Eugenio Sugg Gálvez

Más de 176 mil inmuebles, equivalentes al 89% de la región, presentan deudas de contribuciones y arriesgan salir a remate. De acuerdo a los datos entregados por la Tesorería Regional, el monto de la deuda por concepto de impuesto territorial creció un 8% durante los últimos 12 meses, asociado principalmente al aumento que experimentaron este año los avalúos de bienes raíces no agrícolas.

En efecto, según la información proporcionada por la repartición de gobierno, la cantidad de roles con cargo por deudas de contribuciones, disminuyó en un 5%, respecto del 2017, en la región. Según cifras del Censo, en Antofagasta existen 196 mil viviendas, por lo que los 176 mil inmuebles equivalente al 89% de la zona.

"Esta baja se produce por la reducción en la cantidad de roles que presentó la comuna de Antofagasta, donde este año se rebajaron 20.069 roles, siendo la única comuna de la región donde se presentó tal disminución", explicó el director regional tesorero Juan Carlos Gacitúa.

Las comunas con mayores alzas en la cantidad de roles con deudas respecto de su total 2017, fueron San Pedro de Atacama 13%, Mejillones 9% y Sierra Gorda 7%.

Cabe destacar que, a nivel nacional, aumentó el monto exento de contribuciones de los predios con destino habitacional, desde $23.004.716 a $33.199.976. Lo que, en la práctica, puede explicar la disminución en la cantidad de roles con deuda que presenta Antofagasta.

Reavalúo

El monto neto de la deuda, por concepto de pago de contribuciones aumentó en un 8% a nivel regional, lo cual se ve explicado por el alza que -en general- presentaron los avalúos este año, luego de la entrada en vigencia del Reavalúo de Bienes Raíces No Agrícolas 2018 que, de acuerdo a la normativa vigente, corresponde aplicar cada cuatro años.

En ese proceso se aplicó una tasa anual de 0,933% a las propiedades habitacionales con un monto de avalúo de hasta $118.571.329 y de 1,088% sobre el avalúo que excede ese monto. En el caso de las propiedades no habitacionales, la tasa anual del impuesto aplicada fue de 1,088% sobre el avalúo afecto.

Las comunas que concentran el 90% de los cargos por concepto de deudas territoriales a nivel regional, son Antofagasta ($33.700 millones) y Calama ($12.621 millones).

Al 12 de noviembre el comportamiento de pago de los contribuyentes en la zona se presenta más lento que el año anterior, disminuyendo en un 2%, lo cual se traduce en el pago de 3.739 roles menos.

Remates

Respecto de la posibilidad que estas viviendas salgan a remate, Gacitúa advirtió que es una posibilidad cierta si el contribuyente no se acerca a solucionar su situación a la Tesorería Regional o a través de los canales virtuales, página web o desde teléfonos móviles.

Recordó que existen alternativas para quienes tienen deuda, sin embargo, es necesario que se acerquen a Tesorería "temprano en el proceso de cobro, mientras más avanzado éste son menores las opciones que podemos ofrecer", advirtió.

La autoridad destacó que "la recaudación proveniente del pago de contribuciones va en directo beneficio de las municipalidades de todo el país y constituye una de sus principales fuentes de ingresos, por lo tanto, los municipios de menores recursos son los principales beneficiarios con esta distribución, ya que les permite financiar una serie de obras comunales, principalmente obras sociales", concluyó.

Mario Espinosa, gerente general de Defensadeudores.cl, recordó que Antofagasta es la región que tiene mayor nivel de endeudamiento del país, de acuerdo al último Informe de Deuda Morosa.

"El promedio de la deuda morosa en la región es de $2,2 millones, aumentando en 11% respecto del segundo trimestre de 2017, siendo la zona del país donde más creció".

"Este aumento en la deuda está directamente relacionado con el alto nivel de cesantía en la zona. La tasa de desempleo creció durante ese periodo, situándose como la más alta del país durante prácticamente todo el último año", aseguró.

Con respecto a las deudas por pago de contribuciones recordó que a quien se le debe es al Fisco de Chile. "En este sentido, no es recomendable deber porque éste cuenta con procedimientos de cobro más abreviados que un acreedor común y métodos de presión más efectivos, por los que la propiedad puede salir a remate de una forma rápida, aún más que cuando se debe a un acreedor tradicional, como un banco o una casa comercial", cerró.

de la deuda por concepto de impuesto territorial se concentra en las comunas de Antofagasta y Calama. 90%

La carrera de "Técnico en Gestión de Medio Ambiente" presentó para el ejercicio lectivo 2019, el Centro de Formación Técnica (CFT) Santo Tomás de Antofagasta.

Exequiel Ramírez, rector de la institución y Valeria Campos, jefa de la carrera adelantaron que el proceso de matrículas ya se encuentra abierto en la misma casa de estudios superiores, de calle Iquique.

Campos detalló que esperan que los alumnos puedan desenvolverse en distintas plataformas: educativas, servicios públicos, empresas privadas, investigación y emprendimientos sociales.

