El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a Henry Maury Arriaza Gomila e Irma Ivonne Rearte Chacc a 800 días de presido, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, y al pago de multas a beneficio fiscal por la suma total de $25 millones, en calidad de autores de delitos tributarios consumados y reiterados. Ilícitos perpetrados entre marzo de 2011 y septiembre de 2012.

En fallo unánime, el tribunal -integrado por los magistrados Paula Ortiz Saavedra (presidenta), Alfredo Lindenberg Bustos y Alejandro González Escobar (redactor)- aplicó, además, a Arriaza Gomila y Rearte Chacc la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de condena.

"Para dar inicio a la pena sustitutiva concedida, los sentenciados deberán presentarse con su cédula de identidad ante el Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Antofagasta, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que quede ejecutoriado este fallo, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra si así no lo hicieren", consigna el fallo.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que "en distintos períodos mensuales comprendidos entre marzo de 2011 y septiembre de 2012, la Sociedad HR Servicios Mineros Limitada, contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aumentó su crédito fiscal empleando facturas falsas provenientes de 17 supuestos proveedores, las cuales daban cuenta de servicios que no fueron prestados a aquélla, reduciendo con ello su carga tributaria mensual, al descontar dicho crédito fiscal del respectivo débito proveniente de las ventas de la sociedad durante los mismos períodos".

Aún no se logra establecer si la responsable del abandono de un recién nacido en plena vía pública, es efectivamente su madre.

Esto será clave al momento de realizar la investigación del hecho y además imputar cargos a la responsable.

Lo único claro es que fue una mujer quien lo dejó en el frontis de una vivienda en calle Aldunate, esto según el registro de las cámaras privadas que funcionan en el lugar.

Personal de la Sección de Investigación Policial, SIP de Carabineros, está a cargo de levantar la información que permita ubicar a la madre.

Hasta el momento esto no ha sido posible, pues aún se cotejan los informes existentes en los establecimientos de salud de la ciudad.

El coordinador de la Oficina de Protección de los Derechos de Infancia y Adolescencia, OPD, Sebastián Lions, explicó qué delito se podría configurar. "Lo primero que hay que dilucidar aquí es si se trataría o no de un delito de abandono de niño o personas desvalidas. De acuerdo a las informaciones que hemos recopilado efectivamente se trataría de un delito de esa naturaleza cuya pena no debería ser superior a tres años y un día. Ahora, todo eso si es que logran los tribunales determinar quién es la madre del menor. Si no podemos determinar quién es la madre, el delito quedaría impune", precisó.

El menor nació alrededor de las seis de la mañana, para ser abandonado una hora después.

Por ahora se sigue en la búsqueda para dar con la madre del menor, lo que permitirá ir aclarando que sucedió la mañana del jueves.

Cristian Ascencio Ojeda

Dos años y tres meses después de ocurridos los hechos, recién se formalizará la investigación contra los representantes legales de Minera Escondida y la empresa Cainsa, quienes son imputados por cuasidelito de homicidio debido a la muerte de un trabajador ocurrida en octubre de 2016.

Ayer se debía haber efectuado la audiencia de formalización, pero debido a una serie de problemas previos en la calendarización de esta audiencia, a lo que se sumó una solicitud de la defensa para reprogramarla, finalmente la jueza del juzgado de garantía, Gabriela Marín, decidió fijarla para cuatro meses más (18 de enero de 2019, a las 10 horas).

El hecho generó la molestia de los querellantes, quienes criticaron el actuar del fiscal que tomó la audiencia de ayer, David Cortés, quien no se opuso a la reprogramación.

Fallecimiento

El Ministerio Público investiga la posible responsabilidad de Marcelo Castillo Tarifeño, representante legal de Minera Escondida, y Claudio Zamorano Jones, representante legal de la contratista Cainsa, en el accidente que le costó la vida al trabajador Rudy Ortiz Martínez, de 22 años. El hecho ocurrió el 21 de octubre de 2016 en un molino de Minera Escondida.

La víctima, que estaba contratada por Cainsa, fue aplastada por el brazo de una máquina manipuladora de lainas contra una muralla.

Según la investigación del Ministerio Público, se cometieron una serie de infracciones a las normas de seguridad, las que fueron corroboradas por informes de organismos como Sernageomin y la Seremi de Salud de Antofagasta.

Después de casi dos años se realizaría la formalización, en la mañana de ayer, pero finalmente fue reprogramada.

Transacción

La reprogramación fue solicitada por los abogados Julián López y Rodrigo Ávila, defensores de los gerentes imputados, quienes explicaron que además pedirán la exclusión de la parte querellante (familia de la víctima), debido a que existe una transacción extrajudicial realizada el 31 de enero de 2017 a los padres de la víctima, de $166 millones, mediante la cual éstos se desistían de acciones contra los representantes de las empresas.

Por su parte, los abogados querellantes sostuvieron que, por un lado, la acción penal sigue un curso separado de la indemnización civil. Y por otro, que los padres de la víctima afirman haber sido manipulados para firmar el documento.

Además criticaron fuertemente el actuar del fiscal que estaba a cargo de la formalización de ayer. Alfonso Hernández, representante de la familia, dijo que "fue vergonzosa su actitud. Esto tiene consecuencias, porque mientras más tiempo pase, es más difícil investigar".