Carta de navegación para modificar la ley de pesca

El Presidente Sebastián Piñera tuvo coraje. Menos de dos meses después de asumir su cargo, envió al Congreso un proyecto "corto" para modificar el punto más controversial de la ley de pesca: la renovación automática y a perpetuidad de las licencias de captura del sector industrial.

En lo medular, la propuesta del Ejecutivo contempla licitar el ciento por ciento de esos permisos, al término del actual período de 20 años. De ese modo, se abrirá la puerta para la entrada de nuevos actores al sistema, a través de un mecanismo transparente y competitivo. Lo anterior debiese ayudar también a borrar el estigma originado en el lobby que rodeó la tramitación de la actual ley.

El proyecto "corto" es concreto y eficaz. En su esfera más visible se hace cargo de una demanda que tiene su origen en la ciudadanía y en el propio mundo político. Pero, además, atiende la comprensible inquietud de la industria, al explicitarle, con 15 años de anticipación, el régimen que enfrentará cuando caduquen los derechos de los que goza actualmente.

La discusión en torno a la propuesta del Ejecutivo acaba de iniciarse en el Senado. Sin embargo, ya se alzan voces que la cuestionan. Como aquella que aboga por acortar a diez años la vigencia de las actuales licencias industriales, sin reparar en que lo anterior implicaría vulnerar derechos de propiedad garantizados por la Constitución y eternizar un debate que, casi con toda certeza, carecería de rumbo.

Quienes estén verdaderamente interesados en transformar el régimen de la pesca industrial podrán demostrarlo durante la tramitación de la ley "corta". Como Gobierno, confiamos en que el Congreso aborde este asunto con un sentido republicano, de modo que el debate siga el itinerario de las modificaciones que el país demanda y no se enrede en un gatopardismo de consignas altisonantes que, a la postre, solo contribuiría a mantener el statu quo.

Ahora bien, más allá de los ajustes que resulta necesario impulsar con respecto de las licencias industriales, estamos convencidos de que la ley de pesca es una buena ley, como concluye un informe de la FAO encargado por la anterior administración.

Uno de los atributos de la norma se relaciona con el hecho que entrega a comités científicos la fijación de las cuotas pesqueras. Antes era distinto, pues esa distribución era discrecional y terminaba favoreciendo a aquellos con mayor poder de presión, lo que estimulaba la violencia.

Junto con valorar determinados aspectos de la ley, la FAO formuló recomendaciones, algunas de ellas encaminadas a perfeccionar la pesca artesanal. Se trata de materias que demandan una reflexión más profunda y que, por lo mismo, hemos resuelto acometer mediante un proyecto "largo" que enviaremos al Congreso hacia fin de año.

Esta propuesta debiese abordar cuestiones como la definición en torno a qué es la pesca artesanal, el mejoramiento de los comités de manejo, o el establecimiento de un nuevo régimen, a medio camino entre el artesanal e industrial.

En la preparación del proyecto "largo" será esencial la contribución del propio sector artesanal. Con ese fin hemos dispuesto que este mes y el próximo se desarrollen más de 80 encuentros con pescadores en todo el país. Estamos seguros de que sus aportes nos ayudarán a elaborar una mejor propuesta. Pues ellos, como nadie, saben lo que significa aventurarse cada día en una embarcación para recoger los, a veces, esquivos frutos de mar.

"Atiende la inquietud de la industria, al explicitarle, con 15 años de anticipación, el régimen que enfrentará cuando caduquen los derechos de los que goza actualmente"."

Eduardo Riquelme P.

Ley de Pesca y Acuicultura, la ley de la sustentabilidad

A inicios de mayo, el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley para modificar la actual Ley General de Pesca y Acuicultura. Tras el anuncio, distintas voces se han levantado, argumentando la necesidad de la modificación legal debido a los casos de financiamiento ilegal a la política y centrando sus críticas en la duración de las actuales Licencias Transables de Pesca (LTP) con las que opera la pesca industrial.

Durante todo este tiempo, no hemos visto a nadie poner el foco en los temas realmente importantes para el sector pesquero. Nadie ha relevado los reales efectos que la legislación vigente ha traído en términos de la sustentabilidad del recurso pesquero. Menos aún se ha hablado de los posibles efectos para el empleo, la productividad y la inversión privada que traen aparejados la modificación legal. Los actores en el debate han mantenido un discurso artificial y desinformado, con caricaturas que se alejan de la realidad del sector.

Vamos a hechos concretos. La actual ley de pesca es una legislación de vanguardia, pues contiene los elementos modernos que permiten la extracción sustentable y la recuperación de pesquerías, al primar el criterio científico por sobre el político. Esto fue ratificado por la FAO en un informe independiente encargado por el gobierno anterior. Es decir, en materia de pesca Chile está parado sobre una plataforma sólida, que cumple con los estándares internacionales. A esto se suma el que la actual legislación creó comités científicos pesqueros, comités y planes de manejo, incluyó el enfoque ecosistémico y puso como objetivo alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en las pesquerías para el establecimiento de cuotas de pesca.

Como industria, desde 2013 estamos trabajando decididamente en la recuperación de las especies; para ello, iniciamos el proceso de certificación internacional de sustentabilidad con el estándar Marine Stewardship Council (MSC) de las siguientes pesquerías industriales: la anchoveta, entre la XV y IV regiones; el jurel, entre la XV y X regiones; la anchoveta y la sardina común, en la zona centro-sur, y todas las pesquerías de merluzas, jibia y congrio dorado. A esto se suma la obtención, en 2016, de la certificación con MSC de las pesquerías camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado, zonas centro norte y centro sur.

De acuerdo con el último reporte Estado de Situación de las Principales Pesquerías Chilenas 2017 -elaborado por la subsecretaría de Pesca-, de las 26 pesquerías chilenas que cuentan con Puntos Biológicos de Referencia (PBR), nueve presentaron una progresiva recuperación (estado de "plena explotación") respecto del año anterior. Ese es el caso del jurel a nivel nacional; el langostino amarillo de las regiones III-IV y V-VIII, el langostino colorado de las regiones III-IV y V-VIII, la sardina común y la sardina austral. Es decir, estamos frente a indicios de recuperación, producto de la regulación vigente y del compromiso de la industria con la conservación de estos recursos. Sin perjuicio de ello, existen diversos problemas pendientes que necesitan urgente atención si queremos recuperar las pesquerías, siendo el más importante combatir la pesca ilegal.

No atender lo anterior y legislar haciéndose eco de ideas preconcebidas y de eslóganes nada aporta a un debate serio sobre la pesca en Chile. Mantener ese tono en el debate es seguir dañando a las más de 100 pequeñas, medianas y grandes empresas agrupadas en Sonapesca, que operamos a lo largo de la costa, que damos empleo directo e indirecto para más de 70 mil personas y que representan el 40% de los desembarques totales anuales, frente al 60% extraído por la pesca artesanal.

"Menos aún se ha hablado de los posibles efectos para el empleo, la productividad y la inversión privada que traen aparejados la modificación legal"."

Osciel Velásquez

*Subsecretario de Pesca y Acuicultura

*Presidente de Sonapesca F.G.