Suprema reivindica que la Constitución no permite revisar sus resoluciones
ALOCUCIÓN. Sergio Muñoz, presidente subrogante del máximo tribunal, defendió las atribuciones la institución.
El Presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, aseguró ayer que la Constitución no permite al Congreso "revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones" del alto tribunal, al intervenir en la tradicional ceremonia en que el máximo tribunal del país toma juramento a un grupo de nuevos abogados, como ocurre a primera hora de los miércoles y los viernes de cada semana.
Recorrido legal
En una alocución de casi 30 minutos, el juez Muñoz se refirió al trayecto y evolución de la ley en Chile y cómo en las tres principales constituciones del país, la de 1833, 1925 y 1980, se entregó la facultad de la jurisdicción judicial a los magistrados. De esta manera, Muñoz salió al paso del anuncio de un grupo de diputados de oposición que presentó ayer una acusación constitucional en contra de tres integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema. El presidente subrogante de la institución aclaró en su exposición académica que "la evolución de ley demuestra que es una impugnación inexistente" porque la Carta Magna respalda el trabajo de los jueces. "El Constituyente cierra toda discusión señalando que el ejercicio de la jurisdicción es confiado exclusiva y excluyentemente a los tribunales establecidos por la ley. Por ello, ni el Presidente o el Congreso Nacional, pueden, en caso alguno, dice la Constitución, revisar los fundamentos o el contenido de las resoluciones", comentó Muñoz.
El juez agregó que "la claridad de esta norma, como la de las definiciones anteriores, me evitan hacer referencias a aspectos concretos del acontecer nacional", al apuntar de manera tácita a la presentación del grupo parlamentario.
En el texto del libelo, los parlamentarios afirman que se trata del ejercicio "de una facultad constitucional entregada al Congreso, que permite controlar la sujeción de autoridades y otros poderes del Estado a la Constitución y las leyes, evitando el ejercicio arbitrario del poder".
Una decena de familiares de ex agentes del gobierno militar condenados entregaron ayer en los tribunales una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que solicitan que "no se dejen amedrentar".
El camino que seguiría la acusación
Los jueces acusados por los parlamentarios de oposición tendrán un plazo de 10 días para presentar sus descargos respecto de las acusación. En caso de que la Cámara de Diputados finalmente la apruebe, el libelo deberá ser revisado por los miembros de la Cámara Alta, a quienes corresponde la decisión final en la materia. Si la ratifican, los magistrados deberán cesar en sus cargos.