Redacción

En la región, la cifra de menores que vuelven a cometer delitos (reincidencia), llega al 54%, según las estadísticas de la Defensoría Penal Pública (DPP), institución que atiende prácticamente el 100% de estos casos en Antofagasta.

El fenómeno es complejo y es motivo de diferentes propuestas. Mientras algunas apuntan a contabilizar como una agravante la reincidencia, otras sostienen que los programas de reinserción deben focalizarse en los primerizos para evitar que éstos pasen a formar parte del segundo grupo.

Los números de la DPP indican que en los últimos cuatro años, la cantidad de adolescentes que participan en la comisión de delitos bajó de manera sostenida en Antofagasta (ver infografía).

De los 1.529 menores entre los 14 y 18 años que pasaron por la Defensoría en 2014, la cifra descendió a solo 793 durante el año pasado en la región.

Sin embargo, la coyuntura nacional llevó a que el gobierno anunciara el envío de un proyecto para modificar la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) y endurecer las sanciones para quienes aparezcan como reincidentes.

El proyecto también contempla aumentar las penas efectivas para los menores que delincan.

En gran medida la idea fue propuesta el pasado 7 de junio tras la muerte de un carabinero, quien el día anterior fue baleado en la cabeza por un menor de 17 años durante un operativo antidrogas en la población El Bosque de La Pintana.

Para la defensora regional, Loreto Flores, primero hay que mirar las estadísticas y evaluar el funcionamiento de la LRPA.

Programas

"En ese sentido uno puede apreciar una baja sostenida durante los últimos cuatro años de la injerencia de adolescentes en materia penal", explicó.

Para Flores -quien posee un magíster en Criminología y Justicia Penal-, ante esta evidente disminución, la idea no es endurecer penas. Respecto de la reincidencia, que según la abogada es mayor que en los adultos, sostuvo que los programas acompañados de la sanción penal no están funcionando.

La defensora puntualizó que los convenios internacionales establecen que cualquier sanción de un adolescente debe tener como finalidad su reinserción social.

"No parece lógico que se fomente la sanción penal sin que se reestructuren los programas de reinserción, que sean efectivos. No es lo mismo que una persona de 30 años esté durante cinco años privada de libertad que para un adolescente de 17, que todavía está en proceso de formación", enfatizó Flores.

La abogada advirtió que este es un punto clave, ya que los jóvenes antes de los 18 años aún están en etapas donde un proceso de reinserción puede ser exitoso.

Detalló que la reincidencia en delitos de gravedad es bastante baja ya que la mayoría corresponde a delitos contra la propiedad. "Cuando hablamos por ejemplo de homicidios o delitos que afectan la vida de las personas, la cifra es baja", dijo.

Estos programas, que son estandarizados, los aprueba un tribunal pero dependen y son propuestos por el Sename. Un estándar superior deben tener los programas, agregó Flores. Es decir, que los adolescentes no sólo cumplan con ellos, sino también se determina qué es lo que se busca del adolescente: que nivele sus estudios, obtenga orientación sicológica o rehabilitarlo de las drogas, entre otros.

En cuanto al momento en que se proponen este tipo de proyectos para modificar leyes, agregó que "no es sano que tras un caso dramático (homicidio del carabinero), se genere una discusión de modificación legal sin analizar los datos empíricos".

Añadió que faltan estudios para establecer por qué hay menos adolescentes con injerencia en delitos que los adultos y dentro de las variables que afectan, cuál es la que funciona mejor e impide que la cifra sea más alta.

El número de menores que cumplen condena o están sometidos a internación provisoria en la región llega solo a los 32 casos.

En una entrevista concedida a este Diario tras la muerte del carabinero en la capital, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que se requieren acciones efectivas para revertir el fenómeno de la delincuencia juvenil.

