Redacción

Contraloría Regional instruyó un sumario en la municipalidad debido a irregularidades detectadas en el desarrollo de proyectos de seguridad pública.

La pesquisa se realizó tras denuncia de la diputada Marcela Hernando y a través de ella se constató que iniciativas financiadas con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se ejecutaron fuera de plazo o sin los mecanismos de control y vigilancia que permitieran asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

Además se verificó que el municipio devolvió $50 millones a la Subsecretaría al no lograr ejecutar su gasto de manera oportuna, así como el traspaso de fondos municipales para implementar proyectos financiados (posible duplicidad de la asignación).

Asimismo, Contraloría dice que fueron rendidos a la subsecretaría gastos por $38 millones que no se encontraban acreditados o carecían de documentación auténtica u original de respaldo, asunto que se pide aclarar en un plazo máximo de 30 días hábiles.

La diputada Marcela Hernando dijo que el informe acredita el "desorden" con que se manejaron estos fondos en el municipio, lo que -entre otras cosas- significó la marginación de la comuna de los planes de seguridad que se ejecutaban.

Agregó que durante 2017, y por la presión ejercida desde la Subsecretaría, la casa consistorial se dedicó ejecutar algunos de los proyectos cuestionados, y es así que se constata que al menos uno de ellos, relacionado con la instalación de nuevas luminarias en barrios vulnerables de la ciudad, se desarrolló con 884 días de atraso.

Hernando manifestó que más allá del sumario, espera que se aclaren ciertas transferencias solicitadas al Concejo para el desarrollo de proyectos que ya contaban con financiamiento de la subsecretaría.

Sobre el tema, el director de Dideco, Ignacio León, manifestó que el municipio ya cerró todos los proyectos que tenía con la Subsecretaría.

León explicó que pese a que hubo atrasos, los recursos están rendidos, lo que debiera acreditarse en los próximos chequeos que se realicen.

Un grupo de concejales denunció que la CMDS no ha respondido a sus solicitudes de información respecto a la compra de mochilas y útiles escolares para 40 mil alumnos de la comuna.

La compra fue anunciada en febrero por la alcaldesa Karen Rojo durante una transmisión en vivo desde la tienda Ripley de Antofagasta, establecimiento que habría sido el proveedor de los productos, sin mediar licitación pública.

Frente a esto, en la última sesión del concejo, los ediles Jonathan Velásquez, Wilson Díaz, Ignacio Pozo, Camilo Kong, Doris Navarro y Luis Aguilera, pidieron aclarar los detalles de las adquisiciones.

Los concejales además aseguraron haber recibido denuncias de mala calidad de las mochilas o de marcas que no corresponden a las anunciadas.

"Me interesa ver las órdenes de compra para saber cuántas mochilas se solicitaron en cada uno de los colegios. Quiero saber si coinciden con los fondos SEP y la cantidad de estudiantes", dijo Kong.