Dániza Urrutia Sepúlveda
A juicio oral llegará un caso que está caratulado como "tortura" y que involucra a dos carabineros en servicio activo pertenecientes a la Tercera Comisaría de Antofagasta, que están acusados de apremios ilegítimos en contra de un menor de edad que fue detenido en la plaza "Emilio Sotomayor".
Los hechos se remontan a abril del 2014 cuando la víctima, en ese entonces menor de edad, se encontraba celebrando la obtención del campeonato número 30 de su equipo de fútbol favorito, Colo Colo.
Según consta en la acusación, fue en ese momento cuando fue abordado por carabineros quienes sin indicar razón alguna, pidieron verificar su identidad.
"Al no portar cédula fue tomado bruscamente del cuello y brazos, esposado e ingresado en un vehículo policial".
De acuerdo a lo que consta en la carpeta de investigación, cuando fue bajado del vehículo, apareció el funcionario identificado como G.A.A., quien desde el inicio profirió injurias, amenazas y malos tratos. Más tarde y esposado desde el calabozo fue llevado, en un furgón policial, junto con otros detenidos mayores hasta el Hospital Regional, a fin de constatar lesiones.
Sin embargo, cuando se encontraban en el estacionamiento del hospital, donde existían unos contenedores, los policías de inmediato y sin mediar razón, lanzaron al menor al suelo, siendo agredido violentamente; estrellándolo bruscamente contra el piso, para luego G.A.A. aplastar y friccionar el lado izquierdo de su rostro con el pie o rodilla, provocando escoriaciones y cortes en el rostro.
El abogado querellante, Aquiles Cerda, quien representa al padre de la víctima y el afectado, dijo que el fiscal pidió proceso simplificado abreviado. "Nosotros nos opusimos y a raíz de eso se suspendió la audiencia para ponernos de acuerdo y ver qué tipo de procedimiento llevaríamos a cabo. Entendemos que por la seriedad del caso se tiene que realizar un juicio oral", explicó.
Junto a la parte querellante también se hizo parte en la acusación el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que está pidiendo una pena de 5 años, mientras que la parte querellante solicita 7 años para los dos funcionarios más las agravantes.
"Una vez dentro del recinto hospitalario, en el pasillo, la víctima clamó por ayuda a los guardias de seguridad, pero estos nada pudieron hacer por la actitud policial hostil. Ahí, el funcionario lo tomó del cuello, lo tiró contra la pared, y solo fue soltado al fingir un desmayo y tirado al suelo. Además J.M.M., el otro funcionario acusado, lo golpeó en el tórax, abdomen, piernas y cara", señala la parte querellante.
Pero lo más grave ocurrió cuando esposado, y sin defensa alguna, recibió un fuerte golpe de puño en la nariz, cayéndose hacia atrás en la camilla.
El diagnóstico estableció que sufrió una fractura nasal, constatada en el informe N° 130125 del dato de atención de urgencia (lesiones graves).