Según informó Emol, el exarzobispo de Antofagasta, monseñor Pablo Lizana, declaró ayer en calidad de imputado como encubridor, en la causa que indaga en presuntos abusos sexuales cometidos por el excapellán de la FACh de Iquique, Pedro Quiroz.

La diligencia, estuvo a cargo el fiscal metropolitano de la zona Sur, Raúl Guzmán y, del fiscal adjunto, Guillermo Adasme.

Previo a Lizama, fueron dos sacerdotes quienes declararon en dicha investigación y también como imputados: Cristián Precht llegó hasta la Brigada de Delitos Sexuales y de Menores de la Policía de Investigaciones (PDI) para declarar en calidad de imputado por un presunto encubrimiento en el caso.

El 6 de septiembre lo hizo bajo el mismo contexto, el obispo emérito de Osorno, Juan Barros.

El caso de Quiroz se conoció en julio mediante la escuchas instruidas por el obispo de Malta, Charles Scicluna.

Allí se recibió una acusación por abuso sexual en contra de un menor de edad ocurrida en 1977, iniciando una investigación en su contra el pasado 8 de agosto.

"Las observaciones de la Contraloría apuntan a mejorar procesos, pero en ningún caso es dable interpretar que en el servicio existan funcionarios que estén actuando al margen de la legislación vigente".

Esta es parte de la declaración pública emitida ayer por Mario Pereira, director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, institución criticada luego de conocido el informe de Contraloría (2016-2017) que identificó anomalías en el servicio en la Región de Antofagasta.

Pereira precisó -por medio de un escrito que si bien se desarrolla un sumario a propósito del informe 125/2018, elaborado por la Contraloría Regional de Antofagasta, hay errores de interpretación, en algunos juicios de actores públicos, respecto de Senageomin.

"Lamentamos que anticipadamente se esté atribuyendo faltas a funcionarios y funcionarias, con juicios mediáticos sobre la honorabilidad de éstos, cuando existe un proceso de investigación en curso. Se daña la credibilidad de las instituciones y va en contra de la presunción de inocencia que garantiza todo debido proceso", dijo.

El miércoles, los diputados Paulina Núñez, José Miguel Castro, Sofía Cid y Francisco Eguiguren, enviaron una carta al ejecutivo solicitando la remoción de Pereira.

Entre las conclusiones de Contraloría se destacan: fiscalizadores que no se abstenían de ejercer sus funciones en faenas donde habían trabajado, más de 500 días en notificar una multa a la Tesorería o falta de procedimientos para informar de accidentes o que ningún funcionario contaba con todos los instrumentos técnicos para realizar inspecciones.

Pereira citó que los funcionarios nombrados en este informe, han manifestado a esta autoridad que no existe conflicto de interés y niegan rotundamente haber fiscalizado durante los dos años posteriores a su llegada al Servicio (tiempo que dura la prohibición), a alguna empresa en que hayan prestado servicios y que nunca han dejado de ejercer su labor fiscalizadora, apegado a las normas y a los valores que sustentan.

Añadió que respecto de las observaciones realizadas por Contraloría, se inició un plan de acción, el 9 de agosto de 2018. "Estas medidas correctivas se encuentran en etapa de implementación con plazo límite 30 de octubre de 2018".

A través de Twitter, el exPresidente boliviano Jaime Paz Zamora criticó la actitud del actual Mandatario Evo Morales y su gabinete respecto al próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda de obligación a negociar interpuesta contra Chile, recalcando que una resolución favorable a los altiplánicos no significa una salida soberana al mar.

"Basta de jugar con El Mar y el pueblo Boliviano. Ante el Alegato final de Bolivia en La Haya, Chile negó categóricamente la posibilidad de acceso soberano al Pacífico sobre su territorio. Y La Haya NO REGALA MAR (sic)", escribió el exMandatario. Sobre este mismo tema, el canciller chileno Roberto Ampuero recordó ayer que Morales "llevó a Chile a la CIJ prometiéndole a su país que Antofagasta será boliviana, que flamearan banderas bolivianas en nuestro Pacífico y que obtendrá territorios soberanos chilenos para Bolivia. Esa es la vara que colocó, eso es lo que le prometió a su pueblo y según eso vamos a ver si realmente obtuvo lo que quería".

El fallo se leerá el próximo 1 de octubre en La Haya.

Luego de que cinco carabineros resultaran heridos en un nuevo incidente en las afueras del Liceo de Aplicación en Santiago, ayer el Gobierno llamó al Congreso a aprobar la ley que faculta a los directores de establecimientos a expulsar a quienes protagonicen estos actos de violencia.

Según explicó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la idea de la iniciativa del Gobierno es agilizar el proceso, pues actualmente los sospechosos de este tipo de actos son sometidos al Manual de Convivencia, cuya investigación puede extenderse por más de un mes.

"Hago un llamado al Congreso, tenemos que aprobar con la mayor urgencia posible el proyecto de ley que le entrega facultades y atribuciones a los directores de los colegios para poder expulsar a aquellos que dentro de los liceos están haciendo estos actos de violencia", afirmó el ministro, quien agregó que el Ejecutivo se querellará por estos hechos.

Chadwick añadió que "una vez más, en este caso el Liceo de Aplicación, tenemos actos de violencia muy fuerte. Nuevamente estos grupos escondidos en estos mamelucos blancos y encapuchados hacen uso de una violencia extrema con sus bombas molotov para causar daño a carabineros".

El Presidente Sebastián Piñera, por su parte, compartió a través de su cuenta de Twitter un video de los hechos de la mañana de ayer, asegurando que "esta violencia es indignante e inaceptable ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tiene que morir alguien para que reaccionen?".

En la misma línea de Chadwick, afirmó que la "próxima semana presentaremos un proyecto ley urgente para expulsar a los violentistas de nuestro sistema escolar y proteger a la comunidad escolar".

Por otro lado, el general director de Carabineros, Hermes Soto, aseguró que "hay una organización detrás" de estos grupos que operan con overoles blancos y encapuchados para cometer estos actos.

El incidente de ayer dejó a dos personas detenidas, de 16 y 18 años, quienes fueron formalizadas por delitos relacionados al porte y tenencia de armas.