La reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con Rusia y aliados independientes terminó ayer con la firma de un acuerdo entre Arabia Saudita y Moscú, para subir en conjunto la producción de crudo a partir de julio.

El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Jalid al-Falih, y el titular ruso de Energía, Alexandr Nóvak, coincidieron en asegurar que, de forma paulatina, el grupo de 25 países suministrará al mercado un millón de barriles diarios adicionales para garantizar un mercado bien abastecido. "Los países 'No-OPEP' han tomado" la misma decisión, confirmó Nóvak.

A fines de 2016, la OPEP acordó como límite de producción 32,5 millones de barriles diarios. Sin embargo, hoy se está lejos de este máximo porque Venezuela, por ejemplo, no ha sido capaz de cumplir con su cuota a causa de la crisis económica.

El aumento acordado ayer compensará este déficit, aunque no está claro qué países compensarán la cuota, señaló Al Falih, ya que el reparto se acordará en los próximos días. Expertos consultados por la agencia DPA creen que solo Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait y Rusia pueden aumentar rápidamente sus extracciones.

Precios

Ambos ministros resaltaron el fortalecimiento de la cooperación entre los dos países, y se congratularon del éxito que ha tenido el recorte de suministro acordado hace año y medio para apuntalar los precios del crudo.

El valor del barril, que cayó a menos de US$ 30 en enero de 2016, ahora bordea los US$ 75, tarifa que no se veía desde 2014.

La nueva alianza ha demostrado ser "un instrumento flexible para estabilizar el mercado en tiempos de exceso y de falta de producción", aseguró Nóvak.

Pese a las divergencias entre socios durante las negociaciones, el grupo aspira a, inclusive, "institucionalizar" su alianza, señaló la OPEP. El ministro ruso reveló que en la reunión de ayer, a puerta cerrada, se presentó "un concepto" inicial para esta nueva institución, la cual será discutida a lo largo de los próximos meses.

Agencias

El Gobierno de Estados Unidos pidió ayer que aumenten las detenciones de padres migrantes y sus hijos después de ser detenidos en la frontera con México, medida denunciada por la comunidad internacional como un intento cruel e ineficaz de disuadir a las familias que viajan de manera precaria a EE.UU., en busca de nuevas oportunidades.

Las autoridades de inmigración estadounidenses informaron, a última hora del viernes, que podrían habilitar hasta 15 mil camas para las familias migrantes detenidas. El Departamento de Justicia también pidió a un tribunal federal en California que permita que los niños permanezcan detenidos por más tiempo y en instalaciones que no requieran licencia estatal, mientras esperan los procedimientos en las cortes de migración.

"La situación actual es insostenible", escribió a Associated Press August Flentje, asesor especial del subsecretario de Justicia, quien busca modificar un acuerdo de larga data que rige la detención de niños migrantes. Cuanto más limitado sea el Departamento de Seguridad Nacional en las detenciones de familias, "será más probable que intenten cruzar la frontera ilegalmente", agregó.

La propuesta de ampliación se produce días después de la fuerte oleada de críticas internacionales que obligó al Gobierno a terminar con su práctica de separar a los niños de sus padres.

Más de 2.300 menores de edad fueron arrebatados a sus familias desde que el Departamento de Seguridad Nacional anunció su plan -en abril -, de procesar a todos los inmigrantes atrapados en la frontera.

En total, alrededor de 27 mil personas que viajan en grupos familiares han sido detenidos en la línea que separa a EE.UU. de México, durante los últimos tres meses, según las autoridades federales.

Los defensores de los inmigrantes sostienen que no debe haber niños detenidos, insistiendo en que hay otras alternativas para asegurar que ellos y sus padres asistan a las audiencias de la corte de inmigración, como tobilleras de seguimiento electrónico o programas comunitarios. El tribunal federal falló hace años que los niños deben salir tan pronto como sea posible de la detención.

La mayoría de las familias, según las autoridades, actualmente pasa pocas semanas en las instalaciones provistas por el Gobierno y son liberadas una vez que hayan pasada la revisión inicial. Ahí se les da una fecha para comparecer ante un juez de inmigración en las ciudades a las que se dirigen, con tal de evaluar si califican para quedarse legalmente o si enfrentarán un proceso de deportación.