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CDE pide registros de llamadas e incautación de discos duro

"CASO MAIN". El Consejo pidió exhaustiva revisión de contactos entre alcaldesa, Main Comunicación Estratégica y otros aludidos. Pidió más testigos.
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Tamara Miranda Varela

La querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el presunto delito fraude al fisco en contra de la alcaldesa Karen Rojo, el exsecretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Cmds), Edgardo Vergara y el director de la empresa "Main Comunicación Estratégica", José Miguel Izquierdo, sin duda viene a complicar más la posición de la jefa comunal.

La defensa de la alcaldesa quedó en un punto complicado, en particular después de la formalización del viernes y sobre todo luego que el fiscal Cristian Aguilar revelara que Izquierdo (ver recuadro de la derecha) reconoció que sí prestó la asesoría política y comunicacional directamente a la jefa comunal, lo que se pagó con recursos de Salud y Educación.

Correos electrónicos

La querella del CDE busca perseguir el mismo delito, sin embargo, el Consejo no incluyó entre los imputados al administrador municipal, como sí lo hizo la entidad persecutora.

En el escrito el Consejo (integrado por 12 abogados) pidió a la Fiscalía que ejecute diversas diligencias. Entre ellas, que presten declaración testigos del hecho, autorizando la presencia de un abogado del CDE para formular preguntas.

El Consejo requiere que declaren Francisco Barrios (jefe de gabinete de la alcaldesa) y los exfuncionarios municipales Paola Mardones, Rodolfo Gómez e Ingrid Moraga. Además de Ignacio León (director de Dideco), Carla Anziani (periodista de la Cmds), Dante Novoa (director de Secoplan) y Roberto Izikson (de Cadem).

Además pidió que se tome declaración a todos los funcionarios que prestaron servicios a cualquier título en el departamento de Prensa y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Antofagasta, y a las personas que prestaron servicios para la Cmds y la Corporación Cultural de Antofagasta, como periodistas durante el periodo septiembre de 2015 a septiembre de 2016.

Incluso el CDE pidió que se precisen las funciones que desempeñaron durante el mismo periodo las periodistas del municipio, María Graciela Díaz y Constanza Bascuñán.

En el documento, el Consejo solicitó la autorización judicial para incautación de discos duro en los que se mantienen correos electrónicos del periodo septiembre de 2015 a agosto de 2016, que registran las conversaciones entre los querellados, cuestión que Aguilar adelantó en la formalización.

También se exigió que se le solicitara a la municipalidad información de los teléfonos institucionales de Francisco Barrios, Stephanie Campos y Karen Rojo y, se solicite información a las empresas telefónicas sobre el tráfico de comunicaciones telefónicas realizadas en el periodo 1 de octubre de 2015 al 31 de junio de 2016, desde dichos teléfonos celulares institucionales con el fin de establecer la frecuencia y duración de conversaciones sostenidas con Izquierdo.

El escrito de igual forma indica que se oficie al municipio a fin de que informe las funciones asignadas a los cargos de jefe de gabinete, director de asesoría jurídica, director de Desarrollo Comunitario y encargada del departamento de Prensa.

En cuanto al relato de los hechos, éstos son similares a los del Ministerio Público. El CDE expuso en la querella que el caso comenzó después de los resultados desfavorables que obtuvo la alcaldesa en una encuesta que encargada a Cadem, antes de la elección de 2016.

Fue en esa instancia que Rojo se reunió con Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de dicha empresa, quien le sugirió una asesoría comunicacional, proponiendo el nombre de Izquierdo.

La asesoría

En septiembre de 2015, la alcaldesa se reunió con el periodista, a quien le encargó una propuesta de trabajo, previa exposición de los resultados de la encuesta.

El escrito del CDE puntualiza que el 24 de septiembre de 2015 José Miguel Izquierdo le envió un correo electrónico que contenía la propuesta solicitada, cuyo objetivo general era el "reposicionamiento", que consistía en prestar asesoría política y comunicacional a la alcaldesa, con el fin de mejorar su competencia electoral en 2016.