"Luego de diez años (de vigencia de la ley) es el momento de la revisión, y en diez años este país ha cambiado mucho (...) hoy día (los menores) están con armas, están con un problema fuerte de acción criminal, pertenecen a pandillas, están con una decisión delictual distinta, y ya nos estamos encontrado con demasiados menores armados participando en delitos muy graves. Esa realidad quizás estaba más atenuada diez años atrás", puntualizó el ministro Chadwick.

Vulneración

El sociólogo David Figueroa piensa que aplicar más sanciones es una medida urgente e incluso "desesperada de atacar el problema".

"En Chile las políticas para infractores son netamente castigos, las cárceles no son capaces de reinsertar a las personas socialmente ni menos darle un sentido para que hagan algo con sus vidas", dijo el sociólogo.

Figueroa cree que el tema está siendo mal abordado al proponer más sanciones.

"Los adolescentes son infractores porque previo a esa conducta sufrieron vulneraciones de derechos, en cuanto a su educación, o porque viven en sectores periféricos marginales", indicó el sociólogo.

El profesional concluyó que está comprobado que el aumento de penas no reduce los delitos, sino las políticas de reinserción y disminución de las brechas sociales.

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"No parece lógico que se fomente la sanción penal sin que se reestructuren los programas de reinserción, que sean efectivos"."

60% de las causas de los infractores menores de 18 años corresponden a delitos contra la propiedad a nivel nacional. En el primer lugar de esta categoría se encuentra el hurto, según cifras de la DPP.

2007 año en que comenzó a regir la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Con este cuerpo legal se eliminó el discernimiento y todo menor entre 14 y 18 años es responsable penalmente.

85% de lo jóvenes infractores de ley que atiende la DPP está fuera del sistema educacional y presenta consumo problemático de drogas y alcohol.

Más de $6.000 millones serán invertidos por el gobierno para ejecutar la primera etapa de la pavimentación de la ruta B-385 que conectará la localidad de Peine con la comuna de Baquedano, iniciativa que tiene como objetivo mejorar la conectividad hacia los pueblos del interior del Salar de Atacama, incluida las áreas mineras que existen en el entorno del trazado y generar una ruta más expedita para el comercio internacional.

El seremi de Obras Públicas, Edgar Blanco, destacó que con la pavimentación de esta ruta se potencia el desarrollo del Corredor Bioceánico, dado que permitirá conectar directamente la ruta 5 con la 23 Ch, consolidando el paso Sico como la mejor alternativa para acceder a los puertos de la región.

"En sus tres etapas, el proyecto considera la pavimentación de 97 kilómetros, los cuales una vez finalizados facilitarán la circulación desde la carretera internacional hacia el puerto, evitando que los vehículos que ingresen a Chile desde Argentina, deban volver hacia el norte para recién bajar a Mejillones o Antofagasta, y lo hagan directamente desde Socaire hacia Baquedano y la ruta 5", explicó Blanco.

De esta forma las cargas que ingresen al país por el paso Sico ahorrarían aproximadamente 80 kilómetros, lo que se traduce en menor tiempo de viaje y ahorro económico.

Críticas

Preocupados al percibir que no existen estudios que avalen la definición de la localización de la Zona Especial Logística para el Corredor Bioceánico a través de un estudio de ingeniería, se manifestó la Cámara Chilena de la Construcción Calama (CChC).

Su presidente, Carlos Ramírez, comentó que en reunión realizada hace algunos meses con el alcalde de la comuna y otros actores locales se conversó el tema, y todos estuvieron de acuerdo en que era necesario realizar la evaluación técnica para la definición del lugar dónde debería emplazarse y sólo a partir de ésta definir el programa de trabajo para la concreción del corredor.

"Hablar de Corredor Bioceánico es mucho más que hablar de caminos, puertos o ferrocarriles. Se trata de la definición de una plataforma logística en la que confluyan incentivos atractivos para que los empresarios de países vecinos prefieran utilizar nuestros puertos de salida y entrada de sus cargas", enfatizó Ramírez.