Matías Jullian Velásquez

Luego de que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas concluyera, en un informe, que el Estado de Chile ha vulnerado, por más de 40 años, los derechos de los menores en el Sename, ayer el fiscal a cargo de la investigación por las muertes al interior del servicio, Marcos Emilfork, aseguró que este documento respalda, "sin duda", los avances de sus pesquisas.

"Lo que esta detrás son los derechos humanos de la infancia vulnerable y en eso lo que queda en evidencia en mi investigación hasta ahora es que el Estado ha fallado sistemáticamente en la protección de los niños vulnerados en nuestro país. No puede seguir desarrollándose la función del Estado como se ha hecho hasta ahora en relación con las personas que son más vulnerables, más desprotegidas", aseguró Emilfork luego de reunirse con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

En esa línea, el persecutor indicó que el infome va a formar parte de la indagatoria de las 1.313 muertes que encabeza y que éste, "sin duda, es un insumo más que contribuye a fortalecer nuestra teoría en el caso que se va a ir desarrollando en el futuro".

También aseguró que, a raíz de las conclusiones del informe de la ONU, podrían decretarse nuevas diligencias, como citar a declarar a nuevas personas, entre ellas al ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Medidas inmediatas

Muñoz agregó que las conclusiones del informe no deben conducir solo a una reflexión, sino que a la "adopción inmediata de medidas que son urgentes para cambiar la situación de los niños y de la infancia en términos generales, pero con mucha prioridad de aquella que se encuentra institucionalizada".

De esa forma, precisó que lo anterior "involucra tomar definiciones claras en lo que tiene que ver con el accionar del Sename, pero también del Poder Judicial, que tal como se refiere en el informe también tiene un rol importante en lo que tiene que ver con las definiciones en la situación de vulnerabilidad y, de esa manera, esperamos que a raíz de este informe tan categórico y tan potente las medidas se adopten con urgencia".

Nuevo informe

Emilfork, por último, también aseguró que "próximamente" recibirá las conclusiones de un informe realizado por el equipo de la PDI, el cual se basa en visitas a todos los centros del Sename del país.

La Corte Suprema acogió ayer los recursos de amparo presentados por las defensas de cinco condenados por crímenes de lesa humanidad y quienes estaban cumpliendo su condena en los penales de Punta Peuco y Colina 1, excarcelándolos y dejándolos en libertad condicional.

Se trata del capitán (r) de Carabineros, Gamaliel Soto Segura; el coronel (r) Manuel Pérez Santillán y los exoficiales del Ejército, José Quintanilla Fernández Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga.

La Segunda Sala -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Ricardo Abuauad y Antonio Barra- revocó las resoluciones que había dictado la Corte de Apelaciones de Santiago, la que a su vez había confirmado las que tomó la Comisión de Libertad Condicional en abril de este año.

Informes psicológicos

Estas últimas se basaron en informes psicológicos realizados por Gendarmería, los cuales señalaban que los reos tenían "insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado", respecto de los hechos por los cuales fueron condenados.

Esto fue desestimado por la Suprema, que estableció que dichos documentos no pueden impedir el acceso a la libertad condicional, ya que los condenados cumplen con los requisitos de carácter objetivo, como el buen comportamiento o haber cumplido la mitad de su condena.

De acuerdo a los fallos, "las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional".

Así, también, precisan que esto "no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad (...) Sin embargo, tal carácter ya fue considerado para excluir la extinción de responsabilidad penal -y civil- que operaría en delitos comunes, por causales como la amnistía y la prescripción, así como para fijar la cuantía de la pena y, por consiguiente, determinar su cumplimiento efectivo, de manera que, no resulta razonable considerarlo nuevamente, esta vez, para negar de manera absoluta el acceso a la libertad condicional si se han respetado todos los estándares que el derecho internacional ha demandado para tal efecto".