"Expresamos claramente que estamos obligados política y éticamente, a estar atentos a manifestar los errores y debilidades de un gobierno regional encabezado por el intendente Marco Díaz, que ha demostrado inmadurez y falta de experiencia para enfrentar los desafíos de la región".

Esta es parte de la misiva que entregaron partidos y movimientos de oposición en respuesta a la diputada Paulina Núñez, quien censuró los juicios realizados en contra del ejecutivo regional y nacional.

"Invitamos a la diputada Paulina Núñez a dejar de lado el tono de sus comentarios y que se 'ponga a trabajar' por nuestra región en un tema tan sensible como es el de desempleo", citaron.

La carta fue firmada por los partido Radical, Progresista, Comunista, Izquierda Libertaria, Socialista, Demócrata Cristiano, Movimiento Ciudadano Michel Bachelet (SIC) y Partido Federación Regionalista Verde y Social.

Pero el texto ahondó en críticas y mensajes para la principal autoridad regional, citando que "en vez de sobre reaccionar ante las observaciones, respondan de manera técnica y eficiente a la ciudadanía cada una de sus promesas incumplidas".

Enfatizaron entonces -recordando los dichos del senador Francisco Chahuán- que Antofagasta tiene "unas de los peores instalaciones de gobierno del país".

A 12 meses que fuera constituido con jurisprudencia en toda la macrozona norte del país, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y diferentes compañías figuran como los principales usuarios del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Así lo muestran las 22 causas ingresadas entre noviembre de 2017 y mayo de este año, entre las que se cuentan solicitudes de la SMA, reclamaciones de empresas y organizaciones, además de demandas presentadas por particulares.

Estos últimos son los que menos han recurrido al tribunal, aspecto que no deja de ser llamativo en una región como Antofagasta, en la que son ampliamente conocidos los problemas de contaminación.

El Primer Tribunal Ambiental está integrado por los ministros titulares Mauricio Oviedo (abogado) y Marcelo Hernández (ciencias), junto a los ministros suplentes Fabrizio Queirolo (ciencias) y Cristián Delpiano (abogado) y junto al abogado y presidente, Daniel Guevara.

Promover derechos

Este último explicó que los ministerios de Justicia y Medio Ambiente tienen una importante tarea, ya que además de generar una conciencia en materia de derecho ambiental, se necesita su implementación.

"Así como en el pasado se promovieron los derechos en materias de familia, laboral o penal, hoy hay que incorporar los derechos ambientales como ejercicio de una agenda efectiva en la sociedad", precisó Guevara.

Pero el ministro también cree que en el nuevo contexto global, con una mayor consciencia de esta clase de derechos, los municipios necesitan una mayor incidencia, debido a su amplia responsabilidad en el territorio.

Por eso el también doctor en Derecho valoró que algunos alcaldes de la jurisdicción estuvieran presentes en el primer aniversario del tribunal, para "entender la responsabilidad en representar los derechos que su comunidad pudiera ver afectados".

Esto debe entenderse en el largo proceso que significó que la región contara con este tribunal, que tiene 15 profesionales y jurisprudencia desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo.

Su constitución debió ocurrir en 2013, sin embargo esto sólo pudo concretarse el 3 de julio de 2017, en razón al complejo sistema de designaciones, que involucra a la Alta Dirección Pública, la Corte Suprema y luego los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El presidente del tribunal valora que el norte del país cuente con una instancia como esta.

"Un Tribunal Ambiental es una solución cívica a problemas críticos de desarrollo, uso del borde costero, humedales o el impacto de actividad industrial en zonas urbanas. Esta jurisprudencia marcará una pauta de cómo evoluciona el Derecho en la sociedad chilena y en particular en el norte, que tiene características distintas a otras zonas del territorio nacional", puntualizó.

La nueva institucionalidad destaca por la facilidad con la que puede accederse.

Puede recurrir cualquier persona cuyos derechos ambientales sean afectados, presentando una demanda por daño ambiental. Así ocurrió con un particular en Mamiña (Tarapacá), a quien un proyecto social de no mucha envergadura, afectó sus cultivo.

Procesos

Para iniciar la acción no es necesario viajar al tribunal de Antofagasta, ya que la ley permite que esto pueda concretarse en cualquier juzgado de letras de la jurisdicción.

Respecto de quienes son los principales usuarios, Guevara manifestó que es la Superintendencia de Medio Ambiente, a través de medidas urgentes y transitorias o provisionales.

"Mientras se resuelve un proceso sancionatorio, buscan establecer acciones ante un peligro de daño al medio ambiente", precisó el ministro.

Al mismo tiempo, empresas han recurrido debido al rechazo de resoluciones por parte de la autoridad ambiental, como en el caso de Andes Iron con el Servicio de Evaluación Ambiental.

"También están recurriendo particulares que pudieran verse afectados por decisiones de la misma autoridad, como Central Guacolda o las presentaciones de terceros independientes con Interchile, por la construcción de un tendido eléctrico e instalaciones de faena en un lugar, que como se resolvió en sentencia, no estaban debidamente habilitadas", precisó Guevara.

Aunque algunos de estos procesos están en la Corte Suprema, agregó que con esto se demuestra que la justicia ambiental está activa.