La alcaldesa Karen Rojo confirmó ayer que incorporará en la tabla de la próxima sesión del Concejo Municipal (5 de septiembre), la solicitud de remoción del actual administrador municipal, Héctor Gómez Salazar.

Esto, en respuesta a la petición formulada por seis de los diez concejales de la comuna, a través de un documento formal ingresado a la oficina de partes el 14 de agosto, tema que no fue considerado por la edil en la sesión celebrada dos días después y que motivó la insistencia de la concejala Doris Navarro (independiente).

"Como todas las peticiones que nos han hecho (los concejales), por ejemplo, realizar viajes dentro y fuera de la región, nosotros la acogeremos y, por lo tanto, será una de las tantas que incluiremos en los puntos de la tabla", dijo ayer la alcaldesa, al ser consultada durante una actividad pública.

En cuanto a la petición, agregó que los concejales "están en todo su derecho", y apuntó que se trata del "segundo intento de sacar al administrador municipal".

La petición surge luego que un oficio de Contraloría confirmara que Héctor Gómez incurrió en una irregularidad al firmar el decreto que autoriza un contrato de arrendamiento entre el municipio y la empresaria Elizabeth Tapia Rojas, por un kiosco en la Plaza Colón.

El cuestionamiento se produce debido a que Gómez Salazar y Tapia Rojas son socios comerciales en dos empresas. A esto se suma la formalización del administrador municipal en el "Caso Main", junto a la misma edil y otros dos imputados.

En cuanto a las razones entregadas por los concejales para la salida de su funcionario de confianza, Rojo indicó que "todavía no existe motivo alguno para destituirlo".

La jefa comunal agregó que "todas las investigaciones que hay dentro de la municipalidad están en pleno curso. Por lo tanto, tenemos que ser muy respetuosos de las instituciones y una vez que existan fallos, recién podríamos tomar las determinaciones que corresponden".

Consultada por la irregularidad detectada en el contrato del kiosco, Rojo agregó que "una vez que podamos responder y entregar todos los antecedentes, se podrán tomar las acciones pertinentes, pero mientras esté en investigación todavía es inocente (Gómez)".

José Luis Ramírez M.

Mucho más costoso de lo informado hace unos días podría resultar el fallo adverso obtenido por el municipio en el juicio civil por servicios no cancelados a la empresa Global Service, por la mantención de las áreas verdes de la comuna entre agosto de 2015 y enero de 2016.

Tras perder el caso en la Corte Suprema, la municipalidad quedó obligada al pago de seis facturas por un monto que, en ese tiempo, ascendía a $2.200 millones, pero que hoy, considerando los reajustes e intereses legales, superaría los $3.500 millones, según explicó el abogado de la compañía, Carlos Claussen.

La cifra se convierte así en la más alta a cancelar por el municipio antofagastino por casos judiciales, al menos en las últimas dos décadas.

Para comprender su magnitud, basta precisar que casi iguala el presupuesto que el ayuntamiento destina anualmente a la ejecución de obras.

Licitación

El caso se remonta al año 2015, cuando Global Service se adjudica la licitación del servicio de mantención de las áreas verdes de la comuna, superando a otros tres competidores.

Según establecían las bases, las labores debían iniciarse el 1 de agosto y extenderse por seis años, a un valor mensual de $360 millones.

No obstante a pocas semanas de iniciada la concesión, el municipio y la empresa entraron en conflicto a raíz de la firma del contrato.

La versión municipal indica que dicho acuerdo no pudo suscribirse porque Global Service no entregó la documentación requerida en los plazos exigidos en la propuesta, pero en la empresa aseguran que aquello no es real.

Carlos Claussen detalló que la firma no se produjo debido a la falta de voluntad del municipio, que habría realizado distintas acciones tendientes a derribar el contrato.

Una de ellas habría sido la modificación unilateral del plazo de concesión, que de seis años se redujo a cuatro.

"El plazo, que es un elemento indispensable para la amortización de las inversiones, se modificó. En la licitación decía seis años y el contrato que se mandó como borrador decía cuatro, y por supuesto que un elemento tan importante como ese, hizo que mi cliente lo devolviera", dijo.

El abogado explicó que a continuación Global Service solicitó en cuatro ocasiones la entrega del borrador corregido, lo que nunca ocurrió.

"Retrospectivamente entendemos que esto fue una decisión premeditada para hacer caer el contrato", apuntó.

Carlos Claussen explicó que Global Service inició la prestación de servicios de mantención de áreas verdes en los plazos concordados, encontrando una fuerte hostilidad del municipio.

Relata a modo de ejemplo que se pusieron candados a los depósitos de agua y se rompieron los sellos instalados en éstos para evitar su uso, "creemos que por orden de la municipalidad", lo que condujo a una denuncia criminal que se mantiene vigente.

Agregó que el punto de mayor tensión se produjo a inicios de 2016, cuando el municipio solicitó auxilio de la fuerza pública para impedir que trabajadores de la empresa cumplieran sus labores.

A partir de ese incidente, Global Service desiste de continuar con sus acciones y opta por demandar por los servicios prestados a esa fecha.

Suprema

Carlos Claussen explicó que tras ganar el caso en la Suprema, es necesario recalcular la cifra que deberá pagar el municipio, la que, con intereses y reajustes legales, ya superaría los $3.500 millones.

Además, adelantó que Global Service estudia ahora una demanda por la totalidad del contrato adjudicado, es decir, por los seis años indicados en las bases de la licitación.

El año pasado la municipalidad demandó a la misma empresa por el consumo de agua potable en el periodo de conflicto, pero sin indicar a cuándo ascendía aquel gasto.

Sobre el punto, Claussen explicó que establecido ese valor, la compensación podría ser rebajada del pago impuesto al municipio en la Suprema.

Hay que recordar que la salida de la empresa derivó en demandas laborales que fueron dirigidas contra la municipalidad en su condición de mandante del contrato, las cuales condujeron a indemnizaciones que también salieron de arcas comunales.

Tras el caso, el contrato de mantención de las áreas verdes fue adjudicado a la segunda empresa mejor puntuada en la licitación, que resultó ser Paisajismo Cordillera.

"Retrospectivamente entendemos que esto fue una decisión premeditada para hacer caer el contrato".

Carlos Claussen,, abogado de Global"