El deporte y la cultura han sido ampliamente reconocidos por la literatura científica y las Naciones Unidas como herramientas eficaces y eficientes, en la prevención de la violencia, entre otras problemáticas en la población infanto-adolescente, particularmente en situación de riesgo social.
La práctica de un deporte o participación en actividades culturales, claramente favorece el crecimiento integral tanto en niños, niñas y adolescentes, sus familias y la sociedad en su conjunto, trasmitiendo valores prosociales.
Estas actividades principalmente pueden ayudar a desarrollar y/o fomentar habilidades para optimizar el autoconcepto-autoestima, resolución de conflictos de forma no violenta, como el de promover el trabajo en equipo y de colaboración; como de igual forma brindar espacios saludables para que puedan desarrollar su identidad y de pertenencia.
Iniciativas deportivas y culturas han dado cuenta que favorecen la inclusión de jóvenes, que con dificultad adhieren a otros tipos de programas dirigidos a estos.
Por otra parte, una de las maneras que niños, niñas y adolescentes adhieran y se identifiquen con este tipo de actividades, parte de la realización de diagnósticos participativos para detectar los intereses y necesidades reales de la población o comunidad educativa con la que se pretende trabajar; desde un enfoque de derechos, que promuevan el respeto, la inclusión, igualdad y equidad como eje trasversal en sus programas.
Asimismo, actividades deportivas y culturales debidamente estructuradas bajo un programa sostenido en el tiempo, se han trasformado en herramientas efectivas para prevenir e intervenir en temas aludidos a la delincuencia juvenil, el consumo de drogas, entre otros problemas sociales que afectan a niños, niñas y adolescentes con mayor riesgo social.
Siendo necesario políticas públicas concretas y estables en el tiempo a nivel país, que involucren a diferentes actores sociales del sector público, privado y académico para la promoción de proyectos y actividades deportivas-culturales, no solo en establecimiento educativos sino en todas aquellos programas donde se intervenga con niños, niñas, adolescentes y jóvenes tanto a nivel proteccional derivados de los Tribunales de Familia como en materia de Responsabilidad Penal Adolescente.
Golda Barrientos Bellone
Psicóloga Defensoría Regional de Antofagasta