El directorio de la empresa Santa Marta autorizó evaluar acciones legales por los perjuicios económicos que estaría sufriendo la empresa a raíz del atraso en las operaciones del relleno sanitario Chaqueta Blanca.
Junto con esto, la concesionaria inició la cobranza judicial de una factura por $320 millones, correspondiente a la quinta cuota del proyecto sanitario, la cual -según denuncian- debió ser pagada hace trece meses por el gobierno regional.
Hay que recordar que Santa Marta es la empresa responsable del diseño, construcción y operación del nuevo relleno sanitario de la ciudad, el cual se mantiene sin uso a la espera que se resuelvan sus condiciones de operación.
Esto tiene que ver con la obtención de los últimos permisos de la Dirección de Obras y con definir una petición realizada por la empresa para rebajar las dimensiones del sistema de canalización de aguas lluvias establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.
Sobre esto último, la empresa asegura que la falta de una respuesta a su petitorio no impide que el proyecto entre en operaciones, sin embargo, en el municipio han explicado que no se arriesgarán a ser sancionados y por ende esperarán a que el tema esté despejado para inaugurar el relleno.
En medio este cruce de opiniones, el proyecto, ubicado en el kilómetro de 6 de la Ruta 26, se mantiene cerrado.
Acciones
El gerente general de Santa Marta, Rodolfo Bernstein, explicó que por instrucciones del Directorio un grupo de abogados comenzó a estudiar las acciones legales que están al alcance de la compañía para compensar el daño patrimonial sufrido hasta el momento.
Éste guarda relación con el hecho de no poder iniciar la explotación de la concesión, situación que priva a la compañía del cobro por el servicio de tratamiento y disposición final de la basura (Santa Marta cobrará al municipio $8 mil por tonelada ingresada).
Debe precisarse que -en opinión de la empresa- el relleno sanitario está en condiciones de operar desde diciembre del año pasado.
Desde esa fecha Santa Marta, además, ha tenido que realizar mantenimientos a las instalaciones y maquinarias para evitar que se deterioren, costos que han sido absorbidos por la empresa y que también serán reclamados.
"Hemos pedido a nuestros abogados que estudien las acciones legales que podemos ejercer para resarcir el daño patrimonial que nos provoca toda esta situación", afirmó el ejecutivo de Santa Marta.
Respecto al cobro judicial de la boleta de garantía, Bernstein explicó que la semana pasada se inició una acción dirigida en contra del gobierno regional por un monto de $320 millones.
Se trata -dijo- de la quinta de las seis cuotas pactadas por la construcción del proyecto, la que debió ser pagada en mayo del año pasado.
Contraloría
El atraso obedecería a la revisión que está desarrollando Contraloría al contrato de concesión por petición de la diputada Marcela Hernando.
Según trascendió, en el marco de esta investigación Contraloría pidió antecedentes a la empresa, al gobierno regional y a la municipalidad.
Los dos primeros la proporcionaron, no así el municipio y frente a eso el gobierno mantiene retenido el pago.
Ni el gobierno regional ni el municipio entregaron versiones sobre el tema, pese a ser contactados por este Diario.
MOP evalúa una solución intermedia
Respecto a la petición realizada por Santa Marta para rebajar las exigencias establecidas para el sistema de evaluación de aguas lluvias del proyecto, el seremi de Obras Públicas, Edgar Blanco, dijo que a fines de mayo estuvo en Antofagasta un especialista de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, quien explicó a Santa Marta los trabajos que deben realizar, que están en un rango intermedio entre lo que existe actualmente y lo que establece la RCA. Blanco explicó que ahora es la empresa la que debe diseñar y desarrollar tales obras, y tramitar el respectivo cambio a la RCA a través de una herramienta espacial llamada "pertinencia".
