Jonathan Mondaca Escobar
La venta de derechos de construcción en el Cementerio Municipal con ganancias que no ingresaron a las arcas del ayuntamiento, abarca un periodo más extenso del que consignó el año pasado un informe de Contraloría.
La investigación especial del organismo se centró en el periodo entre 2015 y 2017, descubriendo un fraude de recursos fiscales por $269 millones, aunque más tarde la PDI precisó que el monto ascendía a $317 millones.
En sus conclusiones, la Contraloría recomendó al municipio realizar más indagaciones sobre el tema, debido a la cantidad de irregularidades detectada solo en esos dos años, junto con iniciar acciones legales.
La alcaldesa Karen Rojo ordenó a la Dirección de Control del municipio elaborar un reporte sobre la administración del cementerio entre los años 2011 y 2014, lo que finalizó con al entrega de un documento titulado "Auditoría sobre recaudación de ingresos por concepto de ventas de derechos de terrenos y construcción".
En los resultados, la directora de Control Municipal, Cecilia Aqueveque, informó que el "Cementerio Municipal sufrió un detrimento a su patrimonio por un monto de $20.476.539, producto que no fueron ingresados a la cuenta corriente municipal derechos recaudados durante los años 2011 y 2013".
Adulteración de caja
La auditoría de Control detalló que esto se concretó con la adulteración de la caja diaria, que registraron con valor $0 comprobantes de recaudación que fueron pagados pero no se encontraban anulados.
Lo anterior ocurrió con 17 comprobantes de 2011, equivalentes a $13.422.988. A esto se suman ingresos a la cuenta corriente municipal por montos menores a los recaudados y contabilizados en las caja diaria en 2011 y 2013, por un total de $7.053.551.
El informe también advierte que la municipalidad dejó de percibir recursos debido a cobros inferiores por ventas de terreno y construcciones con un tamaño mayor al terreno adquirido.
En aspectos administrativos, existen 930 comprobantes de recaudación sobrantes (años 2011, 2012 y 2013) cuyo destino final se desconoce.
Estos documentos deben manejarse con estrictas normas de seguridad "para evitar usos indebidos", detalló la auditoría. En la práctica esto quiere decir que los comprobantes que sobran de un año podrían ser utilizados para vender terrenos o derechos de construcción en periodo posterior, hecho que no quedaría registrado en el folio del año en curso.
También se señala la pérdida de carpetas de construcción y otras con documentación incompleta. Al mismo tiempo, hubo falta de rigurosidad en la exigencia de los plazos para iniciar las obras de construcción en el cementerio, por lo que el plazo promedio en el comienzo de los trabajos era de dos años.
Este punto deslizaría las denuncias sobre especulación de terrenos, donde particulares compran varios paños para revenderlos o construir nichos y traspasarlos a terceros.
Figuran siete reubicaciones de terreno sin debida justificación, lo que implicó una vulneración de los derechos de los propietarios.
Incluso, ante la ausencia de los comprobantes de recaudación por adquisición de terrenos entre 2011 y 2014, se respaldaba con un certificado confeccionado por el administrador de la época. Según la Dirección de Control, esto no es admisible, ya que el único documento válido es el comprobante.
Entre 2012 y 2017, el administrador del camposanto era Misael Cortés, quien fue formalizado por el delito de fraude al fisco junto a otros dos implicados.
Cde
El concejal RN Luis Aguilera entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que "el trabajo mandatado por la Contraloría deja en evidencia nuevas irregularidades".
"Lo que me parece más grave es que en el informe aparecen funcionarios municipales que compraron terrenos, justificados en un mausoleo familiar. Pero al darme el trabajo de revisar en el cementerio, figuran nombres de personas que no guardan relación con los funcionarios", sostuvo el edil.
Respecto a ello, Aguilera solicitó que la Contraloría investigue, ya que "uno de estos funcionarios trabaja con una de las empresas que está siendo investigada por los casos de fraude en el cementerio".
Los hechos que indaga la Fiscalía fueron descubiertos en 2017, debido a una denuncia del concejal Aguilera, tras un pago de la Sociedad Helénica en 2015 que no ingresó a la cuenta del municipio, pero que fue cobrada personalmente por el administrador de la época.
Luego hubo una investigación de Contraloría y el 25 de julio, el Ministerio Público formalizó a tres personas por el fraude de $317 millones.
