Valeria Barahona

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, visitó ayer las plantaciones de arándanos en Parral, Región del Maule, afectadas por la lluvia y los granizos de esta semana. "Es importante que los agricultores se informen de los seguros que tienen disponibles", dijo el secretario de Estado al interior de un predio cubierto por una de las principales exportaciones de Chile a China.

"Es importante que los agricultores se informen de los seguros que tienen disponibles, porque cada día es más difícil tener un año normal, porque el cambio climático llegó para quedarse, entonces, nuestro ministerio está promoviendo que los agricultores tomen polizas de seguros. En estos siete meses, hemos incrementado más de un 40% la adquisición de polizas de seguros agrícolas gracias a la promoción que estamos haciendo a través de Agroseguros, entonces, el llamado es a utilizar las herramientas que están a disposición para asegurarnos", sostuvo la autoridad.

El servicio, dependiente del Gobierno, se dedica a proteger las siembras financieramente, así como "a capacitar a los agricultores en su adquisición", señaló Walker.

Cambio climático

El ministro aseguró que en los últimos estudios del Gobierno se ha detectado la necesidad de proteger a los agricultores ante el cambio climático, cuyos efectos se han mostrado durante los últimos años.

"Desde que llegamos al Gobierno, tomamos la decisión, dado los estudios climáticos que hemos hecho, que queremos asesorar al productor agrícola para bajar el riesgo en un negocio que es de por si riesgoso. Nosotros tenemos un subsidio para las polizas de seguros, subsidiamos las polizas hasta un 90%, entonces llamamos a ocupar estos instrumentos que tiene el ministerio, ya que muchas veces no tenemos información", explicó el técnico agrícola.

El secretario de Estado informó, además, sobre las acciones que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) está evaluando para apoyar a los pequeños agricultores y reiteró el llamado a la banca a que apoye a los agricultores del segmento mediano dañado por este fenómeno climático.

El ministerio estimó que hay alrededor de 32.600 hectáreas afectadas entre Maipo (Región Metropolitana) y San Carlos (Ñuble), de las que 4.220 hectáreas han sido declaradas como pérdida total. Estos cultivos significan entre US$170 y US$220 millones.

Ha surgido con fuerza la idea de incorporar aspectos relativos al financiamiento de gobiernos regionales en el proyecto de modernización tributaria, los cuales prontamente contarán con gobernadores electos por la ciudadanía.

Algunos han planteado la opción de impuestos regionales, ya sea en forma de impuestos de cobro regional o bien de coparticipación tributaria de impuestos fijados a nivel central. Pero ¿es ello una respuesta adecuada al problema que se busca hacer frente, la dependencia fiscal respecto del gobierno central? Al observar la realidad de los países de la OCDE se concluye que no existe una única forma en materia de descentralización fiscal.

De acuerdo con distintos indicadores de actividad económica por regiones, se observa que ésta se concentra en algunas regiones del país, por lo cual resulta probable que la gran mayoría de ellas no contará con una base tributaria lo suficientemente sólida como para recaudar recursos en forma significativa y, por ende, continuarían dependiendo de los recursos transferidos desde el gobierno central. En ese contexto ¿resultaría conveniente contar con impuestos regionales tomando en cuenta los costos que ello generaría en términos, por ejemplo, de hacer más compleja la administración tributaria en Chile en momentos en que precisamente lo que se busca simplificarla?

Lo que sí se debe considerar en la discusión, es que desde regiones no se encuentran alineados los incentivos para que los gobiernos regionales tomen medidas tendientes a atraer y desarrollar una mayor actividad económica. En los próximos años, los gobiernos regionales deberán aprobar los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT). Éstos buscan orientar la utilización del territorio de la región para, de acuerdo a la ley que los crea, lograr su "desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio". Estos instrumentos pasarán a ser claves en el desarrollo económico de la región, pudiendo ser facilitadores como también obstructores del mismo.

El fenómeno de los NIMBY ("not in my backyard", en español "no en mi patio trasero") pudiera obstaculizar el desarrollo económico de la región, ya que las autoridades regionales fácilmente pueden ceder a las presiones de los NIMBY al momento de elaborar los PROT por no percibir un costo de oponerse a la instalación y desarrollo de nuevas actividades.

Con el fin que los gobiernos regionales perciban beneficios a partir de la instalación de distintas actividades en sus territorios, lo que se propone es que un monto similar al 1% de la inversión realizada en activo fijo por un privado debe ir en beneficio directo a obras de infraestructura en la región, aportes que deben ser descontados de los impuestos de primera categoría de las empresas. Orientar estos recursos hacia la ejecución de proyectos priorizados por las autoridades regionales, que también pueden ser cofinanciados con fondos públicos. De esta forma, el gobierno regional se beneficiaría directamente de la mayor ejecución de proyectos en su territorio, promoviendo la instalación responsable y sustentable de industrias y actividades en la región.

Cabe hacer presente que una reforma de esta naturaleza debe también realizarse en conjunto con un rediseño a los actuales fondos que transfieren recursos desde el gobierno central al regional, cerrando todo espacio de discrecionalidad que hoy tiene la autoridad central, así como también contar con normas de transparencia y responsabilidad fiscal.

Bettina Horst