Pablo Orellana G.

El arreglo y mantención de 17 cámaras de televigilancia en Calama, que apoyan el trabajo policial, se encuentra paralizado luego de los cuestionamientos que algunos concejales han efectuado al proceso de licitación.

Ellos, solicitaron un informe a la dirección de Control del municipio, el cual respondió a los requerimientos de los ediles emitiendo un documento que precisa una serie de irregularidades al momento de efectuar dicho procedimiento administrativo. A través de ocho evaluaciones la dirección de Control advierte problemas en la adjudicación de la licitación a la empresa Terranort.

Precisamente, el documento en su segundo punto, precisa que la "inadmisibilidad de la oferta A, de las bases administrativas especiales, y teniendo en cuenta que la Comisión de Apertura observó a los cuatro proveedores, otorgándoles un plazo de 48 horas para salvar omisiones, de acuerdo a lo estipulado en el punto número 15.1 (estados financieros), no siendo presentado por ninguno de los oferentes".

Agrega que "se observa además que la Comisión Evaluadora, solicita documentos faltantes, incurriendo en un error, toda vez que el punto número 16 -de la evaluación de las ofertas-, de las bases Administrativas Especiales, define expresamente en su sexto párrafo que 'La Comisión Evaluadora podrá, por escrito con posterioridad al acto de apertura de la propuesta, aclaraciones o información anexa sobre la propuesta presentada", dice el texto enviado a los concejales.

Desierta

De igual forma, el departamento de Control declara 'desierto' el procedimiento de licitación y advierte también que "esta dirección observa que los fondos fueron transferidos por la subsecretaría de Prevención del Delito el 29 de diciembre de 2017, no obstante el proceso de licitación se realizó con fecha del 16 de agosto del 2018, habiendo transcurridos siete meses sin haber efectuado ningún trámite licitatorio, considerando que la vigencia del convenio expira el 31 de diciembre próximo, es decir un poco más de dos meses para ello, lo que conlleva una falta de eficiencia por parte de la unidad técnica encargada", precisa el documento.

La presidenta del concejo municipal, Dinka López, cuestionó la falta de prolijidad de la administración municipal en torno a este tema, comentando que "al declararse desierta se debe iniciar un nuevo proceso, el cual es burocrático y demorará un tiempo, que aún no sabemos y que ejemplifica la seriedad de esta administración a un tema tan importante como lo es la seguridad pública", dijo la edil.

Agregó que "esto a mi parecer debe ser investigado a través de un sumario en la secretaría comunal de Planificación (Secplac) y en el propio subdepartamento de Seguridad Pública, porque al final pierde Calama y sus habitantes con este tipo de desidias", dijo la concejala.

De acuerdo a la licitación que ya había sido entregada la empresa Terranort tenía un plazo de 50 días para efectuar las obras y por un monto de 44 millones de pesos para la mantención de las cámaras y arreglos de los dispositivos que serían, algunos, reubicados en distintos puntos del centro y de sectores de alta actividad delincuencial en la ciudad.

El senador (PS) y exministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, se refirió ayer al inventario de glaciares presentando internacionalmente por Argentina, donde aparece una zona del Campo de Hielo Sur que aún está pendiente de delimitación con Chile. Ante ello, el miembro de las comisiones de RR.EE. y Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales, pidió no enviar notas de protesta, sino que "fijar bien el límite".

La controversia fue desatada porque el Gobierno de Mauricio Macri presentó en Perú un documento donde sostienen que Argentina es poseedora de 3.421 kilómetros cuadrados en el Campo de Hielo Sur -ubicados entre las regiones de Aysén y Magallanes, por el lado chileno -, incluyendo 1.441 kilómetros cuya soberanía todavía no es acordada por La Moneda y la Casa Rosada.

La Cancillería, en tanto, informó a Emol del envío de una nota a Argentina consultando por la situación, ante lo cual la respuesta fue: "(Se) reprodujo mapa de antes del Acuerdo de 1998, en espera de cartografía que haga la Comisión Mixta de Límites". RR.EE. revisó el inventario y señaló, además, que en las zonas demarcadas no hay diferencias, por lo que el ministerio atribuye el problema a una diferencia de escala cartográfica.

