Agencias

El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, llamó ayer al Congreso a aprobar las reformas constitucionales destinadas a combatir la corrupción y amenazó con disolver el legislativo si éste no acepta sus propuestas.

En un mensaje por televisión, Vizcarra advirtió que en caso de demoras del Congreso para aprobar su paquete de reformas políticas y judiciales, planteará la llamada "cuestión de confianza", un norma constitucional que abre la vía para disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas.

"Respetuoso de la Constitución Política del Perú, que juré respetar y hacer respetar; acudo a ella, poniendo como testigos a todos los peruanos e invoco la aplicación de su artículo 133 'Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República', para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso", dijo Vizcarra.

fujimorismo

El Congreso peruano está dominado por la oposición fujimorista, que mantuvo acorralado al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, durante sus 20 meses de mandato hasta que consiguió su renuncia, el pasado 21 de marzo.

Por su parte, una suerte de "luna de miel" entre Vizcarra y el partido de Keiko Fujimori terminó abruptamente hace casi dos meses, precisamente por el empeño del Presidente de impulsar las reformas constitucionales, que junto con depurar el Poder Judicial, de paso amenazan el poder del fujimorismo en el Parlamento.

"Las tan necesarias Reforma Política y Reforma del sistema de Justicia son Cuestión de Estado, y como tales prioritarias para el poder Ejecutivo" para acabar con la corrupción, expresó Vizcarra, quien cumple seis meses de mandato el domingo.

sesión extraordinaria

Para avanzar en la reforma, el Mandatario anunció que convocará al Congreso a una sesión extraordinaria este miércoles para que aborde su propuesta de reforma constitucional, lanzada en respuesta al escándalo de audios de jueces traficando influencias y vendiendo sentencias, que conmociona al país desde hace dos meses.

Vizcarra, quien el 28 de julio anunció que quiere que su reforma sea aprobada en un referéndum este mismo año, agregó ayer e su mensaje al país que espera convocar a un consulta popular el próximo 8 de diciembre, en coincidencia con la segunda vuelta de los comicios de gobernadores (la primera ronda será el 7 de octubre).

El Vaticano -a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe- ordenó la suspensión por 10 años del sacerdote español José Manuel Ramos, quien fue acusado de cometer abusos sexuales hace 35 años en un colegio de la provincia de Zamora.

Durante el período de castigo, el religioso deberá residir en un monasterio o convento fuera de la Diócesis de Astorga, en donde hasta ayer ejercía, y después podrá vivir en la casa sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa, explicó ayer el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez.

Además, dijo que el órgano de control ortodoxo de la Santa Sede decidió imponer el castigo luego de realizar una investigación interna y concluir que Ramos "había cometido un delito grave de abuso sexual a menores" entre 1981 y 1984.

Los hechos se conocieron después de que un exalumno denunciara, en febrero de 2017, que había sido víctima de abusos cometidos por el sacerdote ahora apartado de sus funciones. El obispo Menéndez manifestó que informó de la resolución al sacerdote y al denunciante, a quien también le expresó su dolor por lo sucedido y le pidió perdón.

Este hecho se suma a la reciente expulsión del chileno Cristián Prech de la Iglesia Católica. El exsacerdote actualmente también está siendo investigado por denuncias de abusos sexuales a menores en el marco del caso Maristas.