Relevancia

"Nuestra institución ofrece esta carrera de nivel técnico profesional, dada la transversalidad de la gestión ambiental en las diferentes organizaciones. Cobra relevancia que nuestra región de Antofagasta tiene antecedentes históricos de contaminación producto de la actividad minera- portuaria e industrial. Con estos antecedentes queremos aportar desde el conocimiento técnico a la gestión ambiental, para vivir en un ambiente libre de contaminación, y dónde las industrias operen con excelencia operacional sobre la base de un desarrollo sustentable", dijo Campos.

La presentación de la carrera contó con una charla realizada por el presidente del Primer Tribunal Ambiental, Daniel Guevara.

Un nuevo e importante traspié podría sufrir el proyecto Rutas del Loa, autopista que unirá Carmen Alto y Calama. Hace unos días la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) recogió los reparos expuestos por la Municipalidad de Sierra Gorda y ofició al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) asegurando que la iniciativa debió evaluarse ambientalmente antes de su ejecución.

Efectivamente, son públicos los cuestionamientos que ha expresado el alcalde de Sierra Gorda, José Guerrero, al trazado de la carretera que terminará de unir Antofagasta con la capital de El Loa con doble vía.

Fue así como en julio pasado -junto a concejales y representantes de la comunidad- ingresaron un escrito a la SMA solicitando su pronunciamiento en torno a la obligación del proyecto de someterse a evaluación ambiental.

Ese trámite había sido descartado con anterioridad por el SEA, al momento de responder la consulta de pertinencia hecha por el titular del proyecto, la empresa Intervial Chile S.A.

En su presentación el municipio expuso que una serie de antecedentes que -según su interpretación- "permiten presumir que se está configurando una hipótesis de elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), por la ejecución de un proyecto que atraviesa tres zonas de conservación histórica, las que pueden ser catalogadas como un tipo de área colocada bajo protección oficial".

Plan regulador

Pues bien, hace unos días la SMA ofició al SEA y en su respuesta valida lo expuesto por el municipio de Sierra Gorda.

En el texto la repartición de gobierno consigna que la municipalidad alegó que en la consulta de pertinencia de la empresa no consideró el Instrumento de Planificación Territorial (IPT) vigente que corresponde al Plan Regulador de la comuna y que identifica ciertas áreas especiales que debe preservarse y restaurarse.

Respecto de ese punto la SMA estableció que "a juicio de esta oficina, las zonas de conservación histórica que fueron establecidas en el IPT, tienen el carácter de áreas colocadas bajo protección oficial para efectos del SEA, por lo que el proyecto de construcción de la Ruta 25, debió haber sido evaluado ambientalmente en forma previa a su ejecución, por emplazarse al interior de la Oficina Chacabuco, Estación Pampa Unión y la Estación Chela", concluye.

Desde la SMA aclararon que el SEA no está obligado a recoger su recomendación, sin embargo, creen que la nueva información aportada sobre los sitios protegidos será materia de revaluación.

Satisfacción

Guerrero se mostró satisfecho con la respuesta de la SMA. "El titular omitió información respecto de áreas protegidas. Hemos aportado abundante información tanto a la superintendencia como al SEA en esa línea", dijo.

Agregó que están optimistas respecto de lo que pueda decidir finalmente el SEA. "Hay antecedentes suficientes y así lo establece la SMA. Incluso la empresa y el MOP dividieron el proyecto en dos y para el tramo de Calama sí están en trámite ambiental y para el tramo Carmen Alto - Calama ingresaron solo una pertinencia", dijo.

El edil aseguró que -por ahora- solo buscan ser escuchados. "Debe haber un proceso de participación ciudadana donde se escuche lo que nuestra comunidad quiere decir, ese es nuestro principal objetivo", cerró.

Sorpresa

El pronunciamiento de la SMA sorprendió tanto a la concesionaria como al seremi del MOP, Edgard Blanco.

Desde la primera se limitaron a comentar que "no hemos sido notificados de ninguna información que cambie el actual estatus del proyecto. Como sociedad concesionaria siempre hemos actuado con apego a la legislación vigente. Este es un proyecto que traerá beneficios para la comunidad, por lo que esperamos que se concrete lo antes posible".

Blanco -quien también aseguró no tener información oficial al respecto, adelantó la voluntad del gobierno para aceptar las decisiones de las instituciones pertinentes.

"Si el SEA decide que debemos ingresar al Seia, lo vamos a hacer. Desde un principio hemos dicho que vamos a respetar la institucionalidad ambiental, por ahora el proyecto sigue avanzando", aseguró.

No obstante, la autoridad reconoció que en el supuesto que la iniciativa deba ingresar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), los plazos de ejecución se verán significativamente afectados.

Hay que recordar que a mediados de 2015 el MOP decidió caducar la concesión original de Rutas El Loa -adjudicada al grupo español conformado por la inmobiliaria Alto Andino y la constructora San José- debido a "graves incumplimientos a los plazos contractuales".

La liquidación de ese contrato y los preparativos para la nueva licitación demoraron significativamente este proyecto que -según los plazos del primer concurso- debía estar operativo en 2017.

De acuerdo a las últimas informaciones emanadas desde el MOP, la construcción de este proyecto se iniciaría durante el segundo semestre del próximo año y se espera esté operativo en 2022.