"Todo indica
El 14 de junio, un día antes de la formalización, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude al fisco contra los principales involucrados en el "Caso Main", terminando así con meses de incertidumbre respecto a la actitud que tendría este organismo en torno a esta investigación.
La pesquisa compromete a la alcaldesa Karen Rojo; al consultor José Miguel Izquierdo (socio de Main); al exsecretario ejecutivo de la CMDS, Edgardo Vergara Montt; y al administrador municipal, Héctor Gómez, aunque este último no figura en la querella del CDE.
En términos simples, se investiga si Main Comunicación Estratégica entregó asesoría de imagen a la CMDS (fue contratada para esto en 2015 con recursos de educación y salud) o si por el contrario colaboró en el posicionamiento de la alcaldesa Karen Rojo con miras a las elecciones de 2016.
Se trata de un caso que, en opinión de Carlos Bonilla Lanas, abogado procurador fiscal del CDE, transporta al pasado reciente de Antofagasta y debiera concluir de la misma manera: con un edil condenado por uso irregular de recursos de la corporación.
¿Qué influye en que el CDE tome la decisión de querellarse, que fue bastante estudiada por el concejo, de hecho se toma pocos días antes de la formalización?
-En consejo desde que fue requerido hizo un seguimiento al caso, se evaluaron todos los antecedentes que nos proporcionó la Fiscalía, y en definitiva luego de un estudio acabado y teniendo a la vista la formalización, se decidió actuar porque se consideró que existían antecedentes fundados de un delito de fraude al fisco y también antecedentes fundados de quiénes serían sus autores.
Pero no nos debemos olvidar que la formalización es una comunicación en la cual se dice a las personas que están siendo investigadas por determinados delitos (...) Ahora vienen cuatro meses en que el fiscal tiene que seguir reuniendo antecedentes y al final tendrá dos caminos, sobreseer o presentar la acusación.
No me queda claro por qué hubo tanto análisis, considerando que el CDE tiene los antecedentes desde mayo de 2017, cuando Contraloría entrega su auditoría...
-En definitiva el CDE quiso tener la seguridad de que todas estas maniobras que se realizaron en la municipalidad tenían por objeto encubrir una acción de la alcaldesa en el sentido de obtener un financiamiento personal en su campaña política (...) Y el consejo se convenció de ello por varios antecedentes, entre ellos, la cercanía de las fechas, como se señala en la querella, porque entre la encuesta que se toma la alcaldesa (según cercanos, Karen Rojo realizó una antes de contratar a Main) y la decisión de contratar la asesoría hay un tiempo bastante corto. De hecho ella con algunos de sus asesores se había entrevistado con Main pidiendo la asesoría directa y aparentemente al conocer sus costos, decidió buscar alguna forma de que estos costos los asumiera no ella, sino la CMDS. Entonces eso es lo que en definitiva prueba la maquinación. Y todo eso fue estudiado por el concejo.
¿El hecho de que haya una alcaldesa implicada incidió?
-Nosotros tenemos un comité penal compuesto por tres abogados y en las querellas normales ellos resuelven si se presentan o no, en este caso además de la decisión de ellos, se pasó al Consejo Pleno, que son 12 abogados, quienes confirmaron la decisión. Ese es el procedimiento que se sigue cuando hay involucradas personas que ocupen altos cargos públicos.
Experiencia
El abogado Carlos Bonilla Lanas está próximo a la jubilación, y así lo reconoce.
Lleva cuatro décadas en el Consejo y los últimos 26 años como abogado procurador fiscal del organismo en Antofagasta, una trayectoria que lo tiene convertido en un referente de la judicatura local.
Usted ha visto muchas querellas en sus años de abogado procurados, ¿hay algo que le llame la atención de ésta?
-Es un caso que ha llamado la atención porque aparece involucrada la alcaldesa, pero también hemos tenido otras investigaciones a lo largo de estos años. Han pasado una serie de casos, y en algunos se ha decidido actuar y en otros no.
¿Con lo que se sabe del caso ya está debidamente acreditado el delito o hay mucho que probar aún?
-Con lo que hay hasta el momento en la carpeta existen antecedentes más o menos fundados que nos estarían demostrando que estamos en presencia de un delito, pero todavía no estamos en la etapa definitiva, para eso son los cuatro meses que tiene el fiscal para concluir su investigación.
¿Recuerda casos similares?
-Aquí en la región el caso más inmediato que tuvimos tiempo atrás fue el del exalcalde Daniel Adaro, donde en definitiva se logró probar que una serie de asesores habían sido contratados, también por la CMDS, para prestar asesoría directa en la municipalidad.
Ahí también se obtuvo una sentencia condenatoria, porque lo que la ley indica es que los fondos públicos deben emplearse exactamente en lo que está previsto. No se permite por ningún motivo que sean desviados hacia fines distintos a lo que la ley indica, en este caso la Ley de Presupuesto.
Hay un principio que rige en la administración pública y municipal, que es la legalidad del gasto, es decir, todos los gastos deben estar autorizados en la Ley de Presupuesto y deben realizarse exactamente en lo que ahí se indica. Y si un funcionario monta una maquinaria para aparentar eso, pero en la realidad no es así, se configura un fraude al fisco, y en el caso del exalcalde fue así.
¿Ve muchas similitudes en ambos casos?
-En líneas gruesas sí. Aparecen gastos financiados por la CMDS para solventar acciones que finalmente no eran de la corporación sino de otra institución, como es la municipalidad. Aunque en el fondo la corporación es un ente que depende de la municipalidad y es presidido por la alcaldesa, tiene un patrimonio propio destinado a sus propios fines. Todos sabemos que los fines fundamentales de la corporación son la salud y la educación, para eso se le asignan fondos públicos, no para otra cosa.
Al haber similitudes usted esperaría un fallo parecido...
-Todo indica que el fallo final debiera ser exactamente el mismo, pero restan cuatro meses de investigación para reunir los antecedentes que afirmen el delito y la participación de las personas que aparecen formalizadas.
Queda la impresión que los municipios son permeables a este tipo de conductas. ¿Habrá poca vigilancia de los concejales?
-Bueno, una de las facultades que tienen los concejales es fiscalizar al alcalde (...) Es usual que los concejales estén solicitando la intervención de Contraloría, eso es común, y lo sabemos porque nos llegan copias de esas denuncias.
¿Todos los concejales fiscalizan o son más bien excepcionales quienes advierten estas cosas?
-Por lo menos en el municipio de Antofagasta se ha visto acción de los concejales, de uno en particular, y yo diría que denuncias de este tipo se han visto también en Sierra Gorda, en los restantes municipios no recuerdo.
"Con lo que hay hasta el momento en la carpeta existen antecedentes más o menos fundados que nos estarían demostrando que estamos en presencia de un delito, pero todavía no estamos en esa etapa"."