El senador dijo que "el mapa lo que tendría que hacer es mostrar lo que está demarcado, falta ya solamente hacer el límite y lo que falta: todavía fijar bien el límite. (...) Ahora yo creo que hay que eso hacerlo luego, creo que estamos en un buen momento porque la verdad los temas pendientes limítrofes que tenemos con pendiente Argentina y con Bolivia, ya no queda ningún problema. Lo que esté pendiente entre Argentina y con Perú podría ser resuelto fácilmente por la vía de la negociación y yo creo que eso ya es bueno terminarlo".

Insulza era canciller cuando se firmó el Acuerdo de Límites de 1998, entre los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Carlos Menem, pero reconoció desconocer los avances hechos por la Comisión Mixta del Congreso durante esta década. Sin embargo, recordó que Chile tiene a su haber más de 7.000 kilómetros cuadrados de glaciares, mientras que Argentina reclama alrededor de unos dos o dos y medio. "Eso sería lo que tendría alguna superposición. Terminemos con esa superposición y ya fijemóslo de una vez por todas. No podemos seguir eternamente en la política del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. (...) Yo no haría notas de protestas. Yo haría propuestas de que esto sea aclarado", afirmó.

Los desastres y las situaciones de riesgo causadas por fenómenos naturales son comunes debido a la geografía de Chile, por la que somos propensos a terremotos, lluvias y hasta sequías que moldean la manera en la que habitamos el país. Por esto, se ha construido una cultura de prevención ante las fuerzas de la naturaleza que de forma constante se manifiestan, donde la población reacciona de manera óptima ante emergencias naturales. Sin embargo, ¿Chile enfrenta de la misma manera los riesgos causados por el ser humano?

El caso de Quintero y Puchuncaví es el ejemplo perfecto de este tipo de desastres, porque se conjugaron varios factores para que esta zona de la Región de Valparaíso sufriera una emergencia medioambiental y sanitaria de envergadura.

La situación de la zona de Valparaíso se enmarca en la definición de un desastre antrópico, pero aseguró estar sorprendida con la reacción de las autoridades ante la emergencia: Llama la atención que no se haya asumido la responsabilidad y el liderazgo en el combate de esta emergencia. Al contrario, los ministerios se traspasaban la responsabilidad mutuamente, perdiendo el foco de lo realmente importante que son las personas afectadas.

Asimismo, hay otros elementos que son primordiales para entender la gravedad de la situación, y demuestran la poca experiencia que tiene el país lidiando con los desastres producidos por el ser humano, como la poca fiscalización y falta de marco regulatorio, ya que, luego de la emergencia llegan los balances concluyendo una legislación débil y carente de aristas que la hagan más competente. Si bien en el caso de Quintero esta tónica se repite, se debe mirar en detalle para poder entender cómo se produjo esta situación.

El primer punto que se debe analizar es la vigencia de la legislación medioambiental, porque las normativas de Medio Ambiente datan de 1994 y no son retroactivas, es decir, todo lo que se instaló antes no se encuentra cubierto por la Ley de Medio Ambiente y, teniendo en cuenta que el cordón de Quintero funciona desde 1960, es un tema que definitivamente contribuyó a la emergencia.

No existió una planificación territorial ni de la municipalidad, ni del Ministerio de Vivienda y Urbanismo quienes son los que aprueban los instrumentos de ordenamiento territorial, porque si se analiza la distribución de la ciudad, el cordón industrial se encuentra muy cerca de las zonas urbanas.

Hace falta una Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) empoderada que tenga la potestad de fiscalizar y controlar a los organismos que integran el Servicio de Protección Civil. La Onemi en este minuto participa solo como coordinador de recursos, no puede imponer ni obligar a ningún servicio, solo debe apuntar a la voluntad para que ellos quieran realizar medidas preventivas y en el caso de respuesta.

Fabiola Barrenechea