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Franzani se convierte en el segundo general en caer por el caso Catrillanca

ALTO MANDO. Carabineros aceptó su renuncia como jefe nacional de Orden y Seguridad y nombró un subrogante. El ministro del Interior, en tanto, anunció un plan con medidas de "urgencia" para modernizar la institución.
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Quien jugara un papel clave en las primeras versiones emanadas desde Carabineros tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca (24), el general inspector de Orden y Seguridad de Carabineros, Christian Franzani Cifuentes, presentó ayer su renuncia a la institución, la que fue aceptada por ésta, que nombró un subrogante.

Franzani viajó a la Región de La Araucanía por orden del general director de Carabineros Hermes Soto el 14 de noviembre, luego de la muerte de Catrillanca de un balazo en la nuca. Allí, se reunió con los cuatro integrantes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) que participaron del operativo en el que falleció el joven y que luego fueron detenidos y formalizados por lo ocurrido y que ahora permanecen en prisión preventiva.

Ese viaje generó críticas hacia el ahora general (r), sobre todo por los cambios en la información aportada sobre lo ocurrido, luego de que en principio se dijera que no había registro de los hechos y luego se confirmara que la tarjeta de memoria de la cámara que portaban los uniformados había sido destruida.

A eso se sumó el video en que el exsargento Carlos Alarcón, sindicado por la Fiscalía como el autor del disparo que le quitó la vida a Catrillanca, aseguraba que sus excompañeros habían recibido presiones para entregar falsas declaraciones.

Franzani se convirtió así en el segundo general en salir de su cargo por el caso Catrillanca y el octavo miembro de la institución en general. Además de los cuatro exfuncionarios del Gope, que fueron dados de baja, pasaron a retiro por responsabilidad de mando el jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía, Mauro Victtoriano Krebs; y el prefecto de FF.EE. de la región, Jorge Iván Contreras. A ellos se suma un cabo 1° de dotación de la 3ª Comisaría Padre Las Casas, dado de baja por grabar al Alarcón en su lugar de reclusión.

Medidas de gobierno

Tras la confirmación de la salida de Franzani, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, reafirmó el llamado del Gobierno a Carabineros a colaborar con la Fiscalía e informó que también se solicitó la renuncia de dos oficiales de rango intermedio que formaban parte de la dotación de la comisaría de Pailahueque, donde fue grabado el video antes mencionado.

"El Gobierno continuará en esta acción, continuará en su acción fundamental que es asegurar cada vez más y en la mejor medida de lo posible nuestro deber de dar garantías a la seguridad ciudadana y en el caso especial de Carabineros desplegados a lo largo de todo el país, respaldando su acción porque son 60 mil carabineros que desarrollan su acción cumpliendo con su deber dentro de la ley. Aquellos que no lo hagan ya saben y van conociendo cuál es el camino que les espera con este Gobierno", dijo el jefe del gabinete.

"El Presidente y este ministro han planteado a Carabineros la necesidad y la urgencia de que se vaya avanzando y prestando toda la colaboración con el Ministerio Público, con la Fiscalía de La Araucanía a efectos de que podamos tener total claridad sobre los hechos y podamos conocer la verdad íntegra acerca de la muerte de Camilo Catrillanca y todos los hechos que han rodeado este condenable homicidio", sostuvo.

"Se le ha instruido al general Soto que junto a la colaboración total con la Fiscalía, él adopte las medidas que estime necesaria".

Andrés Chadwick Ministro del Interior."

Plan de intervención

El ministro del Interior detalló que el lunes comenzará a implementarse un programa operativo y administrativo basado en las 150 medidas que entregó el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública que convocó el Presidente. "Continuaremos con esa tarea, con un trabajo que va a iniciar y conducir el subsecretario Rodrigo Ubilla, con un plan que ya se le ha comunicado al alto mando de Carabineros. Y ese plan contiene medidas que no requieren acciones legislativas, pero que sí creemos requieren urgencia", dijo Chadwick.

renuncias se produjeron ayer en Carabineros. A la de Franzani se sumó la de dos oficiales por el video filtrado. 3

Tres de los cuatro excarabineros serán representados por defensores públicos

DETENCIÓN. La Defensoría presentó un recurso de apelación por la prisión preventiva contra dos de los exuniformados.
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Tras la renuncia de su ex representante y luego de fallidas negociaciones con otro abogado, tres de los cuatro ex carabineros detenidos por la muerte de Camilo Catrillanca serán representados por la Defensoría Penal Pública (DPP).

En un comienzo los exsargentos Carlos Alarcón y Raúl Ávila, el excabo Braulio Valenzuela y el exsuboficial Patricio Sepúlveda, en prisión preventiva por su implicancia en la muerte del joven, fueron representados por Alexander Schneider.

El abogado presentó su renuncia tras la divulgación de un video en el que el exsargento Alarcón acusaba que habían recibido presiones para mentir y entregar falsas declaraciones.

Tras esa dimisión, la defensa Ávila fue asumida por Javier Jara, abogado también del ex jefe de inteligencia en La Araucanía, Patricio Marín, en el marco de la llamada "Operación Huracán".

Los otros tres ex funcionarios del GOPE de Carabineros iniciaron entonces conversaciones con Víctor Contreras, quien representa a Alex Smith, conocido como "El Profesor", quien también ha sido imputado en la llamada "Operación Huracán". Pero luego de no llegar a acuerdo con el jurista, finalmente su defensa quedó en manos de profesionales de la DPP.

Desde esa última institución confirmaron ayer que Alarcón, Sepúlveda y Valenzuela serán defendidos por Patricio Salinas y Rigoberto Ortiz.

Recurso de Apelación

Así, en su primera acción como representante de los ex policías, Salinas presentó ayer un recurso de apelación contra la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantía de Collipulli.

En el escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Temuco, el defensor solicitó revocar la prisión preventiva que pesa sobre Sepúlveda y Valenzuela, ambos formalizados por obstrucción a la investigación. Argumentó que ese delito es sancionado con una pena que de los 61 a los 540 días de presidio, o al pago de una multa entre $97 mil y $580 mil y que a sus representados los beneficia su irreprochable conducta anterior".

El abogado indicó que en la formalización el tribunal concedió la prisión preventiva por la "sospecha fundada y grave" de que ambos puedan "obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba o pudieran inducir a coimputados, testigos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal". Ante esto aseguró que no se especificó ninguna diligencia que pudiera ser entorpecida por los ex policías.