El diseño de programas regionales de empleo que contribuyan a la creación de puestos de trabajo tuvo un significativo respaldo en la exitosa Feria Laboral que desarrollamos en Antofagasta. Más de ocho mil novecientas personas la visitaron, postulando a uno o más de los mil puestos de trabajo que 30 empresas pusieron a disposición, tanto para mujeres como para hombres en distintos sectores, como el mundo minero, hotelería, gastronomía, servicios, construcción, tanto para profesionales, técnicos, además de puestos de trabajo de carácter inclusivo. Dado el respaldo ciudadano a esta iniciativa, he definido replicarla en Calama.

Ahora bien, esta iniciativa nace de la mesa multisectorial a la que convoqué en el mes de marzo cuando el índice de desempleo llegaba a un 10,9% regional.

Nuestros esfuerzos como Gobierno estuvieron orientados a generar empleabilidad en la región, con mano de obra local y una fuerte componente de inclusión. En este trabajo han participado las seremis del Trabajo, Economía, Energía, Minería, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, además de Sercotec, Corfo y el mundo privado.

Como equipo, seguiremos trabajando arduamente, en terreno, para revertir los índices de desempleo dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para nuestra región.

Para eso hemos fomentados puentes de diálogo, y puesto en acción nuestras capacidades para materializar iniciativas que nos permitan derrotar el desempleo. Si bien la última medición del trimestre móvil abril-junio registró una baja importante (8,2%), no estaremos conformes hasta conseguir pleno empleo en nuestra región.

Por otra parte, resulta imposible no valorar el esfuerzo que el sector privado ha puesto para reactivar la cartera de inversiones y generar dinamismo en nuestra economía regional; esfuerzo que se refleja en el 6,3% de crecimiento regional (Inacer).

En contrapartida, como autoridades debemos avanzar a robustecer con nuestras acciones la institucionalidad, para así entregar los más altos estándares de certeza jurídica que permitan generar ese ecosistema virtuoso en el que el inversionista conoce y respeta las reglas que, con base técnica, se le fijan para ordenar su acción.

Es por ello que hago un llamado a dejar los intereses particulares y articular las posiciones con base en el diálogo, único camino que nos permitirá alcanzar un crecimiento sustentable para nuestra región, y derrotar el desempleo.

Marco Antonio Díaz

Intendente Región de Antofagasta

Ayer por la mañana apareció un letrero en el frontis de la Municipalidad, con un mensaje que causó inmediata polémica. En lo principal, el cartel sostenía que el Municipio de Antofagasta no era responsable de la "migración, campamentos, hoyos en las calles y Hospital Regional", materias que son de evidente preocupación de la comunidad.

¿Para qué colgar una estructura con un contenido de ese tipo? El asunto era tan absurdo que durante la tarde el contenido fue retirado del inmueble.

Desde el punto de vista político, el asunto podría ser comprensible. El ayuntamiento no es directamente responsable de estas materias. Responden, en efecto, a políticas nacionales, Minvu- Serviu, Ministerio, Servicio de Salud y concesionarios, entre otros.

¿Pero nada tiene que ver el Municipio? Aquello es cuestionable, porque muchos de los problemas de la comuna tienen que ver con la escasa o nula previsión de la actual administración y el desentendimiento de otros tantos; el caso de los campamentos puede ser sintomático: En estos años se produjo la explosión del fenómeno. Pero es recurrente que esta gestión aparece, cuando resulta conveniente y juzga y critica, cuando no le resulta rentable.

Más penoso es el subtexto respecto de la migración. A sabiendas de que en la ciudad existe un alto nivel de xenofobia, remarca ese carácter, incluyendo el fenómeno entre estas supuestas molestias ciudadanas. Contenidos de ese tipo generan odiosidad. Es poco más lo que puede agregarse.

El Municipio de Antofagasta, liderado por la alcaldesa Karen Rojo, convive hoy con situaciones bastante singulares. La jefa comunal y su administrador municipal están formalizados por fraude al fisco y llevan a cuestas otras indagaciones, como el millonario desfalco en el Cementerio General, el contrato de servicios a familiares, los $1.800 millones pagados por las mochilas, o los 2.800 millones (quizás $3.500 millones) que deberá cancelar a Global Service y tampoco ha podido sacar adelante el proyecto de Chaqueta Blanca, situaciones que complican las necesarias confianzas que debe dar un gobierno comunal.

¿Cuáles son las prioridades, entonces?

Leyendo el artículo que este Diario publicó el 15 de agosto, sobre la falta de especialistas en la región, nos cabe la profunda convicción de que el problema, aparte de la escasez de médicos, es también la decisión de algunos de no prestar sus servicios en centros de salud del sistema público y/o no suscribir convenios con Fonasa e isapres, lo cual produce un enorme vacío que se traduce en la indefensión de tantos enfermos que no pueden acceder a sus consultas privadas.

Ello está lejos de lo que consideramos una garantía que debe tener cada ciudadano, y más bien profundiza el modelo mercantilista de salud, al que sectores políticos conservadores sistemáticamente se han opuesto modificar. Aspiramos a que se revierta esta situación con sentido de urgencia, devolviéndole a la salud su sentido de bien social.

Por ello, no nos deja de sorprender que en el mismo reportaje, un facultativo - dirigente de la orden - plantee que lo normal es que quienes busquen especialistas en consultas privadas, deban pagar los honorarios totales y luego cobrar el reembolso respectivo, como si ello fuera un bien de mercado más, en donde quienes no pueden, deban acudir al sistema público, desestimando el valor social de dichos convenios. Algo no calza justamente porque es en los hospitales donde el déficit de algunos especialistas es serio.

Y aunque aquello es legal, entendemos que la salud no puede continuar siendo un bien de consumo entregado a la fluctuación del mercado.

Tenemos la convicción de que es urgente que aquellos facultativos que optaron por tal decisión, visibilicen a la gran mayoría de chilenos que están esperando en el sistema público para ser asistido con la misma dignidad que cualquier otro ciudadano.

Este planteamiento está lejos de poner en cuestionamiento el valor de su quehacer, el asunto es otro. Esperamos de ellos que se sumen al desafío aceptado por sus colegas que día a día colaboran para una mejor calidad de vida de quienes los requieren y no pueden pagar sus aranceles privados. La salud pública del país los necesita.

De igual forma, es prioritario generar más especialistas desde nuestro territorio, tarea que, gracias al valioso compromiso asumido por la Universidad de Antofagasta, con fondos regionales avanza en ello con sentido de pertinencia local, contando con médicos especialistas comprometidos con la formación de excelencia de sus pares. Hacen eco así del impulso dado por la exPresidenta Michelle Bachelet y el Gobierno Regional que la acompañó, el que definió la salud como primera prioridad en su plan de desarrollo estratégico.

Ahora bien, siendo esta una cuestión de Estado, emplazamos al intendente Díaz a seguir por la senda ya iniciada. Echamos de menos su visión al respecto, con una carta de navegación que nos dirija hacia un puerto común, en el cual necesariamente la salud es uno de los pilares fundamentales, con metas, programas y evaluaciones conocidas, participativas y veraces, que logren resultados en el corto plazo. La región no resiste retroceso alguno al respecto.

Lila Vergara Picón

Presidenta regional PPD Antofagasta