En la regulación jurídica de la infraestructura nacional, aquella parte del Derecho económico que se hace cargo de las normas que regulan el deber del Estado de garantizar servicios públicos básicos para el adecuado funcionamiento del proceso productivo, tales como; servicios sanitarios, energía, telecomunicaciones, logística (puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas y trenes), se parte de la base que estamos ante un área, que por su propia naturaleza, requiere de economías de escala y gran inversión en bienes de capital.

Por lo mismo, todo Gobierno, al encarar el asunto, se enfrentará a la decisión política-económica de; o proveerlo como Estado, financiándolo con cargo a impuestos, o entregarlo a los privados, es decir, a una empresa autofinanciada que actúe bajo la regulación de la Autoridad.

Cuando se opta por la segunda vía, el gran desafío es la de fijar balanceadamente el valor optimo del servicio, que tome en cuenta beneficios para la empresa concesionaria, el Estado, los destinatarios del servicio y las comunidades locales afectadas por sus externalidades, como asimismo controlar la calidad de la prestación, incentivar la inversión, todo con la debida fiscalización para mantener los estándares deseados.

En efecto, la cooperación pública-privada está en la raíz del sistema chileno de regulación de la infraestructura. Tal sistema, involucra definición de sujetos responsables, de grados de responsabilidad y de formas de cumplimiento específico: a) el Poder ejecutivo, a través de un Ministerio sectorial, cuya responsabilidad es garantizar el acceso al servicio público y su forma especial de cumplimiento es la planificación, b) el privado que se adjudica la concesión, cuya responsabilidad es la prestación del servicio y su forma especial de cumplimiento es la inversión y administración de éste, y c) las agencias estatales regulatorias cuya responsabilidad es el control-sanción y su forma especial de cumplimiento la verificación del acatamiento técnico-normativo.

En la pugna por el Puerto de Antofagasta y en general de la contaminación de nuestras localidades, el problema base ha sido el de balancear los beneficios para la comunidad afectada por las externalidades, lo que no se soluciona sólo a punta de multas (que van a parar al Estado central), clausuras (que precarizan la economía local), o mera beneficencia pública (que se confunde en donar por contaminar), sino que con medidas paliativas o de solución efectivas contra las referidas externalidades. Dichas medidas deben ser financiadas en la misma lógica de cooperación pública-privada del sistema, y por la naturaleza regional del asunto, deben ser gestionadas a nivel local, para que las "autoridades locales" puedan efectivamente cooperar directamente con los "privados locales" y los "grupos intermedios locales", para contener, y si es posible, eliminar las externalidades del proceso productivo minero, que a su vez es generador de gran parte de la riqueza que va a parar al erario nacional.

Por lo anterior, esta discusión, antes que ser una fuente de réditos para carreras políticas cimentada en la creación de enemigos, debe transformarse en una oportunidad para que representantes de la soberanía local (parlamentarios, cores, alcaldes, concejales) unidas a la sociedad civil, exijan autonomía financiera para hacerse cargo del problema, para que pujen por un "Fondo especial de descontaminación, investigación y atención contra enfermedades provocadas por ésta", con cargo al actual royalty minero, que beneficie directamente a las regiones mineras, que sea administrado por un órgano público-privado materialmente descentralizado con sede en la Región, que contemple que parte sustancial de lo recaudado en la actividad productiva de la región se quedará acá y se invertirá efectivamente para frenar la contaminación y tratar a las personas y hábitats afectadas por ésta.

No hacerse cargo de esta urgente necesidad de política pública implicará mantener los índices de contaminación, el cáncer y las muertes, provocadas por éste, que como sabemos, no distingue, afecta a ricos y poderosos, como al más humilde de los habitantes de nuestra Región.

Prof. Derecho económico Universidad de Antofagasta

Luis Varela Ventura

Ricardo Pinto Neira

Evitar el bochorno del proceso anterior -con listas armadas un día antes, con integrantes que no estaba informados y sin proyecto deportivo-, conseguir u aumento significativo en la participación de los socios tanto en asambleas como en la votación misma, así como generar una mayor participación de candidatos a la directiva del club es lo que busca la comisión electoral en Cobreloa.

Por ello, en silencio y con el trabajo mancomunado de la comisión de ética y un integrante de la "faltante" comisión revisora de cuentas, el grupo de nueve socios ya confeccionó el proyecto para materializar la elección durante este año.

Será en diciembre. "Depende todo de cuándo termine el campeonato porque si bien son cosas distintas, entendemos que no sería muy prudente hacer elecciones cuando Cobreloa aún este jugando el torneo", especifica Fernando Ramírez, presidente del comité.

Y efectivamente, el organigrama que se presentó a la directiva loína para ser aprobado -las comisiones esperaban "luz verde" en agosto según Ramírez pero sólo se dio el visto bueno el pasado miércoles- contempla dos fechas tentativas: el 3 o el 15 de diciembre, dependiendo de si el equipo juega la liguilla o no.

La idea de la comisión electoral es dar a conocer la apertura del proceso antes de que esto se materialice tras la asamblea solicitada para el 1 de octubre, eso porque "nos hubiera gustado tener más tiempo para la apertura del plazo para inscribir listas pero debido a que no se aprobó antes pro parte del directorio, sólo habrá 15 días para inscribirse en la fase previa. Si se conoce desde ya, los interesados pueden comenzar a elaborar sus respectivas listas y llegar conformados al plazo definitivo".

Cambio

Si bien hasta la última elección se respetaba el formato de siete componentes por listado, los que pasaban a la aprobación y verificación de requisitos por parte de las comisiones, esta vez se instaura una modificación que alienta a la participación mayor.

"Vamos a permitir que las listas traigan postulantes suplentes. Con ello les damos la opción de que en el caso que uno de los integrantes sea objetado, la lista pueda reemplazarlo y seguir adelante en el proceso", comenta Ramírez, quien especifica que como en la fracasada jornada de abril pasado, todo grupo que quiera ir en la papeleta de elección debe entregar un proyecto deportivo.

Por lo mismo, el presidente de la comisión electoral detalla que "Cobreloa debe propiciar las instalaciones para que todas las listas postulantes, una vez superada la etapa de inscripción puedan presentar sus proyectos en una rueda de prensa conjunto, convocada por el club. Lo que buscamos es entregarle todas las herramientas al socio para que vote informado y así terminar con los 'amiguismos', con el socio que vota por el compañero de trabajo que compromete la empanadita o el permiso laboral".

Plazo

Será la asamblea del 1 de octubre la que confirme las fechas definitivas del proceso, aunque está claro que serán 15 días hábiles para inscribirse, otros 15 para aprobar u objetar listas y candidatos y uno tercer período de casi un mes para que los grupos postulantes hagan su campaña oficial.

El desafío es alto. "Queremos que si el padrón electoral es de 3 mil socios habilitados, ojalá tengamos al 90% de ellos emitiendo su sufragio", concluyó Ramírez.

de octubre debiese ser la asamblea de socios donde se apruebe el organigrama final de elecciones. 1

de diciembre son las fechas definitivas en que se realice el proceso de renovación directiva. 3 o 15