En el marco de la discusión sobre la Ley de Presupuesto 2019, el Senado aprobó, por 18 votos a favor, 16 en contra, dos abstenciones y un pareo la indicación que reduce los gastos reservados del Ejército. La iniciativa, presentada por el senador Juan Ignacio Latorre (RD) busca reducir de $1.444.731.000 a $502.401.000 y de US$2.213.000 a US$107.000 para dejarlas así al nivel de la Armada y la Fuerza Aérea.

Al justificar la presentación de la indicación, el legislador enfatizó en que como Congreso deben ser responsables y apelar a la importancia de contar con mayor transparencia, dado el mal uso de manera histórica que han tenido estos dineros. Además, precisó que es excesivo el porcentaje en gastos reservados si se observa las otras ramas: 0,2% Armada y 0,8% Fuerza Aérea.

La indicación contó con el apoyo de casi toda la oposición. Tras su aprobación, Latorre comentó en Twitter: "Hay leyes de amarre que dejó la dictadura y que en democracia y con casos de corrupción conocidos no se justifican. Probidad, transparencia y control civil de las FF.AA. y Policías".

Con este cambio, ahora será la Cámara de Diputados la que deberá resolver si se aprueba o no esta indicación.

Ley orgánica

Pese a que la Sala la respaldó, esta indicación podría quedar sin efecto debido a que la Ley Orgánica Constitucional (LOC) de las Fuerzas Armadas impide que se rebajen los gastos y establece un "piso mínimo". Según la normativa, esa LOC está por sobre la Ley de Presupuestos.

"Es difícil compatibilizar el estado jurídico constitucional con el estado de ánimo que causan las irregularidades que conocemos. Quiero que se nos garantice que el mensaje que se presentará analizará el nivel de los gastos y la posibilidad de tener un rol más activo como Parlamento", dijo el senador Ricardo Lagos Weber (PPD).

Otra interpretación sugiere que el Tribunal Constitucional tendría que llegar a resolver esta diferencia.

Redacción

La Cámara de Diputados despachó al Senado, con 101 votos a favor, el proyecto que inyecta 10 mil millones de pesos adicionales al Servicio Nacional de Menores (Sename), aumentando en un 25% la subvención a sus organismos colaboradores.

El Gobierno festejó la aprobación del primer trámite constitucional con un abrazo entre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la directora del Sename, Susana Tonda, al que se sumaron congresistas de Chile Vamos.

El monto había sido rechazado en la comisión de Familia, luego se repuso en la comisión de Hacienda y finalmente fue aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados, con los votos en contra de legisladores del PC y el Frente Amplio. La iniciativa pasa ahora a su segundo trámite constitucional en el Senado.

No más clausuras

La finalidad central del proyecto es responder a la urgente necesidad de impedir que, mientras se defina el marco de la nueva institucionalidad relacionada a los menores en estado de vulnerabilidad social, sigan ocurriendo cierres de centros colaboradores del Sename por falta de financiamiento.

En la Sala de la Cámara de Diputados, el tratamiento de la iniciativa fue objeto de un amplio debate, en el que el oficialismo marcó filas en su apoyo y en la urgencia de entregar el aumento de subvención definida, en particular, para evitar que de aquí al próximo año se concreten nuevos cierres de colaboradores que dejen en mayor indefensión a niños, niñas y adolescentes en situación de precariedad o vulneración social.

La oposición se mostró dividida. Mientras algunos legisladores insistieron en una crítica férrea y en llamar al rechazo como forma de reclamo por montos que se estimaron insuficientes y por su asignación a instituciones que no estarían dando el ancho para el cometido que se les encarga, otros, si bien coincidieron en plantear que el avance es aún limitado, reconocieron la capacidad del Ejecutivo para respaldar propuestas de otros sectores y la urgencia de sustentar las operaciones de múltiples instituciones colaboradas.

Aumento de subvención

El costo que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en lo que falte, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.

En los años siguientes, los recursos se consultarán en la Ley de Presupuestos del Sector Público respectivo.

Para declarar ante el fiscal Jorge Escobar como imputado por presunto encubrimiento de abusos sexuales en la Diócesis de Valparaíso y en la investigación contra el excapellán del Ejército Pedro Quiroz, el obispo emérito de Valparaíso, Gonzalo Duarte García de Cortázar, llegó ayer hasta la Fiscalía Regional de O'Higgins, según informó Cooperativa.

A su llegada al Ministerio Público, apuntó que "la denuncia sobre Pedro Quiroz llegó el año 2001 y yo fui obispo castrense hasta el 27 de noviembre de 1999, o sea, llegó, y dice ahí mismo en el legajo, que la recibió don Pablo Lizama. En Valparaíso yo hice todo lo que estimé que tenía que hacer, o sea, investigar y no tapar".

El religioso ya había asistido a la Fiscalía de O'Higgins el pasado 22 de octubre, oportunidad en la que tuvo acceso a la carpeta investigativa del caso.

Suspensión de traslado

En otro plano, la Corte de Apelaciones de Rancagua suspendió la audiencia de traspaso de la investigación contra el excanciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz Toledo, luego de que en octubre pasado el Tribunal de Garantía local se declarara incompetente en la causa, debido a que la Fiscalía presentó una recusación por inhabilidad de dos ministros del tribunal de alzada.

El asesor jurídico del Ministerio Público de O'Higgins, Octavio Roco, explicó que "la recusación reclama que hay algún elemento, algún antecedente que resta objetividad o imparcialidad al juez o el ministro que debe conocer el asunto".

Este hecho se da en medio de la fuerte tensión con el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quien acusó que la hija del ministro Marcelo Vásquez fue contratada por distintos juzgados en O'Higgins, mientras que los magistrados solicitaron al fiscal nacional, Jorge Abbott, la remoción de Arias de su cargo.

La justicia condenó a una estudiante de Derecho que denunció un presunto abuso sexual por parte de un exfuncionario del Ministerio Público en la Región de Los Lagos, según informó Radio Biobío.

Se trata de una joven que acusó en 2016 haber sido agredida sexualmente en un hostal por dicha persona, lo que no prosperó en tribunales y decantó en el sobreseimiento del acusado.

Posteriormente, el hombre se querelló contra la estudiante, quien ahora está condenada por denuncia calumniosa.

Desde el Ministerio Público se informó que los antecedentes recopilados durante la investigación, que daban cuenta de una violación en primera instancia, corresponden a una relación sexual consentida entre ambas personas.

Penas que arriesga

Gonzalo Castro, abogado defensor de la joven, dijo que aún desconocen los fundamentos de la condena y manifestó que están muy sorprendidos con el veredicto de la justicia penal, ya que, según añadió, los requisitos del delito no habían sido acreditados.

La joven estudiante arriesga penas de tres años de presidio a cinco años de privación de libertad.