"El 27 de septiembre de 2015, doña Karen Rojo reenvió dicho correo electrónico a Stephanie Campos y a don Mauricio Peldoza, jefa de prensa y asesor jurídico del municipio respectivamente, a fin de que opinaran sobre la propuesta de Main. Cabe señalar que ambos tenían conocimiento del asunto, por cuanto la acompañaron en las reuniones que sostuvo con Izikson y José Miguel Izquierdo", detalla el documento.

El caso tiene 120 días de plazo para investigarse, de acuerdo a lo dictado por la jueza Pía Leiva Rojas. Los imputados quedaron con arraigo nacional.

Declaración clave del fiscal

El pasado viernes los cuatro imputados fueron formalizados en el Tribunal de Garantía. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar expuso una declaración que resulta clave en el contexto de la investigación. Según el persecutor, "un coimputado (José Miguel Izquierdo, creador de Main Comunicación Estratégica), ratifica que trabajó como asesor político comunicacional de la alcaldesa Karen Rojo. También reconoce que fue contratado para esos fines. Luego en su primer viaje en Antofagasta se le indica que la forma de llevar adelante esta asesoría, era a través de la asesoría a la Cmds". Agregó: "Además este coimputado (Izquierdo) indica que otro de los coimputados le pidió que mintiera a la Fiscalía, o sea, que dijera que jamás prestó una asesoría política comunicacional, en favor de la alcaldesa, porque eso beneficiaba a todo el grupo de los imputados". Tras la audiencia, Aguilar detalló que podría realizarse una segunda formalización con nuevos imputados.

Ferrocarril reforzará protocolo de traslado para evitar nuevos robo

COBRE. Fcab solicitó la colaboración de Carabineros tras última sustracción.
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Un refuerzo a sus protocolos de traslado de cobre desde las mineras hasta los puertos de la región anunció el Ferrocarril Antofagasta- Bolivia (Fcab), luego del robo de 32 placas del metal rojo sustraídas desde un convoy en pleno movimiento el pasado domingo.

El Fcab anunció que "la compañía ha focalizado esfuerzos para evitar que los robos de cobre sigan repitiéndose, desplegando planes de acción en las comunas de Antofagasta, Calama y localidades intermedias. FCAB se encuentra en constante coordinación con las autoridades policiales y políticas que abordan esta materia, informando oportunamente todas las acciones emprendidas".

Coordinaciones

Estas medidas ya fueron planteadas a Carabineros y en paralelo la institución analiza y colabora con entregar apoyo a la empresa ferroviaria, "la cual deberá mejorar sus protocolos de traslado de cobre a sus destinos en puertos de la región", explicó Marcelo Arancibia, comandante de la Prefectura El Loa.

El oficial explicó que "la empresa ya tomó contacto con nosotros para recibir apoyo y asesoramiento que fortalezca sus medidas de seguridad tras los robos, los que obviamente se pueden mejorar con las escoltas, el monitoreo de los traslados y también con reforzar sus medidas internas, para lo cual apoyaremos esta iniciativa, aun cuando se trata de un problema que la propia empresa deberá atender".

El pasado lunes 15 de enero un grupo indeterminado de delincuentes intentó descarrilar el tren que trasladaba cobre -a la altura de Cerros Bayos- hecho que fue el primero de estas características, sumado al del pasado domingo, cuando en pleno movimiento del tren, antisociales lograron llevarse 32 placas del metal rojo, hecho que sólo fue advertido por los trabajadores del convoy cuando los ladrones huían con lo sustraído y abordo de camionetas.

Tras este último caso el Ministerio Público también trabaja en la investigación de estos cinematográficos ilícitos, los cuales fueron denunciados en las fiscalías de Calama y Antofagasta respectivamente, y que se suman a otras siete denuncias que ha recibido Carabineros en torno a estos robos.