Eugenio Sugg Gálvez

En un plazo de 30 días el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta deberá dictar sentencia sobre la reclamación interpuesta por Andes Iron en contra del Comité de Ministros por el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero portuario Dominga.

Efectivamente, a las 15.25 horas de ayer en dependencias de la Corte de Apelaciones de Antofagasta comenzó la audiencia de conciliación convocada por el tribunal ambiental, en la cual se presentarían las bases para un acuerdo que zanjara la disputa.

Sin embargo, esta conciliación no prosperó debido a la no concurrencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que representa al Comité de Ministros.

"Queremos destacar que hoy se llevó a efecto la diligencia decretada y que concurrieron a la audiencia la totalidad de los intervinientes con excepción del SEA, organismo que hoy en la mañana se excusó de participar en la conciliación", explicó el ministro titular abogado, Mauricio Oviedo una vez finalizada la audiencia.

"Dicho esto, la causa pasa al estado de dictar sentencia, la que como tribunal quisiéramos dictar prontamente, ojalá dentro del mes de abril", cerró Oviedo.

Ministra

La decisión del gobierno ya había sido comunicada públicamente por la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.

"Como el objeto de lo que se alega por parte de la empresa es la ilegalidad de un acto administrativo, creemos necesario un fallo del tribunal sobre la materia sometida a su decisión y no una conciliación", explicó la secretaria de Estado.

"Lo queremos corregir por la vía legal, por la vía de las potestades más bien institucionales y no por esta vía, o sino corremos riesgos de que haya mucha mayor incertidumbre en los proyectos, porque a la larga cualquier proyecto puede pensar que la judicialización lo va a terminar ayudando en una negociación directa y por lo tanto todas las etapas anteriores pueden perder bastante fortaleza", sostuvo.

Respecto de lo ocurrido, la directora ejecutiva de la organización de conservación marina Oceana, Liesbeth van der Meer, comentó que esta decisión del SEA es "parte de la institucionalidad".

"A nosotros nos parece que esta opción de innovar con una conciliación, en momentos que hay un proyecto doblemente rechazado no nos parecía que fuera el camino correcto y ahora la sentencia llegará en 30 días y veremos qué es lo que pasa", dijo.

Según su interpretación, la decisión de no presentarse tomada por el gobierno no debilita la institucionalidad ambiental, sino más bien la fortalece.

Acuerdos

Pese a que los abogados de Andes Iron declinaron hacer declaraciones, representantes de algunas terceras partes proclives al proyecto comentaron lo ocurrido en el tribunal antofagastino.

"Es lamentable que el SEA se haya restado de esta conciliación, considerando todo el trabajo que habían desarrollado los ministros del Tribunal Ambiental, pero era una de las opciones posibles. No estamos desanimados, creemos que este proyecto es posible desarrollarlo protegiendo nuestro patrimonio medioambiental", sostuvo Alexis Sánchez, vicepresidente de la Mesa Comunal de Caleta Hornos.

No obstante, valoró la señal enviada por el gobierno "para dejar actuar a las instituciones, algo que en el gobierno anterior no ocurrió", concluyó Sánchez.

Finalmente, el abogado Carlos Claussen -representante de la Asociación Gremial Minera de La Higuera-, opinó que la ausencia del SEA en la audiencia de conciliación "no fue una señal adecuada, toda vez que su justificación es que este proceso no fortalece la institucionalidad ambiental. Nosotros creemos todo lo contrario y creemos -tal como la ha planteado este gobierno- en la política de los acuerdos", dijo.

Pese a esto, el profesional aseguró que no cree que esta decisión del SEA signifique ponerle una lápida a las conciliaciones de los tribunales ambientales.

millones de inversión que consideraban levantar una planta, un puerto y una desaladora. US$2.500

A través de un llamado telefónico la noche del martes, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos Marabolí, solicitó la renuncia del odontólogo Zamir Nayar Funes a la Dirección del Servicio de Salud Antofagasta (SSA).

La medida fue acatada por el profesional, quien ayer entregó una carta haciendo oficial su alejamiento, medida que se hará afectiva a contar del 1 de abril, una vez que el militante PPD complete un periodo de vacaciones.

Zamir Nayar asumió en la dirección del SSA en noviembre de 2014 a través del Sistema de Alta Dirección Pública, y en noviembre de 2017 su contrato había sido renovado por otros tres años. Por existir este vínculo vigente, el funcionario deberá ser indemnizado.

Ayer, Nayar confirmó la información, asegurando que la petición no lo sorprende y que su salida se produce en muy buenos términos con el nuevo gobierno.

"Esta mañana (ayer) presenté mi renuncia no voluntaria. No estoy sorprendido ni molesto, comprendo que el direccionamiento de los temas de salud en la región necesita hacerse en un ambiente de confianza por parte de las nuevas autoridades", explicó.

Como director del SSA, Zamir Nayar encabezó un periodo de profundas transformaciones en el sistema de salud pública de la región.

Durante su periodo, por ejemplo, se inauguraron nuevos hospitales en Antofagasta y Calama, se iniciaron las inversiones para el futuro Centro Oncológico del Norte y se lograron mejoras sustantivas a nivel de salud primaria.

A Nayar también le correspondió organizar la respuesta a los casos de presencia de plomo en alumnos de establecimientos ubicados en las inmediaciones del puerto, lo que derivó en la creación de un policlínico ambiental en el Hospital de Antofagasta.

El odontólogo declaró dejar el puesto satisfecho por el trabajo realizado, asegurando que en los últimos años la región fue la que más avanzó en el fortalecimiento y modernización de su red sanitaria.

La salida de Nayar es la primera que se conoce a nivel de direcciones de servicio sujetas al sistema de Alta Dirección Pública y se especula que podría ser seguida en los próximos días por otras remociones como parte del proceso de instalación del nuevo gobierno.