La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) decidió graduar a Chile y lo sacó de la lista de países receptores de ayuda internacional, debido a que superó el umbral de ingreso de 12.500 dólares per cápita fijado por el Banco Mundial.

Con esta medida, tomada en octubre de 2017, el organismo dejó a nuestro país sin la opción de acceder a créditos blandos y proyectos financiados por naciones más ricas y otras organizaciones internacionales, provocando un déficit en áreas como educación, fondos de desarrollo de energías renovables y programas de asistencia técnica, entre otras.

Por ello, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de RR.EE. (AGCID), ha desarrollado una dura tarea para intentar revertir los efectos de la medida, la cual fue adoptada pese a la intensa lucha diplomática desplegada durante casi tres años por Chile.

Así lo señaló a Emol el director ejecutivo de la AGCID, Juan Pablo Lira, quien expresó sus críticas hacia el mecanismo por el cual la OCDE tomó la determinación, el cual a su juicio es "inconsecuente" con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 establecidos por la ONU.

Al respecto, el embajador recordó que "la primera advertencia la tuvimos el 2014, cuando se nos comunicó que Uruguay, Chile y Antigua y Barbuda iban a ser graduados si acaso efectivamente mantenían un nivel de ingreso per cápita sobre 12.500 dólares constantes".

"En octubre de 2017, Chile y Uruguay se mantuvieron en esa constante. Una primera constatación de lo absurdo de este mecanismo es que pocos días antes pasó un huracán por Antigua y Barbuda y por consiguiente, lo sacaron de la lista de graduación", relató.

En ese sentido, Lira sostuvo que "eso fue una inconsecuencia que demuestra lo poco sustentado que es el mecanismo. Debiera haber una medición multisectorial que considere otros aspectos, no solamente el ingreso per cápita, eso nos parece absurdo". Sin embargo, el diplomático explicó que la pelea por revertir la decisión se mantiene en pie. "Cuando iniciamos esta lucha era francamente solitaria. Entre que no nos entendían ni siquiera nuestros amigos más cercanos y menos la gente de la OCDE", dijo.

"Pero venimos llegando de una conferencia en Portugal junto a la OCDE donde el tema es justamente este: Desarrollo en transición, países que están desarrollándose y por lo que no se les puede graduar en el intertanto, porque es un contrasentido. Te dejan sin las herramientas para seguir creciendo cuando estás justamente por el buen sendero", indicó.

per cápita es el nivel máximo que permite la OCDE para "graduar" a los países y sacarlo de la lista. US$12.500

Willy Briceño R.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, condenó a ocho miembros en retiro del Ejército, por su responsabilidad en los delitos calificados y consumados de secuestro y homicidio de 26 víctimas que fueron fusiladas en Calama el 19 de octubre de 1973, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte.

Las penas van desde los 5 a los 20 años de presidio efectivo, conforme a la participación en los hechos.

La sentencia causó la decepción e impotencia entre los integrantes de la Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos y Desaparecidos de Calama, quienes consideran que el fallo resultó ser una "burla" para todos aquellos que llevan más de 19 años, en búsqueda de la justicia en este proceso en tribunales.

La integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos de Calama, Violeta Berríos, planteó que siente impotencia ante el fallo. "De que sirvieron todas estas muertes", aludiendo a que aún no se encuentran todos los restos de ejecutados en 1973.

Agregó que ese es el sentir de los familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte, donde explicó que "ningún gobierno se ha preocupado en verdad de los derechos humanos", dejando en claro que no está conforme con el actuar de las autoridades gubernamentales en dicha temática.

Si bien, los integrantes de la agrupación se reunirán en las próximas horas, con la finalidad de definir los pasos a seguir, indicó que "lo único que quiero es justicia, y justicia... No quiero que estas personas autores de estos crímenes y torturas queden como blancas palomas, como si no hubieran hecho nada".

Reconociendo que la avanzada edad de estos, genera una sensación de impunidad a la hora de evaluar el camino recorrido por ellos.

Indemnización

También se refirió a la sentencia en el aspecto civil, donde el ministro condenó al Estado de Chile a indemnizar a familiares de las víctimas distintos con montos.

Al respecto, Violeta Berríos, manifestó que "¿la vida de cualquier persona tiene un precio?", para después agregar que "no lo creo, y es por esto que en ningún minuto he recibido dineros del Estado".

Con angustia, señaló que desde hace más de tres décadas que trabaja lavando ropa, algo que le ha mantenido sobrevivir.

Aclaró que su historia es similar a la de otras personas que integran la agrupación, las cuales consideran y piden que se haga justicia, con las penas de prisión efectiva más altas por los crímenes cometidos por estos condenados en el período de dictadura militar .