Eugenio Sugg Gálvez
Los datos indican que la inmensa mayoría de las presentaciones ante los tribunales ambientales son hechas por empresas. El desafío es, entonces, ampliar la participación en el sistema a los ciudadanos para que puedan involucrarse individualmente en una materia que la mayoría de las veces los afecta directamente.
Fue precisamente ese uno de los principales tópicos tratados ayer en el marco del seminario "Mediación de conflictos socio ambientales y acceso a la justicia", organizado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Entre los expositores estuvo Cristian Franz, superintendente de Medio Ambiente; Catalina Pérez, diputada por Antofagasta y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja; Máximo Pacheco, exministro de Energía; y Jean-Paul Luksic, presidente del directorio de Antofagasta plc, entre otros destacadores actores.
Entre ellos estuvo también Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema quien presidió el máximo tribunal del país entre 2014 y 2015. Según él, la forma de involucrar a la ciudadanía en estos procesos es instruir a los jóvenes para que se informen de las opciones que la normativa ofrece en esta materia.
¿Qué valor cobran instancias como este seminario considerando la contingencia que atraviesa el país con el tema ambiental?
-El Poder Judicial siempre ha estado interesado en los asuntos medioambientales y ésta es una muestra que estamos al lado de quienes discuten estos temas fundamentales. Se trata de una invitación que tenía desde hace mucho tiempo y en la medida que la agenda me lo ha permitido estoy acá porque creo que es algo que debe discutirse en todas las oportunidades que sea posible. Eso le da mayores luces a la gente para tener herramientas que les permitan participar en la discusión de estos temas que nos atañen a todos los ciudadanos.
¿Qué importancia le atribuye a la participación ciudadana en estas materias?
-Hay que señalar que hay muchos elementos dentro de la participación. Lo primero es conocer, transparencia y tener acceso; lo segundo es entender; y tercero es tener posibilidad activa de participar y tener incidencia en los proyectos y en sus soluciones. Esa es la forma como nos entendemos de manera horizontal las autoridades y todos los ciudadanos en nuestro país.
Uno de los desafíos de los tribunales ambientales es ampliar la participación a la ciudadanía ¿Cómo lograr ese objetivo?
-Hay muchas formas. La primera es a través de una extensión, salir a los lugares donde se están formando los jóvenes, colegios, universidades y grupos donde se forma opinión, para hablar con ellos y darles las herramientas para que puedan plantear sus inquietudes en las esferas que correspondan. Sin ese conocimiento necesario no vamos a tener participación.
La ley 20.600 no ha excluido ningún mecanismo adecuado o alternativo para la solución de conflictos, por lo que se puede avanzar en esa vía para llegar a un mayor entendimiento entre las partes en conflicto para soluciones amigables.
¿Para acelerar ese proceso sería factible crear una Defensoría o una asistencia judicial especializada?
-Esos son modelos lejanos cuya implementación tarda muchos años, lo fundamental que ha ocurrido en el país es que los grupos empresariales han decidido entregar recursos a las poblaciones para que asuman con personas de su elección la participación ciudadana informada en los distintos proyectos de inversión y es lo que ha hecho -por ejemplo- Valor Minero con varias comunidades originarias del norte del país, lo cual ha logrado bajar la litigiosidad.
"La ley 20.600 no excluye ningún mecanismo alternativo para solución de conflictos, por lo que se puede avanzar en esa vía para lograr soluciones amigables"."
