El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, confirmaron que próximamente el Gobierno ingresará un proyecto para incorporar la tipificación de los delitos ambientales, en el actual Código Penal.

Esta información se la dieron a un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional, que fue hasta La Moneda para reunirse con ellos. La comitiva la conformaron los diputados Andrés Longton, Andrés Celis, Sebastián Torrealba, Marcela Sabat y Karin Luck.

Esto, luego de que anteriormente, los parlamentarios -a nombre de la bancada- entregaran al ministro Segpres, una carta dirigida al Presidenta Sebastián Piñera, solicitando esta tipificación sobre la base de la deuda histórica que mantiene Chile con la protección del medio ambiente, y la urgencia de aumentar las penas para que no se repitan situaciones como las que, durante el último tiempo, han afectado gravemente a los habitantes de Quintero y Puchuncaví.

reacciones

El diputado por el distrito 6, Andrés Longton, quien en el pasado mes de septiembre ingresó un proyecto de ley al respecto, manifestó que "si bien, en un principio se pretendía incorporar los delitos medioambientales en el nuevo código penal que aproximadamente en enero entraría al Congreso, nosotros solicitamos al Gobierno hacerlo dentro del actual, ya que la tramitación de un nuevo código tarda años".

Agregó que "hoy (ayer) hemos tenido muy buenas noticias, ya que el Presidente y sus ministros, haciendo eco de una necesidad urgente que tiene nuestro país de regular los delitos ambientales, nos señalaron que tienen presupuestado ingresar próximamente un proyecto mediante una indicación sustitutiva, para tipificar este tipo de delitos tomando en cuenta los proyectos que hemos presentado como Renovación Nacional".

Por su parte, el diputado por el distrito 7, Andrés Celis, enfatizó que "un mensaje muy claro y directo: en base a esta modificación, al que contamine, no le va a salir gratis. Todo aquel que atente en contra del medio ambiente, deberá pagar con penas de cárcel que irán más o menos entre 541 días y 10 años, independiente de que se trate de un trabajador, un gerente, un director. Aquel que infrinja la ley ambiental irá a la cárcel".

Andrés, Celis, Diputado, RN"

"En base a esta modificación, al que contamine, no le va a salir gratis. Todo aque que atente en contra del medio ambiente, deberá pagar con penas de carcel"."

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, acudió ayer al Tribunal Constitucional (TC) para presentar un requerimiento contra el protocolo de objeción de conciencia elaborado por el Gobierno para el aborto en tres causales.

De acuerdo al reglamento publicado en el Diario Oficial hace nueve días, quedan excluidas las instituciones de salud privadas que reciban aportes del fisco para atenciones de obstetricia y ginecología.

actitud totalitaria

"El Estado pone de rodillas, chantajea y obliga a hacer cosas que no corresponde", afirmó la senadora tras presentar el requerimiento firmado también por senadores de RN, acusando además una "actitud completamente totalitaria", pues el Estado "lo que está haciendo es correr la barrera del límite en la intromisión de los privados".

"Estamos defendiendo que la ley se aplique dentro de los marcos que la Constitución regula y que no obliguen a las personas. Si el Estado te puede obligar, solo por dar plata, a hacer cosas con las que no estás de acuerdo, empezamos a abrir puertas que difícilmente se pueden cerrar", agregó. La senadora también respondió a quienes la acusan de vulnerar los derechos a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, como exponen organizaciones pro aborto: "Los respetamos absolutamente, pero los derechos de uno terminan donde comienzan los de otros. Creemos en el derecho del que está por nacer y por eso votamos en contra" (del proyecto), recordó.

Además apuntó contra el contralor Jorge Bermúdez, a quien acusa de excederse en sus funciones. "Lo que no puede hacer es cambiarla mañosamente a través de interpretaciones, generando y vulnerando derechos".

La Contraloría aprobó el último reglamento que presentó el Ministerio de Salud, tras establecer que se resolvieron las observaciones que formuló a los cambios que introdujo el propio titular de la cartera, Emilio Santelices, al que ya existía y que "no se ajustaban a derecho".

El reglamento de la Ley de Aborto en tres causales comenzará a regir el próximo 7 de noviembre, y establece la forma en la que personas e instituciones pueden negarse a interrumpir embarazos.