Israel envió ayer al jefe de su Fuerza Aérea a Moscú para dar explicaciones sobre el derribo el lunes de un avión ruso con 15 militares a bordo por fuego sirio que respondía a un ataque israelí, lo que ha provocado una crisis y hace temer por una pérdida de margen de actuación militar israelí en Siria.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló el martes con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, para calmar las aguas después de que el titular de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, acusara a Israel de una "provocación deliberada" que habría causado la caída del avión.

Netanyahu envió ayer a la capital rusa al teniente general Amikam Norkim, comandante de la Fuerza Aérea, al frente de una delegación militar que también incluía a oficiales de la Brigada de Cooperación Internacional y de la Dirección de Inteligencia y de Operaciones, para ofrecer la información de la que disponen, que consideran exculpatoria.

Avigdor Lieberman, el ministro israelí de Defensa, afirmó ayer que "está dispuesto a dar a los rusos toda la información" y declaró: "No tenemos nada que esconder, actuamos como siempre lo hacemos".

Los ánimos rusos parecieron calmarse tras la conversación entre Netanyahu y Putin, que fue seguida por declaraciones de este último atribuyendo la muerte de los 15 militares a "una trágica cadena de accidentes".

Pero el lenguaje de Moscú volvió ayer a ser muy duro en términos diplomáticos con un mensaje de la embajada rusa en Tel Aviv, que declaró que "Moscú ve como irresponsables y no amistosas las acciones de la Fuerza Aérea de Israel, que expusieron al avión Il-20 ruso al peligro y llevaron a la muerte de 15 hombres en servicio".

"Rusia tomará todas las medidas necesarias para eliminar la amenaza a la vida y seguridad de nuestros militares que luchan contra el terrorismo", advirtió.

Israel, por su parte, asegura que no cambiará su comportamiento en Siria y que seguirá actuando para evitar que Irán y la milicia chiíta Hizbulá se instalen en ese país y posicionen misiles de alta precisión que podrían ser usados para atacar su territorio, pero también está interesado en continuar la coordinación en materia de seguridad con Moscú y necesita que esta crisis sea superada.

Amnistía Internacional (AI) publicó ayer su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y asegura que se habrían registrado 8.200 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017.

La cifra fue revelada en el reporte "Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela", realizado por la ONG y que recopila una serie de datos entregados por fuentes oficiales y no oficiales. El número de supuestas ejecuciones extrajudiciales fue brindado por la Fiscalía General de la República, en funciones hasta 2017, cuando fue removida por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, de corte oficialista.

El informe también asegura que en 2016 se registraron 21.752 asesinatos y entre 65.000 y 87.000 afectados por la violencia. Mientras, en 2017 - según organizaciones no gubernamentales en la zona - la tasa de homicidios fue de 89 casos por cada 100 habitantes. Una cifra que supera lo publicado por el Gobierno venezolano, que sostiene que fueron 62 personas por cada 100 mil habitantes.

Para la ONG, Venezuela "parece estar atrapada y sin salida" en una realidad de violencia sólo superada a nivel mundial por Siria, que padece un conflicto bélico desde 2011. "El número de homicidios en Venezuela es superior a los que tienen países en guerra", afirmó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.