Javier Hurtado

¿Qué pasaría de no verificarse esta inversión?

-Que vamos a vivir bajo un estándar inferior al nivel económico en 10 años más. La productividad y calidad de vida podrían verse golpeadas por no tener infraestructura eficiente para ese nivel de desarrollo.

¿Cuál es el ámbito más sensible de esta cartera?

-La parte urbana. Hoy vivimos conflictos en edificación en altura, ciclovías, áreas públicas, etc. La inversión que va a la ciudad altera, para bien o para mal, la calidad de vida.

¿Qué podría pasar si el país mantiene bajos niveles de descentralización?

-Mucho de esto tiene que ver con decisiones centralizadas. Para que mejore a futuro es importante que la prioridad en la solución de infraestructura regional sea regional. Uno de los grandes temas que ha tocado la CChC es cómo llega más plata a las regiones.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, pidió ayer al fiscal nacional, Jorge Abbott, la designación de un fiscal preferente para investigar los cinco femicidios cometidos en la última semana en el país, de un total de 17 en lo que va del año. "Le hemos pedido al fiscal la designación de un fiscal preferente para los casos de mayor connotación pública. Es una petición que quedó de evaluar y que esperamos que se confirme", dijo Plá, tras reunirse con Abbott.

"Le hemos pedido, y ha accedido con especial entusiasmo, a revisar todos los procedimientos que realiza la Fiscalía cuando enfrenta denuncias de esta naturaleza", precisó la secretaria de Estado. Añadió que espera una respuesta del Fiscal Nacional esta misma semana.

Plá esgrimió la idea de cambiar o ampliar la legislación sobre el femicidio, tras el caso de una madre y su hija adolescente que fueron asesinadas por un exnovio de la joven en Maipú (Región Metropolitana).

"Creemos que es muy importante que esos delitos no queden tipificados como cualquier agresión. Hay una agresión que tiene que tener una connotación de mucho peso, porque se realizan en base a la confianza", explicó.

El informe "Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD)" 2018-2027 reveló que los requerimientos de infraestructura del país necesitan US$174.505 millones de inversión durante el próximo decenio para impulsar un desarrollo sostenible.

El documento, que confecciona la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a través de consultores externos y la Gerencia de Estudios del gremio, analizó factores como infraestructura basal (recursos hídricos, energía y telecomunicaciones); infraestructura productiva (vialidad interurbana y urbana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y logística) e infraestructura social (espacios públicos, hospitales, cárceles y educación y resiliencia).

Focos importantes

El gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado, explicó que "del total de la inversión requerida para el periodo, casi un tercio debe ser provista por el sector privado y otro tercio mediante un trabajo colaborativo entre el sector público y el privado. Sin esta alianza, mucha de la infraestructura que las personas necesitan simplemente no se podría hacer".

En infraestructura logística, la CChC apunta a que la capacidad vial del país "se acerca a su límite, especialmente en la zona centro", por lo que se hace necesario invertir en las concesiones en operación como ejecutar nuevas concesiones, además de mantener la vialidad urbana no concesionada, a través de US$20.343 millones de inyección.

En vialidad urbana, el estudio analizó los requerimientos de todas las capitales regionales del país considerando proyectos viales nuevos, renovación y mantención de la infraestructura existente y proyectos fuera de cartera, pero que deben ser abordados para resolver problemas de congestión. La inversión en este ámbito llegaría a US$60.776 millones, la más alta de la propuesta y una de las más sensibles, según el gremio.

Infraestructura de base

En cuanto a infraestructura basal, el documento menciona que en recursos hídricos se requieren obras de infraestructura que permitan satisfacer distintos tipos de demandas, tales como "disponibilidad de agua para consumo humano y para riego, así como para ofrecer condiciones de saneamiento y de protección contra inundaciones y aluviones", con una inversión de US$18.254 millones. En energía, "la actual capacidad instalada y los proyectos en carpeta para el periodo analizado hacen que no sea necesario desarrollar nuevas obras de generación y transmisión eléctrica. Sí debe reforzarse la distribución para garantizar un abastecimiento estable, seguro y eficiente a todos los clientes". Para ello se proponen US$8.959 millones.

En telecomunicaciones, el informe afirma que "pese a que Chile presenta altos valores de penetración de internet fija y móvil, aún está por debajo del promedio de los países de la OCDE. Por ello, el desafío está en mejorar el acceso a banda ancha y ampliar la red troncal de fibra óptica", con una inversión estimada de US$24.838 millones.

El enviado especial de El Vaticano y arzobispo de Malta, Charles Scicluna, informó ayer que la Santa Sede establecerá un "servicio de escucha" a través del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas de la Conferencia Episcopal para continuar la recolección de testimonios de personas abusadas sexualmente por religiosos en el país.

Pilar Ramírez (coordinadora de la entidad) , la psicóloga Josefina Martínez, la religiosa Marcela Sáenz y los sacerdotes Larry Yévenes y David Albornoz, se harán cargo de recibir las denuncias que Scicluna y el sacerdote Jordi Bertomeu no alcanzaron a acoger durante su segundo paso por el país. Según la Conferencia Episcopal, en esta labor no participarán el obispo Juan Ignacio González -a cargo de este panel- ni la abogada Ana María Celis, quienes "continuarán abocados a las labores propias del consejo".