Gobierno adelanta iniciativa que moderniza policías
TRANSPARENCIA. Incluye dotarlas de controles internos y externos.
Ayer, el Gobierno decidió adelantar el envío del proyecto de ley que moderniza la institucionalidad de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.
El ingreso del texto al Congreso ocurrió tras el comité político llevado a cabo por el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros, instancia que incluyó al titular del Interior, Andrés Chadwick.
Programas a 8 años
La iniciativa busca, entre otros aspectos, que Carabineros, a través de su general director, entregue programas a ocho años tanto en materia administrativa como operativa, motivo por el cual el Ejecutivo ingresó la medida a través del Senado.
En el escrito, el Gobierno aseguró que "el trabajo de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública ha sido reconocido positivamente por la ciudadanía", pero también admitió que "esta prestigiosa imagen" se vio bastante dañada con ocasión de los denominados "Caso Fraude" y "Operación Huracán".
El Ejecutivo añadió que ello lo emplaza "a legislar y a tomar otras medidas de orden administrativo para superar las brechas y los vacíos que hacen de las instituciones policiales organismos vulnerables y expuestos a la acción inescrupulosa de quienes se alejan de la tradición policial chilena de honor y probidad".
Perseguir "excesos"
A juicio del Gobierno, es fundamental "dotar a las instituciones policiales de controles internos y externos, con miras a perseguir y sancionar excesos en la función policial", además de conductas que se alejen de los "estándares de probidad y transparencia".
El proyecto tiene cinco artículos permanentes y dos transitorios, y entrega a la Subsecretaría del Interior el control de los dineros destinados a las instituciones policiales. Estas "le deberán rendir cuenta del uso y disposición de su presupuesto, con una periodicidad al menos semestral".
Sumado a lo anterior, el proyecto ordena la creación de comités de auditoría policial en cada institución, integrados también por miembros de Interior y Hacienda; y la rendición de gastos reservados "a la forma prevista en la Ley número 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de Gobierno y cargos críticos de la administración pública".