fue su primera reflexión?
-Que ningún niño podía morir por esto. En menos de siete días tomé una decisión, hice algunas consultas, presentamos lo que pudimos como perfiles de proyecto al Consejo Regional para tener recursos y sacar el plomo y los otros tóxicos del centro de la ciudad.
¿Cómo ocurrió el operativo? Fue y sigue siendo una decisión política totalmente inédita...
-Se constituyó el gobernador de la época, con una resolución que confeccionó tras mi instrucción y acudimos con dispositivos de fuerza pública.
Llegamos con camiones y nos demoramos 20 días en sacar los concentrados de plomo. El resto de los metales pesados, que también eran tóxicos, nos demoramos algunos meses más. Si bien todos debían salir de inmediato de la ciudad, hubo un especial cuidado con el plomo, ya que era el mineral que figuraba en el organismo de esos 42 niños.
En esa época, el concentrado de plomo se acopiaba al aire libre, con todo lo que ello significa.
-En los patios del ferrocarril se acopiaba a granel. Algunos cerros estaban tapados, otros al aire libre o todavía en los carros del tren. En resumen, el material estaba repartido por todo el patio.
¿Cuánto concentrado sacaron?
-Fueron 60 mil toneladas, considerando todos los concentrados que trasladamos al sector de Portezuelo. Elegimos ese lugar porque era un terreno fiscal que estaba tras la cordillera de la costa.
Tenía condiciones mínimas, no eran óptimas, porque eso habría requerido proyectos con un desarrollo más largo y considerando la urgencia, fue lo que tuvimos que hacer.
Ahora, la idea era que con el tiempo ese lugar debía mejorar, creo que algo se hizo y algunos dicen que no es suficiente. Pero bueno, eso es algo que ya no está bajo en mi control.
¿Cree que en 1998, la determinación de sacar con auxilio de la fuerza pública los concentrados de plomo que tenían contaminados a 42 niños, no fue una acción del todo valorada?
-Aunque no tuvo "brillo", aunque no fue valorada, creo sacar los concentrados de plomo fue lo más importante desde el punto de vista de la salud de las personas y del medio ambiente, que se ha hecho en Antofagasta.
¿Cuándo la Contraloría lo comienza a investigar?
-En el momento en que comenzó todo esto, en 1998, con el traslado del concentrado, las observaciones comenzaron de inmediato. Respecto de si hubo licitación pública, si participaron todos los que pudieron hacerlo o, si solo participaron los amigos del intendente.
Al final tomó una connotación mayor, las informaciones de que supuestamente se había robado plata, el hecho mismo de que sacamos los concentrados de plomo del centro de la ciudad... Los parlamentarios también iniciaron acciones judiciales, el senador Cantero, los diputados Rojas y Valenzuela.
¿Qué concluyó la Contraloría?
-Hubo dos informes, el de la Contraloría Regional hizo observaciones obvias sobre el proceso, las que fueron de carácter administrativo y que resolvían sancionarme con el 20% de mi sueldo. Pero yo apelé, porque consideré que era injusto, no por la plata sino por la injusticia que consideraba.
Entonces el caso llega a Santiago y la Contraloría General determinó que las observaciones que eran meramente administrativas, constituían el delito grave de malversación de caudales públicos.
Finalmente, ¿en qué quedó esa acusación?
-Después de 20 años quedó claro que la acusación del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría, eran falsas. En tribunales fui sobreseído, porque el caso primero quedó en archivo temporal, pero yo pedí que se continuara el proceso para probar mi inocencia, lo que fue confirmado.
¿Después de dos décadas, valió la pena el costo personal que tuvo que pagar para terminar con la "crisis del plomo"?
-Creo que cualquiera que tenga la autoridad suficiente para tomar decisiones de este tipo, no puede abstraerse. Muchos me dijeron que de estar en mi posición no lo habrían hecho, pero pienso que también hay muchos otros que hubiesen actuado igual que yo, sacando el plomo de la ciudad a costa de lo que tuviera que pasar.
Ahora tengo la tranquilidad del respaldo legal para decirlo, en esto no hubo malversación de caudales, de los $400 millones que se me acusaba.
Después de la "crisis del plomo" quedé sin trabajo, desaparecieron los amigos, el costo familiar fue una masacre. Lo más difícil en mi vida, después de la muerte de mi esposa, fue cuando mis hijos eran niños y vieron en la televisión imágenes de su papá que era acusado de fraude, ¿cómo le explicas a un niño que está viendo a su papá en televisión como un delincuente consumado, qué es lo que de verdad está pasando?
"Aunque no tuvo 'brillo', aunque no fue valorada, sacar los concentrados fue lo más importante desde el punto de vista de la salud de las personas y del medio ambiente, que se ha hecho en Antofagasta"."